Sandra Beltrami, vocera de la Confederación de estudiantes de Chile (CONFECH), señaló que “una vez más existe una falta de política pública desde el Estado”. Al mismo tiempo, cuestionó que el Gobierno ha haya tipificado el lucro en la educación como delito.
El abogado querellante del caso Penta criticó el rechazo de la Corte de Apelaciones a un recurso que buscaba evitar que los fiscales del proceso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, tuvieran que declarar como testigos en la causa, lo que, eventualmente, los inhabilitaría de seguir liderando las investigaciones.
El Octavo Juzgado de Garantía decretó arraigo nacional y firma mensual para doce de los trece formalizados, solo Edgard Pinto, vinculado al Grupo Cruzat, quedo con la cautelar de arresto domiciliario total. En tanto, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal en contra de ocho de los imputados.
