El próximo viernes 21 de octubre se terminan los contratos de concesiones que las empresas operadoras firmaron el 2003 para administrar los recorridos alimentadores del Transantiago.
Hasta el momento el ministro de Transporte, Pedro Errázuriz, no ha llamado a licitación pública e insiste en que el trato directo basado en lo que llamado “manifestaciones de interés” por parte de los operadores es totalmente válido y dentro de las atribuciones contempladas en la ley.
Esta situación es cuestionada por el diputado DC Juan Carlos Latorre, quien ve con preocupación que “se está iniciando una discusión bastante fuerte por el procedimiento seguido por el ministerio de Transporte”.
Según el parlamentario, la Ley 20.504 que regula el transporte público concesionado, obliga al ministerio a llamar a licitación pública y sólo se puede utilizar otro procedimiento en caso de caducidad por incumplimiento de contrato o quiebra de la empresa como sucedió con Transaraucarias y Gran Santiago en su momento.
“Estos tratos directos a los que ha llegado el ministro tienen gran controversia, porque yo sostengo entre otros y lo hemos conversado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados con el propio ministro, que el único procedimiento por el cual se pueden entregar concesiones de esta naturaleza es a través de una licitación”.
Las negociaciones del ministerio con las operadoras no serían más que medidas de presión. Si las empresas firman antes del 21 de octubre, extienden su funcionamiento hasta el 31 de diciembre, quienes no, según el diputado Latorre están protegidos por las bases de licitación firmadas el 2003.
“Estas establecen que en una etapa previa antes del término de la concesión, si en un determinado tiempo no se ha llamado a licitación el contrato se debe mantener por un período adicional de seis meses hasta que la licitación tenga lugar”.
Para Ricardo Maldonado, presidente de la Confederación Unitaria de los Trabajadores del Transporte, CONUTT, “el ministro no está siendo serio en esto. Lo que nosotros creemos es que pretende cambiarle los contratos de concesión a los Troncales, y las áreas alimentadoras están siendo las monedas de cambio. Le dice a las empresas operadoras Subus, Alsacia, Express, todos los que son troncales hoy, señores nosotros les ofrecemos distintas áreas alimentadoras, pero sentémonos a negociar los contratos de ustedes”.
A Maldonado le parece extraño este proceso, porque el ministerio ha reconocido que todas las empresas están por sobre el 95% del cumplimiento de las exigencias de funcionamiento. Además, le preocupa la situación incierta en que están los trabajadores que representa.
“El discurso demagógico de la autoridad del Transporte es decir que están preocupados por los trabajadores, que se le van a garantizar sus derechos, pago de indemnizaciones, pago de deudas previsionales, su continuidad laboral, pero en la práctica no se dice ni dónde ni cuándo, y ya el 21 de octubre lo tenemos el próximo fin de semana. Entonces nuestra preocupación sigue siendo, si es que efectivamente hay cambio de operadores, quién va a responder por todo eso”.
El dirigente agrega que si no hay licitación, no se asegura lo que exige la Ley 24.510, que “cualquier empresa que presente una oferta para quedarse con algún tramo al menos debe igualar lo que actualmente tenemos y mejorar las condiciones de trabajo”, señaló Maldonado.
Los trabajadores del Transantiago asistirán el próximo martes a la nueva sesión de la Comisión de Transporte de la cámara baja a plantear los conflictos que vienen denunciando hace bastante tiempo y que creen se pudo haber evitado si la autoridad no se hubiera apartado de la normativa.
El próximo viernes 21 de octubre se terminan los contratos de concesiones que las empresas operadoras firmaron el 2003 para administrar los recorridos alimentadores del Transantiago.
Hasta el momento el ministro de Transporte, Pedro Errázuriz, no ha llamado a licitación pública e insiste en que el trato directo basado en lo que llamado “manifestaciones de interés” por parte de los operadores es totalmente válido y dentro de las atribuciones contempladas en la ley.
Esta situación es cuestionada por el diputado DC Juan Carlos Latorre, quien ve con preocupación que “se está iniciando una discusión bastante fuerte por el procedimiento seguido por el ministerio de Transporte”.
Según el parlamentario, la Ley 20.504 que regula el transporte público concesionado, obliga al ministerio a llamar a licitación pública y sólo se puede utilizar otro procedimiento en caso de caducidad por incumplimiento de contrato o quiebra de la empresa como sucedió con Transaraucarias y Gran Santiago en su momento.
“Estos tratos directos a los que ha llegado el ministro tienen gran controversia, porque yo sostengo entre otros y lo hemos conversado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados con el propio ministro, que el único procedimiento por el cual se pueden entregar concesiones de esta naturaleza es a través de una licitación”.
Las negociaciones del ministerio con las operadoras no serían más que medidas de presión. Si las empresas firman antes del 21 de octubre, extienden su funcionamiento hasta el 31 de diciembre, quienes no, según el diputado Latorre están protegidos por las bases de licitación firmadas el 2003.
“Estas establecen que en una etapa previa antes del término de la concesión, si en un determinado tiempo no se ha llamado a licitación el contrato se debe mantener por un período adicional de seis meses hasta que la licitación tenga lugar”.
Para Ricardo Maldonado, presidente de la Confederación Unitaria de los Trabajadores del Transporte, CONUTT, “el ministro no está siendo serio en esto. Lo que nosotros creemos es que pretende cambiarle los contratos de concesión a los Troncales, y las áreas alimentadoras están siendo las monedas de cambio. Le dice a las empresas operadoras Subus, Alsacia, Express, todos los que son troncales hoy, señores nosotros les ofrecemos distintas áreas alimentadoras, pero sentémonos a negociar los contratos de ustedes”.
A Maldonado le parece extraño este proceso, porque el ministerio ha reconocido que todas las empresas están por sobre el 95% del cumplimiento de las exigencias de funcionamiento. Además, le preocupa la situación incierta en que están los trabajadores que representa.
“El discurso demagógico de la autoridad del Transporte es decir que están preocupados por los trabajadores, que se le van a garantizar sus derechos, pago de indemnizaciones, pago de deudas previsionales, su continuidad laboral, pero en la práctica no se dice ni dónde ni cuándo, y ya el 21 de octubre lo tenemos el próximo fin de semana. Entonces nuestra preocupación sigue siendo, si es que efectivamente hay cambio de operadores, quién va a responder por todo eso”.
El dirigente agrega que si no hay licitación, no se asegura lo que exige la Ley 24.510, que “cualquier empresa que presente una oferta para quedarse con algún tramo al menos debe igualar lo que actualmente tenemos y mejorar las condiciones de trabajo”, señaló Maldonado.
Los trabajadores del Transantiago asistirán el próximo martes a la nueva sesión de la Comisión de Transporte de la cámara baja a plantear los conflictos que vienen denunciando hace bastante tiempo y que creen se pudo haber evitado si la autoridad no se hubiera apartado de la normativa.
El próximo viernes 21 de octubre se terminan los contratos de concesiones que las empresas operadoras firmaron el 2003 para administrar los recorridos alimentadores del Transantiago.
Hasta el momento el ministro de Transporte, Pedro Errázuriz, no ha llamado a licitación pública e insiste en que el trato directo basado en lo que llamado “manifestaciones de interés” por parte de los operadores es totalmente válido y dentro de las atribuciones contempladas en la ley.
Esta situación es cuestionada por el diputado DC Juan Carlos Latorre, quien ve con preocupación que “se está iniciando una discusión bastante fuerte por el procedimiento seguido por el ministerio de Transporte”.
Según el parlamentario, la Ley 20.504 que regula el transporte público concesionado, obliga al ministerio a llamar a licitación pública y sólo se puede utilizar otro procedimiento en caso de caducidad por incumplimiento de contrato o quiebra de la empresa como sucedió con Transaraucarias y Gran Santiago en su momento.
“Estos tratos directos a los que ha llegado el ministro tienen gran controversia, porque yo sostengo entre otros y lo hemos conversado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados con el propio ministro, que el único procedimiento por el cual se pueden entregar concesiones de esta naturaleza es a través de una licitación”.
Las negociaciones del ministerio con las operadoras no serían más que medidas de presión. Si las empresas firman antes del 21 de octubre, extienden su funcionamiento hasta el 31 de diciembre, quienes no, según el diputado Latorre están protegidos por las bases de licitación firmadas el 2003.
“Estas establecen que en una etapa previa antes del término de la concesión, si en un determinado tiempo no se ha llamado a licitación el contrato se debe mantener por un período adicional de seis meses hasta que la licitación tenga lugar”.
Para Ricardo Maldonado, presidente de la Confederación Unitaria de los Trabajadores del Transporte, CONUTT, “el ministro no está siendo serio en esto. Lo que nosotros creemos es que pretende cambiarle los contratos de concesión a los Troncales, y las áreas alimentadoras están siendo las monedas de cambio. Le dice a las empresas operadoras Subus, Alsacia, Express, todos los que son troncales hoy, señores nosotros les ofrecemos distintas áreas alimentadoras, pero sentémonos a negociar los contratos de ustedes”.
A Maldonado le parece extraño este proceso, porque el ministerio ha reconocido que todas las empresas están por sobre el 95% del cumplimiento de las exigencias de funcionamiento. Además, le preocupa la situación incierta en que están los trabajadores que representa.
“El discurso demagógico de la autoridad del Transporte es decir que están preocupados por los trabajadores, que se le van a garantizar sus derechos, pago de indemnizaciones, pago de deudas previsionales, su continuidad laboral, pero en la práctica no se dice ni dónde ni cuándo, y ya el 21 de octubre lo tenemos el próximo fin de semana. Entonces nuestra preocupación sigue siendo, si es que efectivamente hay cambio de operadores, quién va a responder por todo eso”.
El dirigente agrega que si no hay licitación, no se asegura lo que exige la Ley 24.510, que “cualquier empresa que presente una oferta para quedarse con algún tramo al menos debe igualar lo que actualmente tenemos y mejorar las condiciones de trabajo”, señaló Maldonado.
Los trabajadores del Transantiago asistirán el próximo martes a la nueva sesión de la Comisión de Transporte de la cámara baja a plantear los conflictos que vienen denunciando hace bastante tiempo y que creen se pudo haber evitado si la autoridad no se hubiera apartado de la normativa.
