Por 40 millones el padrón electoral, es decir, todos los chilenos inscritos en el Servicio Electoral,  es vendido a diversas empresas que buscan datos como dirección, profesión, número de identificación, inhabilidad etc.

Universidades privadas, bancos, financieras, partidos políticos e incluso candidatos a parlamentarios son los que han comprado el padrón electoral que dispone el Servicio Electoral, cuyo precio está fijado por ley y entrega información, además del nombre y la dirección, sobre las inhabilidades, profesión, fecha de nacimiento y el número de identificación.
 
El padrón electoral, que incluye a poco más de ocho millones de personas, será engrosado además por todos los chilenos mayores de 18 años cuando entre en vigencia la ley de inscripción automática y voto voluntario, cuya información estará disponible a cualquier persona o entidad pública o privada que cancele los cerca de 40 millones de pesos que cuesta el padrón.

Es por ello que para el senador Pedro Muñoz, es importante crear una agencia de protección de los datos personales, además de excluir de la posibilidad de entregar esta información a entidades privadas, como bancos e incluso la empresa que administra Dicom.

 “Uno está permanentemente presionado por este tipo de instituciones que le ofrecen créditos sabiendo la información económica,  financiera que uno tiene. Creo que son datos que están dentro del ámbito de la privacidad y cada una de las personas son libres y soberanas para darlas a conocer si así lo estiman conveniente”

 La idea será propuesta al ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien de todas formas tiene una visión diferente de este tema.

 El secretario de Estado precisó que en la reforma constitucional de calidad de la política, el Ejecutivo puso una norma que indicaba que el listado de los militantes de los partidos políticos era público, propuesta que, sin embargo, fue desechada en el parlamento. Similar situación ocurre, a su juicio, con el listado de chilenos inscritos en los registros electorales.

 “Habría que ver la ley de protección de datos de las personas. Mi impresión es que es un dato de carácter público, porque no dice relación con ningún antecedente de la privacidad de alguien, sino que se refiere únicamente al hecho de estar inscrito en un registro electoral y la dirección, pero la dirección se sabe ya por el guía de teléfono que normalmente se tiene. Entonces no veo un dato personal, pero habrá que estudiarlo bien”.

 De todas formas, agregó Viera Gallo, habría que estudiar la situación respecto de la publicidad del RUT de las personas que aparece en la información del padrón del Servel, tal como apunta el Consejo para la Transparencia, entidad que en el caso de los funcionarios públicos mantiene bajo estricto secreto este dato.

 Pero una visión diferente tiene Adolfo Castillo, director ejecutivo de Libertades Ciudadanas, quien señaló que se corre el riesgo de mal utilizar la información para obtener lucro y beneficios corporativos.

 “Tiene, por ejemplo, informaciones que benefician a algunas empresas, preguntan por licitaciones, por montos, por contratos, por qué tipo de empresas están haciendo tales servicios. Falta regulación, hay una inmadurez en el Estado chileno, institucional, que no logra poner flancos ni barreras a los derechos que se han alcanzado en esta sociedad”.

 Para Castillo igual resulta preocupante la utilización que puedan hacer los partidos políticos de los datos que aparecen en el padrón electoral, pues finalmente hay organizaciones que también son representantes de intereses económicos, por lo que también debería regularse a su juicio la posibilidad de que accedan a ellos.