A 58 kilómetros al este de Los Vilos, está ubicado el poblado de Caimanes, una comunidad campesina y agricultora que no supera los dos mil habitantes. Sus calles están empapadas de la lucha que ha librado la comunidad por más de cinco años en contra de la minera Los Pelambres, de propiedad del grupo Luksic, que instaló a escasos metros de sus hogares un tranque con capacidad para almacenar 2060 toneladas de relaves tóxicos de cobre.

El conflicto dio un giro inesperado este lunes cuando once lugareños, ocho hombres y tres mujeres, iniciaron una huelga de hambre para exigir al Gobierno que interceda frente a la empresa para cerrar el tranque.

Y es que el peligro que corre el pueblo en estos momentos es grave: poco a poco, la construcción se ha ido llenando del agua que absorbe de las napas subterráneas del río que bañaba el estero de Pupío y que fue intervenido al construir el proyecto. Si la infraestructura colapsa, el cause arrasará con las casas de Caimanes en pocos minutos, según lo han demostrado diversos estudios de ingeniería. Lo mismo ocurriría con los sismos de gran intensidad, tal como el que se produjo en febrero pasado en la zona centro sur del país.

El vocero de los huelguistas, Cristián Flores, denunció que ya han corroborado que la mitad de la cortina del tranque presenta derrumbes y comentó que la medida de presión se mantendrá hasta que la construcción sea erradicada de la zona.

Pero los problemas que ha acarreado el tranque El Mauro no terminan allí. El valle del Pupío presentaba sitios con un alto valor de patrimonio arqueológico, donde se encontraron áreas habitacionales de las culturas precolombinas, arte rupestre y petroglifos. Según indicó Flores, el Consejo de Monumentos Nacionales había anunciado la creación de un parque rupestre para trasladar estos elementos, iniciativa que nunca se concretó.

Además, al intervenir y secar la principal fuente hídrica de esta cuenca se puso en riesgo la gran biodiversidad de flora y fauna existente en la zona, que incluye arrayanes, quillayes, zorros, pumas y aves rapaces. Pero también para la construcción del tranque se talaron 70 hectáreas de canelos milenarios, cuyas pérdidas son irreparables.

El valle de Pupío es una zona de escasa precipitación y sufre frecuentes y prolongadas sequías y, por lo mismo, en varias ocasiones ha estado en vías de ser declarada como zona “agotada” en sus recursos hídricos por la Dirección General de Aguas. Hoy los agricultores y ciudadanos denuncian que no tienen agua para sus riesgos y que el relave ha perjudicado el acceso al agua potable.

Tranque El Mauro en la Justicia

El conflicto entre los habitantes de Caimanes y la minera Los Pelambres tiene años de historia. Este controversial proyecto fue presentado en 1997 y contemplaba la construcción de tres tranques de relave en la cuenca del río Choapa en la región de Coquimbo. Finalmente, se decidió levantar uno solo de enormes magnitudes que consistió en la instalación de un muro de mil 400 metros de longitud y 237 metros de altitud, que cerró el acceso de la población del valle de El Mauro hacia esa zona.

Y pese a que la edificación parecía una derrota para los locatarios, el 30 de noviembre de 2005 la Corte de Apelaciones dictó un fallo en el que prohibía el funcionamiento del tranque, ya que, entre otras cosas, irrumpía en los derechos de aguas de terceros, corría el riesgo de contaminar directa o indirectamente las fuentes hídricas y ocasionaba pérdidas a la calidad de vida y a los medios de sustento de la comunidad como la agricultura y el turismo.

Esta sentencia unánime sólo tenía que ser ratificada por la Corte Suprema. Sin embargo, antes de tener sobre sus espaldas otro fallo negativo, la minera Los Pelambres decidió acogerse a un advenimiento con algunos dirigentes de la comunidad y con el agricultor Víctor Ugarte que le permitió seguir adelante con el proyecto. La firma desembolsó 23 millones de dólares, de los cuales cinco fueron a parar a las manos de los dirigentes y 18 a Ugarte.

El resto de los habitantes de Caimanes reclamaron que  quienes los representaron en esa negociación no contaban con el apoyo del resto e iniciaron una nueva demanda. Finalmente, hace dos meses los tribunales declararon nulo el advenimiento y cursaron una medida precautoria del 20 por ciento del dinero otorgado por la empresa, es decir, lo que recibieron los dirigentes. Pero el tranque ya estaba construido y en funcionamiento.

A juicio del diputado independiente que representa la zona, Luis Lemus, el camino judicial no ha sido el mejor para emprender en estos casos porque el proyecto de la minera ha presentado varias irregularidades que deberían resolverse a través de la institucionalidad ambiental. Sin embargo, en este tipo de conflictos, la experiencia ha demostrado que los tribunales resultan ser la herramienta más clara y fácil que tienen las personas para defender su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

El poder de Pelambres

El panorama que se dibuja en Caimanes contrasta con la imagen que la minera Los Pelambres proyecta a la comunidad. En 2009 y por segundo año consecutivo se adjudicó el premio al “Mejor reporte de sustentabilidad” otorgado por la organización Acción en Responsabilidad Empresarial.

También sorprende que en su página web corporativa destaquen aspectos como “Minera Sustentable” y “Monitoreo Ambiental”, además de una serie de actividades que auspicia en la región de Coquimbo. Por eso no es raro el silencio que ha rodeado al conflicto por el tranque El Mauro.

De acuerdo a un informe realizado por ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, esta minera aportó entre 1996 y 2006 en torno al 55 por ciento del crecimiento Producto Interno Bruto de la Región de Coquimbo, por lo que su influencia entre las autoridades y en la misma comunidad continúa siendo muy potente.

Según la opinión del diputado Lemus, si el tranque El Mauro, con todas sus falencias, se hubiese proyectado en un lugar de mayores recursos “nunca se habría construido”.

Es por eso que los rayados y pancartas que colman las calles de Caimanes y que pregonan consignas como “No más divisiones a la comunidad” y “No a la minera de la Muerte” brotan con la esperanza de lograr la fuerza que otros conflictos ambientales como Pascua Lama o Hidroaysén han logrado instalar en la opinión pública.