Este año la conmemoración de Día de la Raza adquirió una connotación especial. La huelga de hambre mapuche, el conflicto de tierras en Rapa Nui y la lucha de los aymaras y quechuas por los géiseres de El Tatio, son sólo una muestra de la tensión que existe entre el Estado chileno y los pueblos originarios. Una historia que comenzó a escribirse hace 518 años y que aún no logra encontrar un buen desenlace.

Manuel Díaz Calfiu, representante de la organización Meli Wixan Mapu, graficó esta situación diciendo que “los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, somos personas que aún estamos luchando por la reivindicación política de nuestros derechos que nos fueron despojados en la mal llamada pacificación de la Araucanía. Esta pseudo celebración que tiene el Estado chileno para nosotros no es nada más que la conmemoración del despojo y de la usurpación de nuestros derechos no sólo políticos, sino también territoriales y de la explotación de la riqueza de nuestra tierra en favor de las multinacionales”.

El escenario no sólo es complejo para los mapuche sino que también para otros pueblos como los rapa nui que, después de años de silencio, decidieron tomar el toro por las astas y abogar por la restitución de todos sus terrenos heredados. Y el proceso no ha sido fácil. El 7 de septiembre pasado, Fuerzas Especiales desalojó la toma encabezada por la familia Hito del hotel Hanga Roa – que fue construido sobre los terrenos de los Hito – situación que provocó un gran revuelo entre los habitantes de la isla. De hecho, el episodio impidió que se celebrara un nuevo aniversario de la anexión de Isla de Pascua a Chile.

En la actualidad, un equipo de abogados está trabajando tanto en Santiago como en Washington en representación de los rapa nui y se han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nombre de todos los clanes por este conflicto. El Gobierno, por su parte, estableció una serie de mesas de trabajo para aclarar el tema territorial, sin embargo, estas instancias tampoco parecen estar funcionando.

Según el vocero de la familia Hito, Francisco Marín, la falta de consenso se debería a que “el pueblo rapa nui no está representando en estas comisiones”. “Si bien hay diálogo con el Gobierno, los equipos que van a tomar las decisiones no los identifican”, dijo Marín.

El portavoz de los Hito afirmó además que los clanes esperan que “todas las políticas que se construyan en torno a la isla tomen en consideración los estándares internacionales relativos a las relaciones que tienen que tener los estados con los pueblos indígenas, que están contenidos en la legislación chilena en el convenio 169 de la OIT y también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Según el abogado especialista en pueblos indígenas del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, este tipo de situaciones se producirían porque tradicionalmente se ha dejado a los pueblos originarios en un segundo plano, impidiendo su participación política directa en los temas que les competen.

De acuerdo a la visión de Aylwin, estos problemas se sustentan en la combinación de una serie de factores sociales, jurídicos y económicos que no permiten que los indígenas tengan una cabida real dentro de la sociedad chilena.

“Hay un evidente racismo que prevalece en Chile y cuya manifestación es no considerar a los pueblos indígenas como ciudadanos iguales ni tampoco tomarlos en cuenta en su dimensión colectiva sino que básicamente como individuos que tienen que integrarse al resto de la sociedad. Eso determina conductas de imposición de políticas públicas y de patrones culturales sobre ellos”, precisó.

Además, existen aspectos económicos que son gravitantes a la hora de definir las directrices que se seguirán para enfrentar temas tan relevantes en esta materia como las reivindicaciones territoriales.

En este sentido, el jurista explicó que “el Estado chileno ha definido un modelo de desarrollo que se basa en la inserción en los mercados globales a través de la explotación de los recursos naturales. Esos recursos se encuentran predominantemente en los territorios indígenas: la minería en el norte, la industria forestal en el sur, la hidroelectricidad que requiere del agua de los ríos históricos de los territorios de los pueblos originarios. Quienes se oponen a ello y han desarrollado protestas sociales para impedir este modelo de desarrollo han sido acallados y esto afecta indudablemente al pueblo mapuche o a los andinos”.

Sin embargo, uno de los factores más importantes a considerar es el marco jurídico que resguarda los derechos de los indígenas. Si bien, hace dos años Chile aprobó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios que implica, entre otras cosas, consultar a las comunidades sobre todo lo que les pueda afectar directa o indirectamente, éste no se ha podido implementar cabalmente.

“Eso está bastante ligado a un problema institucional más profundo que es que todavía vivimos bajo el imperio de la Constitución del 1980, que establece limitaciones serias a una representación democrática en el Congreso y que requiere de quórums elevadísimo para realizar reformas. Mientras eso no se cambie es muy difícil lograr transformaciones más profundas a la institucionalidad de los pueblos indígenas y también a los derechos de todos los ciudadanos”, sostuvo Aylwin.

De ahí que un primer paso sea, al menos, otorgar reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Este viernes el Presidente Sebastián Piñera anunció que el proyecto de ley que consagrará esta disposición será enviado con el mandato de “discusión inmediata” al Congreso, con el fin de acelerar la implementación de normativas que apunten hacia la protección de los indígenas.

Con todo, el co-director del Observatorio Ciudadano concluyó que “este debiera ser un día para que Chile reflexionara sobre su pasado, su diversidad étnica, sobre el tratamiento de asimilación y de negación de esa diversidad para poder proyectarse hacia el futuro no como un estado nación, que ha sido la definición histórica que se ha auto otorgado en Chile, sino que como un Estado intercultural como otros en América Latina como Bolivia y Ecuador”.

Esfuerzos que podrían destensar y reparar la quebrantada relación que ha mantenido el Estado con sus pueblos originarios hace más de 500 años.