En 2003, el gobierno de Ricardo Lagos llegó a un acuerdo con parlamentarios de todas las bancadas para impulsar medidas destinadas a fortalecer la eficiencia de la gestión del sector público y la probidad.

Las medidas se concretaron en la Ley N° 19.882 que creó el Sistema de Alta Dirección Pública y que limitó las atribuciones del Presidente de la República para nombrar cargos de altas responsabilidades, de primer y segundo nivel jerárquico en un total de 106 servicios públicos dependientes de 17 ministerios.

Según explica el senador DC Mariano Ruiz Esquide, estos cargos gozan de inamovilidad especial y no son de confianza de las altas autoridades, pero eso no se ha respetado en los últimos gobiernos.

El parlamentario argumenta que se ha permitido la desvinculación arbitraria de 520 cargos en un total de 974 ocupados desde la entrada en vigencia de la ley, debido a una interpretación incorrecta de la ley.

Por eso, Ruiz Esquide solicitó al Contralor Ramiro Mendoza investigar los antecedentes, tomando en consideración que ese órgano ha permitido desvinculaciones.

“Creemos que lo que ha sucedido en el último tiempo es que se ha interpretado mal el sentido de esta ley. Si hubiera un cambio en el tema de la Contraloría estaríamos muy contentos, si no cambia este criterio tendremos que estudiar una modificación a la ley porque no podemos seguir con un sistema que está funcionando inadecuadamente conforme a su creación”, sostuvo el legislador.

En declaraciones al diario El Mercurio, Rodrigo Delaveau, investigador del Instituto Libertad y Desarrollo indicó que pese al Sistema de Alta Dirección Pública, “puedo tener todas las competencias, pero si no adhiero al proyecto de gobierno, no puedo seguir, aunque eso implique desvincular al cien por ciento”.

Opinión que coincide plenamente con lo comentado en el mismo matutino por Carlos Williamson, director del Servicio Civil que coordina la Alta Dirección Pública, quien aseguró que “la autoridad tiene todo el derecho a (desvincular a funcionarios) si juzga que el directivo no comparte las directrices políticas del programa de gobierno”.

El abogado y ex senador Ricardo Hormazábal sustenta sus argumentos para solicitar una investigación a la Contraloría en que cuando el proyecto fue discutido, hubo un acuerdo político que estipuló que el Presidente de la República no tendría injerencia en estos cargos.

“El gobernante de turno renunciaba a ejercer sus facultades en la designación de altos cargos de la administración pública para aumentar las posibilidades de carreras funcionarias. La novedad está en que el director de la instancia nombrado por el Presidente Piñera ha dicho que todos estos cargos pueden ser cambiados si la gente no comparte el programa de gobierno. Eso contraría la letra, el espíritu y el tenor de lo que se ha expresado”, aseguró Hormazábal.

El Consejero de Alta Dirección Pública y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Rodrigo Egaña, aclara que las desvinculaciones se apegan a la ley, pues éstos se mantienen como cargos de confianza, por lo que la autoridad puede solicitar su renuncia.

Esto, sin embargo, no es lo mismo que hablar del espíritu con el que se hizo la ley que buscaba justamente excluir aspectos político-partidistas de la gestión pública.

“El criterio de estar de acuerdo política y partidariamente con el gobierno de turno no debe ser un factor para buscar a estas personas de primer y segundo nivel en la administración. Si ese fuera un criterio estaríamos teniendo un sistema que casi sería una oficina de selección de personal directivo superior para el gobierno de turno y ese no fue el espíritu con el cual se hizo esta reforma en 2003”, precisó el académico.

Egaña asegura que para fortalecer el sistema hay una serie de medidas que se están pidiendo, como perfeccionar el nombramiento de cargos provisionales transitorios cuando uno de estos quede vacante, pues hoy pueden volver a concursar por el puesto, pero en condición de ventaja con respecto a otros participantes.