El proyecto que reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE) enviado este lunes por el ejecutivo, generó reacciones adversas en los distintos sectores políticos del país.

La iniciativa, llamada Crédito Estatal por la Educación Superior, tiene como principal novedad -y como su nombre lo indica- que las entidades bancarias son reemplazadas por el Estado. En otras palabras, la deuda contraída será con el Estado y no con los bancos.

Las instituciones que podrán optar al crédito son los centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades que cuenten con una acreditación mínima de 4 a 5 años, o de excelencia, de 6 a 7 años.

En cuanto a la manera de pagar el crédito, queda establecido que comenzará 18 meses después de egresado el deudor. Si la renta bruta anual del beneficiario es igual o inferior a 8,5 Unidades Tributarias Anuales (UTA), no existirá la obligación del pago. Si la renta se encuentra entre 8,5 UTA y 25 UTA, se deberá pagar el 10 por ciento del salario. Si la renta supera las 25 UTA, lo descontado será el 15 por ciento.

El pago del crédito será por 10 años. Si la cancelación no se completa en dicho tiempo y si la deuda es superior o igual a 25 UTM, las cuotas se extenderían por 5 años más, siendo este apartado de exclusividad a la parte que cubre el Fisco, excluyendo a los montos comprometidos con las instituciones de educación superior.

Si bien desde La Moneda la iniciativa fue presentada con bombos y platillos, desde el mundo estudiantil, político y académico no fue bien recibida.

Para el presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Alfonso Mohor, este proyecto de ley es “impresentable”, tomando en cuenta que no cambia el carácter mercantilista de la educación en Chile, y que solo restan días para el cambio de gobierno. En ese sentido, cree que la iniciativa solo es un saludo a la bandera y un intento por aumentar la cantidad de “compromisos cumplidos”.

Mohor también dijo que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, se contradice al afirmar que el proyecto estaba listo desde noviembre pasado, pues a los estudiantes les negó esa información.

“Quiero ser enfático en algo: la ministra dijo que esta iniciativa estaba lista desde noviembre del año pasado, sin embargo, nosotros tuvimos una reunión con ella a principios de este año en la que le preguntamos explícitamente por el proyecto de fin al CAE, pues estaba el compromiso de que esto se mandaría en noviembre, y dijo no tener idea si es que sería posible. No fue capaz de dar una respuesta clara, entonces, que hoy salga a decir que lo tenía listo en noviembre, habla de que hoy le está mintiendo a todo Chile por la prensa, o que nos mintió a nosotros en la cara en ese momento”, acusó.

El diputado UDI y miembro de la Comisión de Educación, Sergio Gahona, señaló que presentar un proyecto de esta envergadura a solo días de finalizar el gobierno es, por lo menos, inapropiado. Para el legislador esto no tiene otro objetivo que aparentar el cumplimiento de las promesas de Bachelet.

Por otra parte, también criticó el parecido de la iniciativa con la que hace cuatro años propusiera Sebastián Piñera.

“Buena parte de él es muy similar al proyecto que presentó el presidente Piñera hace cuatro años atrás y por tanto, desde esta perspectiva, son cuatro años que se perdieron. Si efectivamente ambos proyectos son casi lo mismo, es legítimo preguntarse ¿qué hicieron estos cuatro años para resolver el problema?”.

En ese sentido, señaló que el gobierno venidero debiese entregar nuevas indicaciones al proyecto, que sean propias de su sector político, considerando las similitudes y mejorando lo que ellos creen inapropiado.

Para el sociólogo e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Víctor Orellana, el traspaso de la deuda desde los bancos al Estado no representa cambios sustanciales.

“Para el estudiante que paga dos por ciento de interés y que ahora pagará al Estado, simplemente cambia la ventanilla con la cual se tiene que enfrentar. Ahora es medio peligroso decir, claro, puede ser que el Estado sea menos exigente que los bancos, pero resulta irrelevante si es que estás en un mercado y el cheque te lo da el Estado o el banco, termina siendo lo mismo. Yo diría que no hay una transformación sustancial”.

Por su parte, Orellana lamentó que la educación aún sea un bien de consumo, pese a la lucha de años que llevan los estudiantes y la sociedad en general.

La administración del crédito estará a cargo de Ingresa, en coordinación con la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos y las Superintendencias. Según la presidenta Michelle Bachelet, la iniciativa es importante, porque “es necesario hacer un ajuste a una pieza que es muy relevante en la institucionalidad de la educación superior en su conjunto”.