Luego de que el pasado 20 de mayo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt detuviera el proyecto Hidroaysén, de Endesa y Colbún, a través de una orden de no innovar, la iniciativa debe enfrentar un nuevo inconveniente.

Recientemente, la Contraloría General de la República envió a la Dirección General de Aguas (DGA) de la región de Aysén un dictamen, firmado por el contralor Ramiro Mendoza, informando que -por el momento- queda sin efecto la ampliación de derechos de aguas por un caudal de 250 m3 por segundo en el río Baker para llevar a cabo el proyecto que busca instalar cinco represas en la Patagonia.

El texto establece que “se ha omitido indicar la unidad de tiempo asociada a la cantidad de agua cuya extracción se autoriza, circunstancia que contraviene lo establecido en el artículo 149, N°3, del Código de Aguas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7°, del mismo cuerpo normativo”.

Asimismo, el órgano contralor hace presente que en el beneficio a HidroAysén “no cumple con las exigencias contenidas en el N° 2 del decreto N° 743, de 2005, del Ministerio de Obras Públicas, que obliga justificar la cantidad de agua asociada al proyecto, mediante una tabla de equivalencias entre caudales y usos”.

El abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, valoró la decisión de la Contraloría asegurando que en estas condiciones el proyecto no podría llevarse a cabo tal como fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental, puesto que sin estos derechos no se pueden construir represas.

Castillo criticó que la DGA entregó derechos de agua  en mayo pasado de espaldas a la ciudadanía y cambiando resoluciones anteriores sobre criterios técnicos de evaluación del organismo para poder beneficiar el proyecto.

El jurista espera que además la Contraloría se refiera no sólo a aspectos formales sino de fondo como, por ejemplo, que es imposible otorgarle derechos de agua porque la empresa cuenta con derechos otorgados con anterioridad a Endesa en la década de los noventa pero para construir las represas en lugares distintos de los aprobados en el Estudio de Impacto Ambiental.

Otro tema, añadió Marcelo Castillo, es que no hay agua en la cuenca del Baker para otorgarle a HidroAysén.

“HidroAysén está pidiendo 250 metros cúbicos por segundo de agua extra en el valle en lugar donde no existe esa agua permanente como lo están pidiendo ellos. Se les estaría otorgando más encima aguas inexistentes y no sé cómo lo hace la Dirección de Aguas. Todo esto implica que el proyecto HidroAysén que necesita esa agua, según ellos para poder funcionar en la represa Baker 1, es un proyecto inviable o al menos esa central hidroeléctrica es inviable”, señaló Peter Hartmann, coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén.

Hartmann recordó además que HidroAysén ya tiene un monopolio en la cuenca de los afluentes del Lago General Carrera por lo que prácticamente nadie puede sacar ese recurso, trancando el desarrollo de otras actividades en la zona.

En tanto, Juan Pablo Orrego, de Ecosistemas y Coordinador Internacional de la campaña Patagonia Sin Represas, también manifestó su alegría por la resolución ante un tema que, según dijo, es incomprensible.

“En otros países que están más ordenados les parece inverosímil que una empresa pueda presentar un proyecto de evaluación que no tiene resuelto los derechos de agua para las centrales eléctricas que se han presentado a evaluación, es algo totalmente surrealista y no te lo creen cuando uno cuenta estas cosas afuera, creen que uno está siendo ideológico, está mal informado porque es incomprensible, el sistema chileno está hecho de tal manera siempre a favor de las empresas que permite estas aberraciones”, indicó el ambientalista.

Orrego advirtió que las empresas tienen siempre la confianza de que la autoridad les va a solucionar los problemas sobre la marcha del proyecto en cuestión.

La resolución informada paraliza el proyecto hasta que el servicio competente dé una respuesta a las consideraciones expuestas por el órgano contralor.