32 mil nuevos casos que se presentaron para la segunda versión del Informe Valech de Prisión Política y Tortura tiene el documento que será entregado el próximo 17 de agosto al Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, considerado el cierre del proceso que se inició en 1990 con el Informe Rettig de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

Se trata del resultado de la segunda etapa de la denominada Comisión Valech que en su primer informe en 2004, durante la presidencia de Ricardo Lagos, determinó que 27.255 personas sufrieron la tortura y la prisión por causas políticas durante la dictadura militar.

Por ello el objetivo del grupo de trabajo fue recoger, desde febrero del año pasado, los testimonios de víctimas de la dictadura que no fueron ingresados en el informe anterior o reconsiderar algunos casos que no fueron acogidos, por lo que no estarían recibiendo las reparaciones que entrega el Estado.

Se estima que la inversión estatal destinada a los beneficiarios en salud, previsión y educación podría llegar a los mil 500 millones de dólares, entre familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados, exonerados políticos y víctimas de tortura, puesto que cada víctima recibiría 121 mil pesos por su calidad de afectado por la acción de agentes del Estado.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, recalcó que esta segunda etapa tiene que ver con la inmensa cantidad de víctimas que aún no se han registrado y, por esta razón, criticó que se realicen informes por períodos.

“Nos parece que eso debería ser una responsabilidad permanente en el tiempo, no se decreta con un artículo y con fechas cuando la gente, incluso se siente en condiciones de ir a hacer la denuncia. Cuando hablamos de calificación de víctimas de terrorismo de Estado, hablamos de tortura, hablamos de persecución, hablamos de situaciones muy dolorosas que incluso atemorizan y que la gente tiene que estar preparada en lo personal para hacer la denuncia y no en la situación que finalmente se está reflejando en poner períodos a las calificaciones”, explicó la presidenta de la agrupación de familiares.

Lorena Pizarro subrayó que, así como la próxima semana se entrega con una gran pompa el nuevo número de víctimas de la dictadura, el Estado debería hacerse cargo de manera permanente para garantizar el “nunca más” y no según los acuerdos políticos del momento.

La dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó además que sólo se consideren compensaciones económicas.

“Cuando se habla de las compensaciones económicas, nos parece que el tema es mal tratado. Cuando se habla de reparación, es una reparación que no sólo va en lo económico, que hay que hacerlo, incluso está mal enfocado porque se da como una limosna, pero también la reparación es la dignificación de las víctimas, la dignificación de su familia, la dignificación de un país que tiene que asumir lo que ocurrió, por lo tanto el tema sigue estando mal enfocado y el tema sigue siendo parte de las tratativas políticas que garantizan la impunidad”, indicó Pizarro.

Por su parte la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, lamentó que aún no se conozcan los nuevos nombres incluidos en esta etapa, pero que esperan que, al contrario de lo que informan ciertos trascendidos de prensa, algunos casos sí hayan sido reconsiderados.

“Nosotros esperamos que en esta nueva calificación de nuevas víctimas, no haya la discriminación que hubo en los casos que nosotros decimos sin comisión, hablando de los casos explosionados o los falsos enfrentamientos que son alrededor de mil casos que quedaron fuera de la calificación de los informes anteriores, porque esos casos que nuevamente planteamos en esta nueva calificación, hablando con nombre y apellido, por ejemplo, Araceli Romo, Tatiana Feriño, ellos por una cosa biológica los dejaron fuera de la calificación anterior. Por la manera en que a ellos los asesinaron, el hecho de que hayan tenido una militancia política, el hecho de que tienen una historia de resistencia a la dictadura y  nunca los deberían haber dejado fuera de este reconocimiento”, señaló la dirigenta.

Alicia Lira coincidió además con Lorena Pizarro en que debería existir un compromiso permanente del Estado hacia las víctimas de la represión.