Cinco diputados de oposición se entrevistaron con Patricia Arriagada, Subcontralora de la República, quien recibió denuncias que la comisión de Salud de la Cámara recibiera desde la Federación de Sindicatos de Isapres. Los documentos apuntan un notable abandono de deberes del Superintendente de Salud, Luis Romero, en relación con prácticas irregulares.
La denuncia se basa en la nula fiscalización de la entidad estatal sobre las isapres, las que disminuyen los beneficios de grupos de riesgo, además de adulterar documentos que permitan obtener datos personales de sus afiliados. Los sindicatos denunciaron además prácticas abusivas de sus empleadores para obtener mayores remuneraciones.
El diputado PS Juan Luis Castro, recalcó que el Superintendente, quien es ex ejecutivo de isapre Colmena, ha actuado de forma complaciente en la fiscalización de entidades que registran niveles históricos de utilidad en el último año calendario.
“La Contralora va a recibir un dossier completo que va a profundizar cada una de estas denuncias, lo que permitirá abrir una investigación sobre notable abandono de deberes del Superintendente de Salud, quien fue ejecutivo de isapre Colmena, lo que lo compromete éticamente. No ha ejercido su labor fiscalizadora frente a todas las irregularidades planteadas, asociadas a utilidades escandalosas sobre los 70 mil millones, lo que parece una complacencia de la autoridad para que las isapres hagan un gran negocio con la clase media”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Adriana Muñoz (PPD) detalló las irregularidades de las isapres al privar de planes de salud a distintos grupos de riesgo, lo que constituye una falta constitucional de momento en que se priva el derecho a la salud de quienes se afilian a estas empresas.
Muñoz recalcó que el Superintendente Romero “no está mirando que hay una barrera por sexo, las mujeres que tienen carga tienen planes de salud 40 por ciento más caro con 30 por ciento menos de cobertura. Las personas que ganan menos de 300 mil pesos no pueden incluirse, por edad también se discrimina, esto está cayendo en una grave inconstitucionalidad. La Constitución garantiza el derecho a la salud por igual para todos, y hoy las isapres niegan este derecho a miles de mujeres a través de negar los planes, a miles de trabajadores por no tener ingresos, y a muchas personas por no tener edad”.
El diputado Enrique Accorsi, otro de los asistentes a la reunión, apuntó que desde el Congreso se esperaba una mayor vigilancia sobre las isapres desde la Superintendencia, la que ha hecho vista gorda de estas irregularidades durante el último año, desde que Romero fuese nombrado máxima autoridad de este departamento de gobierno.
Accorsi subrayó que “todo lo que no sea rentable lo están sacando. Las mujeres, los planes con más riesgo, gente que no tiene los medios para pagar los planes. Este es un tema de ajuste económico y esto redunda en ganancias escandalosas. Al Superintendente se le dieron todas las garantías e instrumentos para fiscalizar, pero fiscaliza más al Fonasa que a las isapres”.
La información fue entregada desde la Federación de Sindicatos de Isapres. Su presidenta, Sandra Atensio, denunció distintas presiones desde las isapres para vender más planes, modificando planes que discriminan a sus afiliados.
La dirigente declaró que “el fallo fue claro en descartar y declarar inconstitucional las tablas de factor etario. Pero las isapres se las ingeniaron con la concomitancia de la Superintendencia, porque cambiaron un documento primordial en la afiliación llamado declaración de salud, agregando dos ítem que hacen filtrar por factor de nivel socioeconómico. Estos son nombre de la empresa y actividad del trabajador, eso sucedió para poder discriminar”.
La dirigente recalcó que sus reclamos llevan varios meses sin respuesta, por lo que acudieron a la comisión de Salud de la Cámara, quienes llevaron el reclamo hasta Contraloría con la información, quienes esperan una investigación ante eventuales responsabilidades de Luis Romero, Superintendente de Salud.
Cinco diputados de oposición se entrevistaron con Patricia Arriagada, Subcontralora de la República, quien recibió denuncias que la comisión de Salud de la Cámara recibiera desde la Federación de Sindicatos de Isapres. Los documentos apuntan un notable abandono de deberes del Superintendente de Salud, Luis Romero, en relación con prácticas irregulares.
La denuncia se basa en la nula fiscalización de la entidad estatal sobre las isapres, las que disminuyen los beneficios de grupos de riesgo, además de adulterar documentos que permitan obtener datos personales de sus afiliados. Los sindicatos denunciaron además prácticas abusivas de sus empleadores para obtener mayores remuneraciones.
El diputado PS Juan Luis Castro, recalcó que el Superintendente, quien es ex ejecutivo de isapre Colmena, ha actuado de forma complaciente en la fiscalización de entidades que registran niveles históricos de utilidad en el último año calendario.
“La Contralora va a recibir un dossier completo que va a profundizar cada una de estas denuncias, lo que permitirá abrir una investigación sobre notable abandono de deberes del Superintendente de Salud, quien fue ejecutivo de isapre Colmena, lo que lo compromete éticamente. No ha ejercido su labor fiscalizadora frente a todas las irregularidades planteadas, asociadas a utilidades escandalosas sobre los 70 mil millones, lo que parece una complacencia de la autoridad para que las isapres hagan un gran negocio con la clase media”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Adriana Muñoz (PPD) detalló las irregularidades de las isapres al privar de planes de salud a distintos grupos de riesgo, lo que constituye una falta constitucional de momento en que se priva el derecho a la salud de quienes se afilian a estas empresas.
Muñoz recalcó que el Superintendente Romero “no está mirando que hay una barrera por sexo, las mujeres que tienen carga tienen planes de salud 40 por ciento más caro con 30 por ciento menos de cobertura. Las personas que ganan menos de 300 mil pesos no pueden incluirse, por edad también se discrimina, esto está cayendo en una grave inconstitucionalidad. La Constitución garantiza el derecho a la salud por igual para todos, y hoy las isapres niegan este derecho a miles de mujeres a través de negar los planes, a miles de trabajadores por no tener ingresos, y a muchas personas por no tener edad”.
El diputado Enrique Accorsi, otro de los asistentes a la reunión, apuntó que desde el Congreso se esperaba una mayor vigilancia sobre las isapres desde la Superintendencia, la que ha hecho vista gorda de estas irregularidades durante el último año, desde que Romero fuese nombrado máxima autoridad de este departamento de gobierno.
Accorsi subrayó que “todo lo que no sea rentable lo están sacando. Las mujeres, los planes con más riesgo, gente que no tiene los medios para pagar los planes. Este es un tema de ajuste económico y esto redunda en ganancias escandalosas. Al Superintendente se le dieron todas las garantías e instrumentos para fiscalizar, pero fiscaliza más al Fonasa que a las isapres”.
La información fue entregada desde la Federación de Sindicatos de Isapres. Su presidenta, Sandra Atensio, denunció distintas presiones desde las isapres para vender más planes, modificando planes que discriminan a sus afiliados.
La dirigente declaró que “el fallo fue claro en descartar y declarar inconstitucional las tablas de factor etario. Pero las isapres se las ingeniaron con la concomitancia de la Superintendencia, porque cambiaron un documento primordial en la afiliación llamado declaración de salud, agregando dos ítem que hacen filtrar por factor de nivel socioeconómico. Estos son nombre de la empresa y actividad del trabajador, eso sucedió para poder discriminar”.
La dirigente recalcó que sus reclamos llevan varios meses sin respuesta, por lo que acudieron a la comisión de Salud de la Cámara, quienes llevaron el reclamo hasta Contraloría con la información, quienes esperan una investigación ante eventuales responsabilidades de Luis Romero, Superintendente de Salud.
Cinco diputados de oposición se entrevistaron con Patricia Arriagada, Subcontralora de la República, quien recibió denuncias que la comisión de Salud de la Cámara recibiera desde la Federación de Sindicatos de Isapres. Los documentos apuntan un notable abandono de deberes del Superintendente de Salud, Luis Romero, en relación con prácticas irregulares.
La denuncia se basa en la nula fiscalización de la entidad estatal sobre las isapres, las que disminuyen los beneficios de grupos de riesgo, además de adulterar documentos que permitan obtener datos personales de sus afiliados. Los sindicatos denunciaron además prácticas abusivas de sus empleadores para obtener mayores remuneraciones.
El diputado PS Juan Luis Castro, recalcó que el Superintendente, quien es ex ejecutivo de isapre Colmena, ha actuado de forma complaciente en la fiscalización de entidades que registran niveles históricos de utilidad en el último año calendario.
“La Contralora va a recibir un dossier completo que va a profundizar cada una de estas denuncias, lo que permitirá abrir una investigación sobre notable abandono de deberes del Superintendente de Salud, quien fue ejecutivo de isapre Colmena, lo que lo compromete éticamente. No ha ejercido su labor fiscalizadora frente a todas las irregularidades planteadas, asociadas a utilidades escandalosas sobre los 70 mil millones, lo que parece una complacencia de la autoridad para que las isapres hagan un gran negocio con la clase media”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Adriana Muñoz (PPD) detalló las irregularidades de las isapres al privar de planes de salud a distintos grupos de riesgo, lo que constituye una falta constitucional de momento en que se priva el derecho a la salud de quienes se afilian a estas empresas.
Muñoz recalcó que el Superintendente Romero “no está mirando que hay una barrera por sexo, las mujeres que tienen carga tienen planes de salud 40 por ciento más caro con 30 por ciento menos de cobertura. Las personas que ganan menos de 300 mil pesos no pueden incluirse, por edad también se discrimina, esto está cayendo en una grave inconstitucionalidad. La Constitución garantiza el derecho a la salud por igual para todos, y hoy las isapres niegan este derecho a miles de mujeres a través de negar los planes, a miles de trabajadores por no tener ingresos, y a muchas personas por no tener edad”.
El diputado Enrique Accorsi, otro de los asistentes a la reunión, apuntó que desde el Congreso se esperaba una mayor vigilancia sobre las isapres desde la Superintendencia, la que ha hecho vista gorda de estas irregularidades durante el último año, desde que Romero fuese nombrado máxima autoridad de este departamento de gobierno.
Accorsi subrayó que “todo lo que no sea rentable lo están sacando. Las mujeres, los planes con más riesgo, gente que no tiene los medios para pagar los planes. Este es un tema de ajuste económico y esto redunda en ganancias escandalosas. Al Superintendente se le dieron todas las garantías e instrumentos para fiscalizar, pero fiscaliza más al Fonasa que a las isapres”.
La información fue entregada desde la Federación de Sindicatos de Isapres. Su presidenta, Sandra Atensio, denunció distintas presiones desde las isapres para vender más planes, modificando planes que discriminan a sus afiliados.
La dirigente declaró que “el fallo fue claro en descartar y declarar inconstitucional las tablas de factor etario. Pero las isapres se las ingeniaron con la concomitancia de la Superintendencia, porque cambiaron un documento primordial en la afiliación llamado declaración de salud, agregando dos ítem que hacen filtrar por factor de nivel socioeconómico. Estos son nombre de la empresa y actividad del trabajador, eso sucedió para poder discriminar”.
La dirigente recalcó que sus reclamos llevan varios meses sin respuesta, por lo que acudieron a la comisión de Salud de la Cámara, quienes llevaron el reclamo hasta Contraloría con la información, quienes esperan una investigación ante eventuales responsabilidades de Luis Romero, Superintendente de Salud.
