Cuando salió a la luz pública el escándalo de la colusión de las tres principales cadenas de farmacias para subir los precios de 222 medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, los laboratorios negaron rotundamente haber estado involucrados en el asunto. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, declaraciones de los propios imputados daban cuenta de la participación directa de las empresas productoras de fármacos en el ilícito.

Finalmente, las sospechas empezaron a confirmarse. Esta semana un alto ejecutivo del laboratorio multinacional Novartis reconoció ante el Ministerio Público Centro Norte – que sigue la arista penal del caso – que su empresa se coordinó con las farmacias imputadas para aumentar el valor de ciertos fármacos.

A través de un documento, el trabajador de Novartis detalló los días y la hora exacta en que se realizaron las conversaciones. También apuntó quiénes fueron los responsables de materializar cada negociación y quienes eran sus interlocutores.

Hasta el momento, el fiscal Luis Inostroza – quien lleva una causa paralela a la de la FNE por este caso – había interrogado a ejecutivos de los laboratorios Bagó, Bayer, Gardenhouse, Merck, Roche y Tecnofarma y pese a que incluso se habían incautado sus computadores personales, nada de lo que se había recolectado hasta ahora otorgaba datos tan específicos sobre estos hechos como esta declaración que fue archivada como “secreta”.

Según las versiones de prensa, el ejecutivo habría decidido colaborar con la investigación para poder configurar una atenuante calificada en caso de un futuro juicio oral. De esta forma, se disminuiría una eventual pena, que va desde los 61 días a cinco años.

El académico de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, Hernán Vergara indicó que siempre pensó “que no eran sólo las cadenas las que estaban en esta colusión, sino que probablemente algunas industrias farmacéuticas grandes también estaban interesadas en participar. La declaración de uno de los ejecutivos de laboratorios confirma que esto es una cuestión mucho mayor, no sólo de las tres cadenas de farmacias sino que participaron las empresas farmacéuticas encargadas de la producción de medicamentos”.

Y es que desde hace varios años que las prácticas irregulares de los laboratorios dentro del mercado farmacéutico son un secreto a voces.

Según indicó el presidente de la Unión de Dueños de Farmacias Independientes (UNFACH), Raúl Álvarez, Novartis además haría “convenios con los médicos para que entreguen recetas y a través de un código de barras se le hace un descuento a los pacientes en los consorcios. Eso constituye una práctica grave porque el secreto profesional que hay entre el paciente, el doctor y la farmacia se rompe porque al pasar este código se crean bases de datos”.

Pero el asunto no termina allí. Hoy Álvarez junto al diputado DC integrante de la comisión de Salud de la Cámara, Gabriel Silber, se reunirán con el Fiscal Económico, Felipe Irarrázaval para denunciar lo que calificaron como una “nueva colusión”.

Esta vez se trataría de eventuales irregularidades en lo que se conoce como mercado integrado. “Vamos a solicitar una investigación por lo que creemos es una segunda colusión,  particularmente con los laboratorios de marcas propias”, dijo el parlamentario.

“Teniendo a la vista antecedentes técnicos respecto del crecimiento que han experimentado en los últimos meses, éste es diametralmente opuesto al del sector farmacéutico en general. Así puedo señalar que, mientras los laboratorios del sector farmacéutico tienen cifras negativas, Med Pharma (Salcobrand)  ha crecido en un 67 por ciento promedio en los últimos tres meses, lo que llama razonablemente la atención”, precisó Silber.

Si consideramos que entre las tres grandes cadenas de farmacias – Cruz Verde, Salcobrand y FASA- concentran el 97 por ciento del mercado y que cada una de ellas posee sus propios laboratorios – Mitlab, Med Pharma y laboratorios FASA respectivamente –  el espacio para la libre competencia es casi nulo.

De esta forma, estas tres compañías configuran verdaderos holdings dentro del mercado farmacéutico. Por ejemplo, Cruz Verde posee su empresa productora de remedios (Mitlab), una distribuidora (Socofar) y una otorga créditos (Solventa).

“Ellos producen, fabrican o mandan a hacer o importan productos farmacéuticos, reemplazan la receta o niegan la venta de los productos de la competencia. El consumidor sale perjudicado porque pudiendo comprar un producto, por ejemplo del Laboratorio Chile en 300 pesos, venden otro en mil 800 y cuando la persona pregunta por el producto del laboratorio Chile aducen que se les terminó o están faltos de ellos. Esto se llama monopolio vertical porque, a la vez, a sus empleados los incentivan con lo que antiguamente llamaban ‘canela’ que es una propina por cada producto vendido o como lo llaman hoy en día comisión y la mayoría de sus sueldos se hace a través de esta comisión”, sostiene Raúl Álvarez.

Sin embargo, para que la integración vertical sea un atentado a la libre competencia tiene que implicar distorsiones en el mercado en los extremos de la cadena productiva, es decir, en la fabricación de insumos o en la venta del producto final.

Así, en la medida en que hay integración y se conoce toda la cadena podría lograrse cierto poder dentro de ella para incidir en perjuicio de la competencia porque justamente es en alguna de estas etapas donde se fijan los precios.

Una de las aristas que se podrían tomar, por ejemplo, es que la empresa distribuidora de Cruz Verde, Socofar trabaja, a la vez, con SalcoBrand, lo que impide la entrada de cualquier otro actor y le da una ventaja comparativa a Cruz Verde en la parte de la distribución. Y según indica un especialista en Libre Competencia “es muy probable que estas integraciones verticales sean precisamente en función de lograr la mayor cuota de mercado posible”.

Un juego en donde, como siempre, los consumidores son los más perjudicados.

Lo que se viene

Más allá de los procesos judiciales, el diputado Gabriel Silber advirtió que están trabajando en varios cambios legislativos que regulen este mercado y agregó que “una sola medida no es el antídoto”.

Por eso indicó que se busca “mejorar la legislación anti colusión y establecer penas de cárcel para los que comentan estos delitos. Desarrollar Bioequivalencia. Necesitamos una agencia independiente que se haga cargo del desarrollo  e investigación respecto de los fármacos. Poner los fármacos OTC a disposición de los usuarios sin la necesidad de la intervención del químico farmacéutico. Posibilidad de que la receta, una vez que tengamos la bioequivalencia, el médico señale la alternativa que dice relación con los productos genéricos. Control de trabajo especial para los químicos farmacéuticos para evitar que gran parte de sus remuneraciones vayan conforme al pago de comisiones o incentivos para vender ciertos medicamentos y la prohibición de la integración vertical de las farmacias”.

En tanto, el académico de la Universidad de Chile, Hernán Vergara visualiza una solución que vaya de la mano con la solidaridad ciudadana.

“Estamos bajo un concepto del precio libre dentro del libre mercado y ahí se producen este tipo de situaciones. No hay que darle al medicamento una connotación de producto de consumo, sino que de bien social, que está destinado a recuperar la salud perdida. De tal manera que hay que buscar formas para que la gente pueda acceder a ellos. Por ejemplo, las cajas de compensación, cooperativas, organismos libres de toda sospecha como la Cruz Roja, el Hogar de Cristo o Bomberos debieran tener farmacias para atender la necesidad de medicamentos de su gente. Hay montones de maneras que están fuera del libre mercado”, concluyó Vergara.

Todas materias que serán debatidas en el marco de uno de los mayores escándalos económicos en el país.