Según la información entregada por Contraloría, esta vez se trataría de 23 mil millones de pesos que se traspasaron desde la Mutual de Carabineros hacia la Dirección de Bienestar, sin embargo, no hay registros del monto en las arcas de ninguna de las dos áreas de la institución. Por esto, es que la información fue remitida al Consejo de Defensa del Estado, para que se revise el caso y se tomen las acciones legales correspondientes.
Desde Carabineros aseguraron que la información está siendo revisada por el fiscal Eugenio Campos, y que ellos ya entregaron los documentos que respaldan los gastos hechos con ese dinero. Según señaló el general Mario Rozas, oficial a cargo de la Dirección de Bienestar, el monto objetado por Contraloría “está justificado mediante la presentación de escrituras, de pagos, cheques y cartolas, y eso obedece a la adquisición de conjuntos habitacionales y centros recreacionales para los carabineros y sus familiares”.
Además, el general indicó que desconocen la razón por la que Contraloría emitió el informe hacia el Consejo de Defensa del Estado, y que, aunque es cierto que hay documentos que ya fueron eliminados del registro, esto responde a un reglamento interno que los faculta para hacerlo cuando los escritos ya no son necesarios. Por esto, el oficial descartó la existencia de dolo, ya que aseguró, solo actuaron acorde a las normas de la institución.
Según el abogado penalista de la Universidad de Chile, Jaime Winter, destruir documentos públicos no siempre puede ser catalogado como ilegal, sino que depende de cada caso y de la intención con la que se hizo. Por esto, es que si Carabineros tiene una normativa propia para el tema. Eso los exime de intencionalidad, y por ende del delito.
Winter señaló que, aunque se comprobase que los documentos no están, por haber sido destruidos para encubrir un posible fraude, el castigo por desaparecer documentos generalmente es “una pena relativamente menor y si es que llegase a existir una condena se cumpliría en libertad”. Sin embargo, aclaró que todo dependerá de cada caso en particular.
Por otro lado, el jurista comentó que es importante que el Consejo de Defensa del Estado estudie estas denuncias para poder tomar las acciones legales que le corresponden si así se amerita. “Es relevante que pase al Consejo porque son los encargados de la representación patrimonial del Estado, y si hay dineros que deben ser devueltos, entonces les corresponden las acciones para esto”, explicó.
Además, indicó que la querella es una acción muy probable en este caso, pues a pesar de que legalmente no implica consecuencias, sí ayuda a que se haga notar el interés del gobierno en el caso.
“Yo personalmente preferiría que no existieran los querellantes institucionales. Tenemos una institución que está encargada de la persecución, de la acción penal, que es el Ministerio Público, y considero que es suficiente, pero por supuesto, en este tipo de cosas tiene cierto valor simbólico que el Consejo se querelle, porque implica de algún modo que el Estado se hace cargo y no va a tratar de tapar el asunto”, afirmó.
Por su parte, el abogado penalista Cristián Riego, comentó que esta nueva arista vuelve a demostrar que en Carabineros existe una cultura institucional donde los controles son débiles y donde existe una actitud constante de buscar enriquecerse a través de recursos públicos.
Según el académico de la Universidad Diego Portales, desde la dictadura se han construido prácticas que, indirecta o directamente, “hacen que Carabineros no este sujeto a controles propios de todo el resto del Estado. Hay normas que permiten no entregar información al gobierno, pero, además, hay temas prácticos, como que los funcionarios del gobierno que interactúan con Carabineros muchas veces son contratados por la misma institución”.
Además, agregó que es necesario que se establezcan nuevas formas de fiscalización a Carabineros y, que para eso, esta nueva Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados debe elaborar propuestas que permitan generar cambios. Sin embargo, Riego afirmó que políticamente será difícil realizar las modificaciones, ya que Carabineros es una institución “con gran capacidad de negociación” frente al gobierno por lo indispensable que es para tareas diarias.
A pesar de lo anterior, indicó que es necesario que el ejecutivo ponga un carácter de urgente a estas modificaciones, sin dejar que esto pase a segundo plano, desplazado por otros temas de seguridad ciudadana.
Respecto a las acciones legales que puedan darse más adelante si se continua con esta investigación, el abogado comentó que es probable que exista una querella la que incluso podría venir desde la misma institución de Carabineros, sin embargo, al igual que Jaime Winter, fue enfático en señalar que esto no tiene mayor incidencia.
