En el frontis de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), ubicada en calle José Domingo Cañas de Ñuñoa, protestaron funcionarios de los distintos gremios de la salud para denunciar la privatización de la entidad, tanto en el almacenamiento como en la distribución de fármacos, remedios e insumos.
Dirigentes de la Fenpruss, Anef y Confusam, junto a alcaldes representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades se hicieron presente en el lugar para entregarle una carta al director del organismo, Valentín Díaz, quien se comprometió a responder en una semana.
Los dirigentes denuncian que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a través de medidas administrativas e instructivos estaría rearticulando el funcionamiento de la Cenabast para entregar a los privados la distribución y venta del suministro a los consultorios y hospitales del país.
Carolina Espinoza, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) plantea que se han congregado las distintas asociaciones de funcionarios para proteger el derecho a una salud pública.
“Estamos articulando un frente amplio de los distintos gremios del sector salud porque los chilenos no pueden permitir esta situación. Desarrollaremos todas las actividades necesarias para sensibilizar a la ciudadanía porque es un peligro tremendo hacer de la salud un negocio, porque es un derecho humano. Esa es nuestra principal bandera y pelea”, sostuvo la dirigente.
Los alcaldes Gonzalo Navarrete de Lo Prado y Sadi Melo de El Bosque se unieron a esta protesta porque, a su juicio, las medidas tomadas afectan principalmente a los sectores más vulnerables, donde ya tienen problemas por el desabastecimiento de fármacos que requiere la población.
Navarrete aseguró que las medidas adoptadas por Mañalich no fueron discutidas por el Congreso y son decisiones arbitrarias que afectan negativamente a gran parte de la población.
“Los que se ven principalmente perjudicados con los cambios que está haciendo la Cenabast que, en el fondo, es una privatización vía decreto, instructivo que son los 320 consultorios 1500 postas rurales y un millón 500 mil personas que van a ver que sus medicamentos no llegan o lo hacen con precios entre un 30 y un 35 por ciento más caro”, precisó el edil.
Nury Benítez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) agregó que al subcontratar servicios que hasta ahora eran responsabilidad del Estado se perjudicará a los funcionarios.
“También está afectando a la organización y a los trabajadores de Cenabast porque lo que se ha hecho es eliminar bodegas y distribución y eso significa tener una inestabilidad y una amenaza de despidos masivos a los funcionarios que laboran en esa dependencia y que alcanzan aproximadamente cien empleados”, dijo la representante de los empleados públicos.
Los representantes de las agrupaciones y municipios piden que el ministro Mañalich respete el acuerdo respecto que indicaba que cualquier cambio sería discutido con los trabajadores, palabra que no se ha cumplido y más aún suspendió unilateralmente la mesa de trabajo que mantenía con las asociaciones.
Los dirigentes piden que se acabe el lucro en la salud, sobre todo en los consultorios y hospitales donde se atiende la población más vulnerable de Chile.