Discurso de la Rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala Salces, en la ceremonia del Día de los Derechos Humanos y la Memoria en el Salón de Honor de la Casa Central la institución. 10 de septiembre de 2026.
Quisiera comenzar agradeciendo muy especialmente a quienes nos acompañan en esta ceremonia.
Lo que hemos vivido esta mañana expresa de manera concreta el compromiso de nuestra Universidad con la memoria, los derechos humanos y la democracia.
Hay, además, una coincidencia muy significativa entre los dos reconocimientos que acabamos de entregar.
Nuestra Universidad ha otorgado el título póstumo y simbólico de Médico Cirujano a Héctor Pincheira Núñez. Y hemos distinguido con la Medalla Derechos Humanos y Democracia a Nelson Caucoto Pereira, quien representó a la familia de Héctor en su larga búsqueda de verdad, justicia y reparación. Se encuentran así, en esta ceremonia, una historia que la violencia interrumpió, una familia que durante más de cinco décadas no ha dejado de buscar justicia y la trayectoria de quien ha dedicado su vida profesional a acompañar a las víctimas y sus familias en esa búsqueda.
Héctor Pincheira ingresó a estudiar Medicina en nuestra Universidad en 1963 y alcanzó a cursar prácticamente toda su carrera. Tenía una vida y un proyecto por delante que fueron brutalmente interrumpidos. Tenía apenas 28 años. Livia, su compañera, esperaba entonces a su hijo Máximo, que nacería dos meses después.
Hoy, al otorgarle el título póstumo y simbólico de Médico Cirujano, la Universidad reconoce al estudiante que formó parte de esta comunidad y restituye, simbólicamente, aquello que la violencia le impidió concluir. A su familia, y especialmente a Livia, quiero expresarles el afecto de nuestra Universidad. Sabemos que ningún reconocimiento puede reparar una ausencia ni devolver el tiempo perdido. Pero esperamos que este acto contribuya a reafirmar una pertenencia que nunca debió ser interrumpida.
Y a Nelson Caucoto, quiero expresarle nuestro reconocimiento y gratitud. Durante décadas ha perseverado en la búsqueda de verdad y justicia, acompañando a las víctimas y a sus familias, incluso cuando ese camino ha sido largo y difícil. Desde sus primeros años en el Comité Pro Paz y luego en la Vicaría de la Solidaridad, puso su profesión al servicio de la defensa de los derechos humanos y ha mantenido ese compromiso a lo largo de toda su vida. Su trayectoria nos recuerda cuánto pueden aportar el Derecho y las instituciones a la defensa de la dignidad humana, pero también cuánto depende de las personas que perseveran en hacerla efectiva.
Esta ceremonia también nos invita a preguntarnos cómo hacemos de esta memoria una experiencia formativa para las nuevas generaciones y un compromiso permanente de nuestra Universidad con los derechos humanos y la democracia.
La memoria no consiste solamente en recordar lo ocurrido. Tampoco puede quedar circunscrita a una fecha en nuestro calendario institucional. Adquiere su sentido más profundo cuando se convierte en aprendizaje y en una responsabilidad con el presente y el futuro.
Y en esto, las universidades tenemos una tarea insustituible. Formamos a generaciones que no vivieron el golpe de Estado ni la dictadura. Jóvenes para quienes los acontecimientos que hoy recordamos pertenecen a un tiempo anterior incluso al nacimiento de sus padres. No podemos suponer que la experiencia histórica se transmita por sí sola ni que los aprendizajes democráticos adquiridos por una generación permanezcan necesariamente en la siguiente.
Esta responsabilidad no comienza hoy. En esta misma ceremonia, al conmemorarse en 2023 los cincuenta años del golpe de Estado, la Rectora Rosa Devés asumió, en nombre de nuestra Universidad, el compromiso de fortalecer una educación centrada en los derechos humanos y la democracia. Y señaló algo que me parece especialmente importante recordar: que esa tarea no podía limitarse a transmitir determinados contenidos académicos, sino que debía expresarse también en nuestra convivencia y en la formación de profesionales capaces de promover una cultura de respeto a los derechos humanos.
Hoy quiero recoger y reafirmar ese compromiso. Porque educar para la democracia y los derechos humanos es una tarea permanente de una universidad pública, una responsabilidad que debemos renovar con cada generación de estudiantes.
La democracia también se aprende. Y los derechos humanos también se enseñan.
Se aprenden y se enseñan conociendo nuestra historia y comprendiendo las violentas consecuencias que tuvo para miles de personas el quiebre de la democracia. Pero también en la experiencia cotidiana de vivir con otros.
Una universidad es, por definición, un lugar de diferencias. En ella convivimos distintas generaciones, disciplinas, experiencias, convicciones y maneras de comprender el mundo. Esa diversidad es parte de nuestra riqueza y una condición para la producción de conocimiento. Pero también nos exige aprender a disentir: escuchar y confrontar ideas con razones, estar dispuestos a revisar nuestras propias convicciones y comprender, sobre todo, que ninguna diferencia convierte a quien piensa distinto en enemigo ni lo hace menos digno de respeto.
Creo que esta es una de las contribuciones más importantes que una universidad pública puede hacer hoy a la democracia. Porque una democracia no requiere que estemos de acuerdo; requiere que podamos vivir juntos aun cuando no lo estemos; que seamos capaces de procesar nuestras diferencias a través de la palabra, de las instituciones y de reglas compartidas; y que reconozcamos ciertos límites que ninguna mayoría, ninguna causa y ninguna circunstancia pueden sobrepasar.
El respeto irrestricto de los derechos humanos es uno de esos límites.
Los derechos humanos se fundan precisamente en la dignidad que pertenece a toda persona por el solo hecho de serlo. Por eso, educar para la democracia y los derechos humanos no significa enseñar a nuestros estudiantes qué deben pensar. Significa entregarles conocimientos y herramientas para comprender nuestra historia, desarrollar su capacidad de pensamiento crítico y entender por qué existen principios que una sociedad democrática no puede relativizar.
Esta responsabilidad adquiere especial importancia en tiempos marcados por una creciente desconfianza en las instituciones, un aumento de la polarización y la reaparición, en Chile y en distintas partes del mundo, de discursos que relativizan el valor de la democracia o el carácter universal de los derechos humanos. Frente a ello, nuestra respuesta como Universidad no puede ser simplemente declarativa.
Tiene que ser educativa. Tiene que expresarse en lo que enseñamos, en cómo enseñamos, en la investigación y la creación artística que realizamos, y también en la manera en que convivimos dentro de nuestra propia comunidad. Y tiene que expresarse también en acciones concretas.
La entrega de títulos póstumos y simbólicos es una de ellas. Con el reconocimiento otorgado hoy a Héctor Pincheira, son ya 127 las distinciones que nuestra Universidad ha entregado a estudiantes detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
También lo son la Plaza de la Memoria y su Memorial, inaugurados ayer en el Campus Juan Gómez Millas. Ese espacio recuerda a estudiantes, académicas, académicos, funcionarios y funcionarias de nuestra Universidad que fueron víctimas de la dictadura. Su propuesta busca hacer visible la presencia de quienes ya no están y dejar inscrita, como una cicatriz en el espacio que compartimos, la fractura que significó el quiebre de la democracia. Es una forma de hacer de la memoria parte de la vida cotidiana de nuestra comunidad y de transmitirla a las nuevas generaciones.
Y también lo es nuestra participación en el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, al que hemos contribuido con nuestras capacidades académicas y que esperamos que continúe como una política de Estado.
Son formas distintas de asumir una misma responsabilidad: conocer, recordar, reparar y transmitir.
Porque mientras existan familias que todavía no saben qué ocurrió con sus seres queridos, habrá una tarea pendiente para nuestra democracia. Y mientras sigamos formando nuevas generaciones, también existe una tarea permanente para nuestra Universidad.
La memoria no nos pide vivir mirando hacia atrás. Nos pide aprender de nuestra historia para cuidar aquello que nunca podemos considerar definitivamente asegurado.
Cuidar la democracia.
Cuidar los derechos humanos.
Cuidar nuestra capacidad de convivir en la diferencia.
Y enseñar a las nuevas generaciones que el “Nunca Más” no es solo una afirmación sobre nuestro pasado. Es un compromiso que cada generación debe aprender a hacer suyo.
Muchas gracias.
