Polémica causó expulsión del sargento segundo Miguel Millacura en el marco de la investigación por la muerte del menor Manuel Gutiérrez.

Minutos antes que se conociera que el funcionario de la policía había confesado que lanzó dos tiros al aire que no fueron reportados, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, comentó que “sería inaceptable que un carabinero se separe de lo que son las normas profesionales con que ellos deben actuar y pueda causarle la muerte a un compatriota”.

Y aunque en primera instancia, Carabineros negó tajantemente su participación, a través del general Sergio Gajardo, segundo jefe de la zona Metropolitana, se demostró que el sargento Millacura disparó dos veces con una subametralladora UZI en los disturbios que le costaron la vida al menor de 16 años el pasado viernes.

En esa línea, el diputado de la comisión de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez,  señaló que “al menos que las personas vuelen, no se entiende cómo mató a Manuel. Esto de que disparan al aire es algo bastante raro, lo vienen diciendo desde la dictadura y al final ellos eran los asesinos. Aquí hay un estudiante muerto durante el gobierno de Piñera por orientaciones de Hinzpeter y eso es gravísimo porque da cuenta del nivel de agresividad del Gobierno y de intimidación al movimiento estudiantil”.

El parlamentario afirmó que “las autoridades deben asumir las responsabilidades que le caben” y que, tanto Hinzpeter como el General Director de Carabineros, Eduardo Gordon, “le deben una explicación al país”. “La categórica negativa inicial es la muestra más palpable de las complicidades que ya estaban creando en torno al asesinato de Manuel Gutiérrez”, sostuvo el legislador.

En tanto, el presidente de la comisión, el diputado DC Sergio Ojeda, afirmó  que “esto es fruto del cheque en blanco que el Gobierno dio a Carabineros para reprimir las manifestaciones ciudadanas” y añadió que “con el nivel de represión y fuerza con que estaba actuando Carabineros, similar al que se usaba en dictadura, tarde o temprano íbamos a terminar con una situación trágica y lamentable como esta y, por lo tanto, el Gobierno y el alto mando institucional tienen que dar explicaciones al país”.

Por su parte, Patricio Arauco, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Aturo Prat de Iquique y miembro de la mesa ejecutiva de la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile (CONFECH), apuntó más lejos al señalar que la violencia institucional se instaló hace meses en el conflicto estudiantil.

“La justicia tiene que establecer si las responsabilidades son institucionales o personales, pero a nosotros nos parece que la institución tiene la culpa desde que se empezó a utilizar la fuerza en exceso”, dijo el dirigente estudiantil.

Además Arauco reiteró el llamado a Rodrigo Hinzpeter a presentar su renuncia, decisión que, a su juicio, se debería haber tomado “desde que eliminó las lacrimógenas y las volvió a admitir tres días después. También porque siguió el mismo razonamiento que hizo ayer Carabineros, aseverando una acción sin tener argumentos que lo validen”.

Con esto coincidió el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Alfredo Vielma, quien exigió al gobierno dar una verdadera señal de diálogo y “buena voluntad” a los estudiantes través de la salida del ministro Hinzpeter y el fin de la represión.

“Demuestra el carácter que está tomando el Gobierno porque no puede encontrar una solución concreta y favorable al conflicto en educación. Creemos que la represión se va a tornar cada vez más fuerte. Sabemos que el riesgo de perder la vida en cada protesta popular está presente y la prueba fehaciente de esto fue Manuel y el hecho de que él no participara de las manifestaciones agrava aún más la falta. Por eso Hinzpeter es el que tiene que renunciar porque él es culpable de sacar a casi todas las fuerzas represivas a la calle”, dijo Vielma.

El dirigente añadió que hace tiempo las movilizaciones ya podrían haber desembocado en una mesa de trabajo efectiva que conduzca al país a una solución real, pero que, como el gobierno no quiere ceder sus intereses, saca a la calle sus carros lanza-agua y sus armas de grueso calibre, como se pudo apreciar en las últimas manifestaciones.