Los abogados de la ONG Asesoría Ciudadana expondrán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe con 117 casos de abusos policiales, cometidos por Carabineros en las últimas movilizaciones estudiantiles.

El material fue recibido en su portal electrónico y registrado de forma presencial en las comisarías y distintas marchas. En él se da cuenta de actitudes de las fuerzas de orden como la disolución de protestas pacíficas, las detenciones ilegales, la vulneración de garantías de los detenidos, además de casos de amenazas y tratos vejatorios e incluso los llamados “apremios ilegítimos” de los privados de libertad, lo que corresponde a casos de tortura.

Después de la movilización del 4 de agosto, Asesoría Ciudadana escribió una carta a la CIDH dándole a conocer los hechos, y el organismo le recordó al Estado de Chile sus compromisos internacionales y le solicitó un informe.

Nicolás Facuse, miembro de la ONG, se refirió a esta respuesta de las autoridades, e indicó que “es muy lamentable la respuesta, porque el Estado sustenta en motivos económicos, al indicar las protestas han salido tan caras, se ha gastado tanta plata, que es necesario detener la movilización porque es un gasto muy grande para el Estado. Se entregan cifras que no sabemos si son reales, y es una respuesta de la administración hacia este organismo”.

Esta respuesta no les pareció suficiente, por lo que enviaron una segunda misiva y pidieron una audiencia, la que fue concedida para hoy. Durante la tarde, en Washington la organización expondrá sobre dos ejes: la violación a los Derechos Humanos de los ciudadanos y la existencia del Decreto Supremo 1086, que limita el derecho a manifestación y a la libertad pública.

“El decreto supremo es tan vergonzoso para una sociedad democrática, que cuando uno pide autorización para una marcha, tiene que señalar quiénes tomarán la palabra en el acto público. Las fuerzas de orden tienen la facultad de acabar con una manifestación si no se respeta el orden de la palabra estipulado. Otro aspecto ridículo, es la solicitud al Gobierno para realizar una marcha para manifestarnos en contra de ellos mismos”, indicó Facuse.

Esta audiencia ha generado polémica, sobre todo al interior del Gobierno y del bloque oficialista. El senador UDI, Hernán Larraín, indicó que a través de esta audiencia se busca dañar la imagen del país. No obstante, Facuse añadió que los que están dañando el país son quienes no respetan las manifestaciones. “Yo considero que esto es una oportunidad histórica para que el Estado chileno ratifique su compromiso con los Derechos Humanos”, afirmó.