El próximo 22 de noviembre la denominada Comisión de Seguridad Laboral deberá entregar sus propuestas de reformas al Gobierno, cambios que el Presidente Sebastián Piñera anunció con bombos y platillos en medio del rescate de los 33 mineros, como una señal de que deficiencias como el accidente que los dejó atrapados a 622 metros de profundidad no volverá a ocurrir, ni en otras minas ni en otros sectores productivos del país.

La falta de normativas adecuadas, la deficiente fiscalización al sector privado y no escuchar la voz de los trabajadores, quienes en reiteradas ocasiones denuncias faltas de medidas de seguridad y prácticas abusivas, han tenido un alto costo que se vio reflejado en el accidente de la mina San José.

Marcelo Albornoz, abogado de  la Universidad de Chile, es uno de los integrantes de la comisión. El ex director del Trabajo y consultor en temas laborales dijo que  “esta es la primera etapa” porque la última decisión se toma  a nivel político. Agregó que “esta comisión sólo entregará propuestas técnicas”.

Los temas que están sobre la mesa, explicó Albornoz, son la necesidad de crear un ente coordinador que se preocupe de la prevención de riesgos, actualizar la ley de accidentes de tránsito, entre otros.

El abogado detalló las prioridades del diálogo. Están trabajando dos subcomisiones que revisan las normas relacionadas con salud, seguridad, fiscalización y política nacional sobre prevención de riesgos.

“La mayor o menor conciencia tiene que estar presente a partir del mandato legal.  Cuando la ley en sus orígenes y en su esencia apunta a prevenir los accidentes y además a entregar prestaciones, es fundamental. La prevención es una herramienta que debe liderar los organismos públicos y privados, lo que la ley creó para administrar el seguro. El seguro ha funcionado bien, pero hay que replantearse”, añadió el experto.

Pero es la etapa final la que preocupa al mundo laboral. Porque esos mismos agricultores, trabajadores de la construcción, pescadores y operadores, que nombró el Mandatario, están hace muchos años alertando a las antiguas y actuales autoridades de que el sistema laboral chileno tiene muchas deudas, y no sólo a nivel de seguridad sino también de condiciones de negociación.

Miguel Nazal, presidente del Sindicato de Trabajadores Unidos, criticó que hoy no se dé el escenario que  permita cumplir con un “sano ejercicio de los derechos” por eso las perspectivas del trabajo de la comisión son bajas.

“En términos de negociación, que se derogue el artículo 305 del Código del Trabajo que no permite a la obra o faena negociar colectivamente. Se haga efectivo que los comités paritarios sean elegidos por los trabajadores y no a dedo por el empresariado, muy rara vez he visto que un comité paritario pueda tener la independencia para poder hacer su trabajo más aún en la construcción. La mayoría de las elecciones son presionadas por el representante de la empresa”, aseguró el dirigente.

Una mirada similar se da desde los operadores. Óscar Brito, secretario general  de la Confederación Bolivariana de Trabajadores del Transporte, informó que varias empresas del sector copan de denuncias el ministerio del Transporte y la Dirección del Trabajo, “pero hay caso omiso a las normativas vigentes”. Brito agregó que en este Gobierno “hay una pequeña apertura al diálogo, pero a nosotros nos interesan las soluciones ya que están hace años transgrediendo”  la reglamentación.

“Nosotros hoy no pedimos nada más, sólo queremos que se cumpla la legalidad, se respete la jornada de trabajo, los horarios de descanso” porque en los últimos cinco años hay una rotación “indiscriminada”  que alcanza al cincuenta por ciento. Brito planteó que esto “es un impacto social para las familias” debido  al dramático reintento de postular a un nuevo trabajo en el sector.

La propia ministra del Trabajo, Camila Merino, adelantó algunas de las materias que estarán en el informe final. La secretaria de Estado informó “que el diagnóstico es que Chile debe elevar sus estándares de seguridad hacia las exigencias que tienen los países desarrollados; se debe aumentar el número y la calificación de los fiscalizadores; se debe mejorar la coordinación entre los entes fiscalizadores, y se debe trabajar para crear una cultura de seguridad”.

Pero este análisis es poco amplio, pues no contempla a todos los sectores. Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), aclaró que los graves problemas de la pesca artesanal no se centran en la seguridad sino que en la distribución y cuidado de los recursos naturales y por eso dijo, “nos gustaría que el Presidente se pronunciara respecto de eso”.

“Cada día menos gente puede trabajar en la pesca, específicamente en la pesca artesanal y es porque se ha apostado a favorecer a la gran industria pesquera, como se da en la minería. El Gobierno debiera preocuparse de los recursos porque así como avanzan las cosas, no quedarán peces”, alertó Caracciolo.

Son varias demandas en carpeta que esperan una pronta respuesta. Los trabajadores dejaron claro que ésta es la hora de hacer cumplir las promesas.