Esta semana comienzan las negociaciones oficiales entre los empleados públicos y  los titulares de los ministerios de Hacienda y del Trabajo por el reajuste salarial que regirá a partir del 1de diciembre del 2010 a la misma fecha del año 2011.

Para los trabajadores de la Coordinadora de Confederaciones Municipales, este ajuste debe reparar el 4,5 por ciento aprobado en 2009, para poder recuperar el poder adquisitivo y participar también del crecimiento económico del país.

“A nuestro juicio las cifras deberían moverse entre el ocho y el diez por ciento. Hay dos elementos que se toman en cuenta para ello como el crecimiento económico proyectado y la inflación calculada para el 2011. El sector público ha sido muy vilipendiado porque se dice que no hacemos un aporte a la actividad económica, pero la verdad es que no sólo lo hace la empresa sino que también los empleados fiscales”, sentenció el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), Óscar Yáñez.

Durante los próximos días, los trabajadores harán entrega de un petitorio al Gobierno que contempla otros puntos, como la mantención y permanencia de las políticas de retiro voluntario para quienes están en edad de jubilar con el fin de incentivar el recambio.

También se encuentra la necesidad de contar con una asignación de zona igualitaria para todos los funcionarios, con el fin de reducir la brecha de desigualdad entre los trabajadores del sistema público.

“Debemos tener una misma asignación de zonas para todos aquellos que desarrollan funciones públicas en el país,  desde las Fuerzas Armadas hasta los funcionarios de la administración central, como los empleados municipales y de educación y salud para poder complementar las remuneraciones en ciudades donde el costo de la vida es mucho más alto”, explicó la presidenta de la Confusam, Carolina Espinoza.

Los trabajadores municipales destacaron también la necesidad de generar un programa de igualdad de oportunidades y lograr un empleo con condiciones laborales dignas que permitan, a su vez, mejorar la calidad de los servicios públicos del país, así como restituir el derecho a la negociación colectiva.

La intención es constituir una mesa de trabajo con el Gobierno para avanzar en estas materias. Finalmente, los dirigentes expresaron su inquietud frente a los despidos del sector que podrían concretarse a fines de año, tanto a trabajadores contratados como a los 95 mil empleados a honorarios.