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Reforma agiliza y baja costos de demandas colectivas de consumidores

El Gobierno promulgó una ley que modifica la actual legislación respecto a la protección de los consumidores. Esto permitirá reducir los tiempos de admisibilidad de las demandas colectivas y obliga al juez a cargo de la causa a generar un trámite de conciliación entre las partes.

Cristián Pacheco

  Viernes 7 de octubre 2011 18:07 hrs. 
LA POLAR

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Hace siete años ingresó a tribunales la primera demanda colectiva contra el Banco Estado y desde ese caso se han presentado 67, muchas de las cuales son declaradas inadmisibles y el resto se pierde en los pasillos de tribunales, sin que ninguna haya llegado a término hasta la fecha.

Sin duda, el caso La Polar ha provocado indignación en todos los sectores y permitió que se visibilizara gran cantidad de abusos por parte de las casas comerciales, bancos, corredoras de seguros y muchos otros casos. Caso emblemático que, junto al de colusión de las farmacias, reflejó la completa desregulación y baja fiscalización en que operaban las empresas.

En este escenario, el Gobierno reaccionó modificando dos artículos de la Ley de Protección al Consumidor y además instó a los jueces a generar juicios expeditos a través de la búsqueda de acuerdo entre las partes involucradas. Con estas medidas, los procesos de admisibilidad podrían bajar de los en promedio tres años que demora actualmente, a unos seis meses.

“Nuestro gobierno nunca va a permanecer indiferente frente a abusos contra los consumidores y va a buscar proteger a los consumidores con los mejores instrumentos que nos entrega el estado de derecho. Va también a buscar que se compense a los consumidores cuando estos han sido abusados en sus derechos y va a hacer todo lo necesario para identificar, juzgar y sancionar a los que cometen esos abusos”, señaló el Presidente Sebastián Piñera.

Bastante aceptación tiene la medida, que facilitará la tramitación de demandas colectivas y podrá reducir los costos en que incurren, tanto los consumidores organizados, las asociaciones o el Sernac en cada una de las demandas. El director del Servicio Nacional de Consumidor, Juan Antonio Peribonio, se mostró satisfecho por las modificaciones a la ley, principalmente porque podría ver concretadas las demandas colectivas interpuestas por el Sernac antes de los tiempos estimados.

En la práctica esta ley va a reducir a la mitad la duración de los actuales juicios. Hoy un juicio de defensa de los consumidores se transformaba en una verdadera pesadilla y con esta nueva ley se convierte en una realidad la defensa con prontitud, una defensa diligente, donde el consumidor va a poder también recuperar la confianza de que en primer lugar reclamar sirve y que también los tribunales pueden pronunciarse con prontitud en defensa de los derechos”, explicó Peribonio.

Si bien, es un primer paso, esto podría no ser suficiente para el logro de sanciones contra las empresas. Así lo señala Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, quien hoy presentó una nueva demanda colectiva contra el Banco de Chile por cobros abusivos a quienes solicitaron créditos hipotecarios a la entidad financiera.

Para frenar los abusos, Calderón cree que hay aumentar las sanciones, señalando “si la sanción no es alta y no es en el tiempo prudente se transforma en una práctica corriente para las empresas y, por lo tanto, tiene que haber un aumento de las sanciones y además una agilidad en los procedimientos para que los consumidores sientan que están realmente protegidos”.

Asimismo, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuario (Odecus) Stefan Larenas, cree que esto podría tener una limitación, la complicada burocracia judicial.

“Hay una tradición judicial lenta que incluso hace que no haya una comprensión de los juicios colectivos. En estos juicios no hay que ir uno por uno, ni cada uno tiene que estar presentando las pruebas y vamos a ver cómo los jueces hoy asumen ese tema”, explicó Larenas.

Es de esperar que esta modificación promulgada por el Gobierno promueva y permita la presentación de demandas colectivas que frenen el abuso de la empresa privada con las personas, en tanto consumidores, pero también contra el Estado, en su calidad de ciudadanos.

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