La Corte Suprema ordenó la devolución de los descuentos realizados a más de mil 200 trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), dejando sin efecto la medida ordenada por el Gobierno en enero de este año.

Además, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó una resolución similar para los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, a quienes se les reembolsará el recorte salarial por participar en dicha movilización.

Ambas resoluciones marcarían un precedente judicial que favorece a los funcionarios públicos que se movilizan y exigen negociación colectiva.

El tribunal de alzada cita el convenio 151 de la OIT, que legitima el actuar de los trabajadores públicos, y aduce que se actuó “sin que se haya necesariamente desvirtuado ni la función pública ni su debida continuidad, merced a la reflexiva prudencia de acuerdos y consensos entre la autoridad y los funcionarios involucrados”.

Carlos Insunza, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Servicios de Impuestos Internos de Chile (Aneiich), subrayó que las condiciones de la normativa local respecto a negociación colectiva de trabajadores del Estado son anacrónicas.

El dirigente apuntó que “no puede ser que el Estatuto Administrativo y otras normas sigan dictaminando que los trabajadores públicos no tienen derecho a sindicalización ni a negociación colectiva o huelga. Esto es una contradicción flagrante respecto a convenios suscritos por el Estado de Chile, además de una situación anacrónica de una sociedad que se quiere democrática. Esto abre una discusión que debe ser asumida por el Parlamento y el Gobierno, que no puede seguir esquivando la necesidad de actualizar la legislación para dar cuenta de los derechos de los trabajadores”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Junji, Julia Requena, informó que las reuniones con el Gobierno continúan, sin que exista voluntad desde la contraparte por avanzar en los temas de originaron el Paro Nacional de noviembre 2010.

Requena informó que “hasta la fecha hemos intentado conversar con el Gobierno, hemos sostenido dos reuniones y aún estamos a la espera si está en condiciones de sentarse a conversar con los gremios para ver el incentivo al retiro. Por más que el Gobierno intenta, en la práctica no hay muestras que querer dialogar con las organizaciones sindicales”.

Que la justicia falle en función de un tratado internacional, además de constatar la arbitrariedad de los organismos estatales al crear registros unilaterales de asistencia al paro, pone de manifiesto la necesidad de mejorar la legislación.

En esta dirección, el ex ministro del Trabajo y miembro de la comisión de esta materia en la Cámara, diputado Osvaldo Andrade, apuntó al rol del Parlamento en establecer mecanismos de negociación colectiva en organismos estatales.

“Hay que establecer un mecanismo de negociación colectiva en el sector público, que esté debidamente reglamentado y que otorgue derechos y deberes a unos y otros de los que participan en esa negociación. La actual negociación es una invitación a la infracción, y eso no es bueno ni para los trabajadores ni la administración. Hay que establecer una normativa para que los trabajadores puedan negociar y en consecuencia, establecer los mecanismos para ejercer la legítima presión en una negociación salarial. Me parece que es propio de un sistema democrático”, declaró el parlamentario.

En la Junji, cerca de mil 200 funcionarios se verán beneficiados con la devolución de sus descuentos salariales, los que fueron realizados en enero y febrero de este año. Por su parte, en Impuestos Internos el número asciende a más de 2 mil trabajadores, casi la mitad de su personal, muchos de los cuales incluso vieron su renta con saldo negativo a causa de la medida originada desde el actual Gobierno y que hoy la Justicia revoca.