La orden de detención dictada en 2009 por la Corte Penal Internacional contra el Presidente de Sudán, Omar Hassan Al Bashir por crímenes de lesa humanidad y de guerra marcó un hito al demostrar que ni siquiera los jefes de Estado activos están por encima de la ley.
El hecho es destacado por el Informe Global 2010 sobre Derechos Humanos de Amnistía Internacional que se dio a conocer este jueves.
En el documento se afirma que la política del poder está agravando la brecha en la administración de justicia global y los conflictos se caracterizaron por una cruel indiferencia hacia la población civil. Asimismo, se pide a los gobiernos que garanticen la rendición de cuenta por sus propias acciones.
Detallando la situación en cada continente, Amnistía señaló que en Oriente Medio y el Norte de África, gobiernos de Estados como Arabia Saudí, Siria y Túnez siguen intolerantes ante las críticas, especificando que en Irán aumentó la represión contra las protestas después de las elecciones gubernamentales.
En Asia y Oceanía, el gobierno chino aumentó la presión sobre los disidentes, mientras en Europa se viven momentos complejos en temas de migración.
En América, fuerzas de seguridad de países como Brasil, Jamaica, Colombia y México fueron responsables de centenares de homicidios ilegítimos.
En este sentido, Sergio Laurenti, el director de Amnistía Internacional – Chile, indicó que los casos más recurrentes de violaciones a los derechos humanos en el ámbito internacional tienen relación con “ser distinto”, ya sea por razones de raza, género, identidad sexual, creencias políticas o religiosas, etc.
“Lo que está dominando y aparece en el informe repetidamente es cómo ser distinto es un riesgo de derechos humanos. En Italia, por ejemplo, los gitanos están siendo expulsados, siendo arrinconados y les dicen ‘váyanse a sus países” y ellos responden ‘pero si yo nací aquí”. Gitanos, migrantes, personas desplazadas por razones económicas y políticas comienzan a ser parias”, sostuvo Luarenti.
También se indica que en América del Sur se celebraron, en aplicación de legislación nacional, varios juicios de ex jefes de Estado por violaciones de derechos humanos, como en el caso del ex Presidente de Perú Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
En el caso chileno, aún hay varios temas pendientes que, sin embargo, son “inconsistentes” con la imagen que se tiene del país desde el exterior. La falta de una legislación que dé cumplimiento a textos de defensa internacional y la institucionalidad incompleta del país, marcan la realidad del capítulo chileno.
El presidente de Amnistía Chile, Hernán Vergara, puntualizó que temas como el establecimiento de guetos de migrantes en Santiago, deberían ser objeto de debate para las autoridades y la ciudadanía, pues a largo plazo podrían generar conflictos sociales por discriminación.
“Nos estamos encontrando con que temas puntuales como diversidad sexual, migrantes, mujeres, desplazados, refugiados hoy deberían ser temas en el tapete, que deberían ser una discusión, porque comunas como Santiago enfrentan poblaciones que se están enguetizando y eso va a traer problemas sociales como los que sucedieron en Francia, donde el hijo de extranjero va a sentir que está siendo totalmente discriminado”, aseguró Vergara.
De la misma manera, siguen en peligro los derechos de los pueblos indígenas, los derechos sexuales y reproductivos, que generan violaciones que se mantienen en la impunidad. Un largo camino por recorrer que se mantiene en el mundo y en Chile.
