Según un estudio realizado por el departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, se requiere un aumento de 1.4 a 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para realizar las reformas al sistema educativo en Chile.

Este es un gasto que, basados en el 2.2 por ciento, equivale a unos cuatro mil millones de dólares adicional al 4.35 por ciento que actualmente el Estado invierte en educación.

El documento “Costos y Financiamiento de las propuestas de Reforma de la Educación en Chile”, establece dos máximas: Un gasto permanente requiere de una fuente de ingreso permanente que soporte el sistema educativo, y la magnitud de este gasto no es abordable por el Estado más que realizando una reforma tributaria, tal como se ha realizado con otros proyectos de la agenda social.

En esa línea, Andrés Gómez-Lobo, doctor en economía y director del magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile indicó que “son números tan altos cuando se está hablando de 1,5 al 2 por ciento del PIB, que es muy difícil que el crecimiento de aquí a cinco o diez años te dé el espacio fiscal para poder aumentar tan fuertemente el gasto en tan solo un tema que es la educación. Si uno hace un cálculo sobre cuántos son los ingresos adicionales que generaría el mayor crecimiento y considera que parte de eso se va a tener que gastar en otras cosas, no vemos que exista un espacio para financiar una reforma de este envergadura sin un cambio tributario”.

La investigación se realizó comparando los requerimientos de financiamiento implícitos en las propuestas de reforma educativa planteados por el gobierno, la oposición, los estudiantes y otros actores, y combinando estos distintos planteamientos.

El cálculo del gasto fiscal necesario para realizar la reforma al sistema educativo, se obtuvo considerando que se acuerden los siguientes puntos: Cobertura universal de los tres primero quintiles para niños de 0 a 3 años, y para los dos primeros quintiles en el caso de niños de 4 y 5 años en cuanto a educación pre-básica; la duplicación de subvenciones escolares y el aumento en las remuneraciones de los profesores en cuanto a educación escolar; y la reducción de la tasa del crédito con aval del Estado al 2 por ciento, unido a un aumento de las becas, la gratuidad para alumnos provenientes del 60 por cientode los hogares de menores ingresos, y el aporte basal a las universidades, en cuanto a educación superior.

El presidente del Senado, Guido Girardi, quien también asistió a la presentación de los resultados del estudio, afirmó que “eso significa – y por eso el Gobierno evita esta discusión porque no quiere tocar el bolsillo de los más poderosos – implica tener que hacer una reforma tributaria. Los expertos han dicho que el crecimiento no da para una orden de magnitud o una cantidad de recursos tan importantes. Por lo tanto, si queremos mejorar la educación y de verdad hacer de ésta un derecho con calidad y con garantía, con prestadores públicos y privados sin lucro, entonces se necesita una reforma tributaria”.

El senador valora este primer informe, ya que ayuda a que los estudiantes puedan llegar el sábado con un respaldo claro y técnico de cómo cambiar el modelo. Así lo reafirma, Pedro Glatz, vicepresidente de la FEUC, quien valoró el estudio porque será un insumo importante para defender sus posturas.

“Ratifica un poco lo que hemos venido sosteniendo desde el comienzo: Esta demanda estructural no se soluciona con un par de pesos más o unos miles de  millones de dólares porque estamos hablando de un costo permanente. Lo más importante, y que de repente es dejado de lado, es el tema de la responsabilidad fiscal, de que efectivamente nuestra demanda no puede venir a costa de que el Estado quede en una situación desfavorecida o que otros programas y políticas sociales se vean coartados por esta petición legítima de educación de calidad”, sostuvo el dirigente universitario.

Los resultados de este estudio académico aportarán al informe que prepara la Confech, en que respaldan su postura sobre lo insuficiente que es la propuesta financiera del gobierno y la necesidad de considerar una fuente de ingresos permanente para la educación chilena.