Hace casi siete años se comenzó a elaborar un proyecto de ley que establecía medidas concretas contra la discriminación. El texto ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo del tiempo, siempre buscando los consensos que permitan su aprobación.

Entre los opositores destacan distintas organizaciones religiosas y ultra-conservadoras, principalmente grupos evangélicos, que durante todo este periodo han ejercido presión y logrado frenar su avance en el Congreso Nacional. Frente a esto, la sociedad civil llegó a Valparaíso para presenciar la discusión parlamentaria.

Entre ellos está el Movimiento por la No Discriminación en Chile, recientemente conformado por diversas agrupaciones. Una de ellas es la Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE). Su presidente José Ancalao, afirmó que el inexcusable retraso en la aprobación de la ley es una responsabilidad del pueblo chileno en su conjunto.

“Hay mucha gente que trata de esquivar este tema, pero es algo que involucra a todo el país. La discriminación no sólo atañe a las organizaciones que componen esta coordinación, sino que es algo que Chile en su conjunto tiene que resolver. Los parlamentarios y el Ejecutivo tienen una responsabilidad innegable frente a este asunto. Para poder construir una nación equitativa donde se reconozcan las diferencias culturales, raciales y sexuales, es importante crear los caminos donde se puedan respetar estas diferencias”, sostuvo Ancalao.

Y pese a este apoyo, Shai Agosin, presidente de la comunidad Judía y también miembro del movimiento, criticó duramente el contenido del proyecto, al que calificó como “imperfecto”. “Aquí ha habido manos que han modificado esta ley hasta hacerla inservible en la práctica, pero con un alto valor simbólico”, afirmó.

Agosin sostuvo que en el documento hay varias figuras que no se tipifican. Por ejemplo, hay una sanción en caso de un ataque verbal a una persona, no así cuando se agrede a un grupo, lo que es grave. Además, hay casos donde se anulan los primeros artículos, cuando el abuso se produce en lugares especiales como iglesias o salas de clases. Pero estos son temas menores frente a otros aspectos.

“No existe una institucionalidad, una instancia del Estado que ayude a supervisar, educar e informar acerca de esta ley como pasa, por ejemplo, en el caso específico de las mujeres. En definitiva, todo está quedando en manos de un juez y este tipo de leyes no funcionan así”, afirmó.

Por su parte, la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, añadió que en el actual texto se llegó incluso a anular algunos elementos fundamentales de la ley y que forman parte de las obligaciones internacionales del Estado Chileno.

“Es muy importante que en la votación el Senado sea capaz de defender la prohibición de discriminación por orientación sexual y por identidad de género. La norma por la que se define la discriminación únicamente establece el sexo y la orientación sexual, en circunstancias que el derecho internacional también prohíbe la discriminación por identidad de género. Eso es muy importante que se consagre y sabemos que hay senadores que ya lo han planteado”, dijo la jurista.

La abogada agregó que existe un desconocimiento importante del conjunto de obligaciones internacionales que el Estado ha asumido en materia de Derechos Humanos, lo que impacta cuando al dictar leyes, ya que en ocasiones no se contemplan estos compromisos. “Aquí se trata de generar una buena ley, no de aprobarla para decirle a la OCDE o a la opinión internacional que en Chile está regulado el tema”, concluyó Camila Maturana.