En siete ciudades del país se realizaron actividades y marchas el fin de semana para protestar por la construcción de centrales hidroeléctricas, como la que se pretende construir en la Patagonia interviniendo tres ríos cuyas aguas de alta pureza fueron privatizadas durante la dictadura.

Pero no sólo este proyecto de Hidroaysén es criticado por organizaciones ambientalistas y ciudadanos comunes y corrientes, que ven en estos proyectos la depredación por mantener con vida a las empresas mineras del norte de Chile.

Y es que al contrario de lo que han manifestado las propias autoridades –tanto las actuales como las del Gobierno de Michelle Bachelet- las represas no tienen como objetivo ofrecer la energía para el consumo de la población, sino que buscan entregarla a las compañías que explotan la minería en nuestro país.

Beatriz Morris, una de las participantes de la marcha que se registró en Santiago, criticó además el origen de las empresas que se están asociando para el desarrollo de estos proyectos hidroeléctricos: “Strata Suiza es una de las mineras más devoradoras en el mundo, ha envenenado ríos en Colombia, por ejemplo, y siguen destruyendo con fines de lucro, de llenarse los bolsillos”, dijo.

Pero no sólo la Patagonia está en la mira de las empresas generadoras de energía. Hay otras zonas, como la comuna de Linares, donde se busca instalar la central de Achibueno, la que también es rechazada por la comunidad.

Para las mineras de la Tercera Región del país, el tema del agua también es un problema serio. De hecho, hay quienes vaticinan que en no muchos años más, ciudades como Copiapó están destinadas a enfrentar un serio problema por el vital elemento.

Por eso las mineras ya han solicitado el estudio de soluciones, las que según Franco Papic, también integrante del movimiento ambientalista, han tenido diversas respuestas, entre ellas la idea de un acueducto hasta la zona.

“En el norte ya no tienen agua las mineras, pretenden poner un acueducto desde la zona central hasta Copiapó, como 1.800 kilómetros por medio del mar. Salía un proyecto de una empresa francesa que quería poner un acueducto desde la zona central hasta Copiapó para surtir de agua a las mineras, para seguir la explotación del mineral, lo cual destruye nuestra tierra, nuestras regiones. Las hidroeléctricas, esencialmente, son para las mineras”, aseguró.

La conjugación entre estos proyectos y la minería que explotan empresas extranjeras es el principal objetivo de las críticas de los ambientalistas, quienes sostienen que de nada sirven al país, ya que sólo dos de las cientos de compañías que operan en Chile pagan impuestos al Estado.

Además, según explicó el representante de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, el desarrollo de energías limpias a partir de fuentes renovables es absolutamente viable para el trabajo de las mineras.

“Estas represas en todos estos ríos del sur de Chile son totalmente innecesarias, son negociados. En el caso de la Patagonia, esta gente se robó las aguas, son dueños de los ríos, algo que tenemos que revertir todos juntos, sobre todo los jóvenes, el recambio. Se robaron los ríos, las aguas, durante la dictadura, y ahora quieren usarlos, estrujarlos, exprimirlos hasta la última gota de energía para un negocio”, indicó Orrego.

Patricio Rodrigo, dirigente del movimiento Patagonia sin Represas, también cuestionó el origen y la legalidad del estudio de impacto ambiental que permite la construcción de las centrales hidroeléctricas en esa zona del sur del país: “No tenemos por qué dejarnos arrasar por una minoría, esta minoría que hoy intenta destruir la Patagonia, que disfraza de legalidad un proyecto que a todas luces es ilegal. No pasará, no dejaremos que destruyan nuestra Patagonia. Ellos podrán disfrazar su estudio de impacto ambiental con una aprobación técnica que es burda, ilegal y arbitraria”, señaló.

A la convicción de las organizaciones ambientalistas se suma la preocupación por las afirmaciones de las autoridades de Gobierno frente a estos proyectos de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas.

Ahora se cuenta el emplazamiento del ministro de Energía, Ricardo Rainieri, quien llamó a dejar que la legalidad opere, ante la insistencia de los ejecutivos de la empresa que pretende instalar la central termoeléctrica Castilla en el norte de Chile. Algo que es visto como un intento por impedir los cuestionamientos a este proyecto, que incluso los especialistas consideran como muy contaminante.