Una deficiente evaluación realizó el Consejo para la Transparencia sobre el acceso a la información pública en las universidades estatales.
El estudio utilizó como marco de referencia la creciente demanda por datos educacionales de parte de la ciudadanía que, por segundo año consecutivo, ubicó los subsidios y beneficios en esta área como una de las temáticas de mayor interés después de Salud y Vivienda.
Y las conclusiones no fueron muy auspiciosas. De los 16 planteles que fueron fiscalizados, entre el 13 y el 20 de octubre de 2011, se obtuvo un promedio de 20, 6 por ciento de cumplimiento de los estándares de la transparencia activa, que incluyen la publicación en la página web corporativa de cada casa de estudios aspectos como la estructura orgánica, la remuneración de sus funcionarios y las auditorias de ejecución de sus Presupuestos. Este último elemento fue el que recibió la peor evaluación, ya que ninguna universidad lo presentaba en sus registros públicos.
La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) obtuvo el mejor puntaje en transparencia con un 59, 3 por ciento, seguida por la Universidad del Biobío y la Universidad de Playa Ancha con un 38,8 y un 36,4 por ciento respectivamente. En tanto, en el fondo del conteo se ubicó la Universidad de Antofagasta que alcanzó sólo un seis por ciento de acatamiento de las disposiciones que la Ley de Acceso a la Información Pública exige a los órganos del Estado.
Indicadores que a juicio del presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, dejan mucho que desear en comparación con el desempeño que han tenido otras instituciones.
“No podemos estar satisfechos porque respecto de los mismos parámetros, los organismos de la administración central del Estado tienden a cumplir el un 94 por ciento de sus obligaciones de transparencia activa, mientras que las universidades estatales en promedio se ubican en torno a un 20 por ciento”, dijo.
Según precisó Ferreiro, estas cifras evidencian la dificultad que tienen las personas para acceder a la información que las normativas consideran relevantes respecto del funcionamiento de los planteles estatales y una falta de respuesta de los requerimientos ciudadanos.
De hecho, de acuerdo a lo que señala el mismo informe del Consejo para la Transparencia las universidades presentan reclamos por transparencia activa que superan en 4,6 veces a los que tienen otras instituciones de educación superior. Por lo mismo, el consejo ha acogido completa o parcialmente un 97 por ciento de los reclamos versus un 76 por ciento de otros organismos.
Los planteles fiscalizados tienen un plazo de diez días para entregar un plan de trabajo que les permita alcanzar el cumplimiento de todas las obligaciones de transparencia activa, las cuales deben estar reflejadas en sus sitios electrónicos en 45 días más.
Una deficiente evaluación realizó el Consejo para la Transparencia sobre el acceso a la información pública en las universidades estatales.
El estudio utilizó como marco de referencia la creciente demanda por datos educacionales de parte de la ciudadanía que, por segundo año consecutivo, ubicó los subsidios y beneficios en esta área como una de las temáticas de mayor interés después de Salud y Vivienda.
Y las conclusiones no fueron muy auspiciosas. De los 16 planteles que fueron fiscalizados, entre el 13 y el 20 de octubre de 2011, se obtuvo un promedio de 20, 6 por ciento de cumplimiento de los estándares de la transparencia activa, que incluyen la publicación en la página web corporativa de cada casa de estudios aspectos como la estructura orgánica, la remuneración de sus funcionarios y las auditorias de ejecución de sus Presupuestos. Este último elemento fue el que recibió la peor evaluación, ya que ninguna universidad lo presentaba en sus registros públicos.
La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) obtuvo el mejor puntaje en transparencia con un 59, 3 por ciento, seguida por la Universidad del Biobío y la Universidad de Playa Ancha con un 38,8 y un 36,4 por ciento respectivamente. En tanto, en el fondo del conteo se ubicó la Universidad de Antofagasta que alcanzó sólo un seis por ciento de acatamiento de las disposiciones que la Ley de Acceso a la Información Pública exige a los órganos del Estado.
Indicadores que a juicio del presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, dejan mucho que desear en comparación con el desempeño que han tenido otras instituciones.
“No podemos estar satisfechos porque respecto de los mismos parámetros, los organismos de la administración central del Estado tienden a cumplir el un 94 por ciento de sus obligaciones de transparencia activa, mientras que las universidades estatales en promedio se ubican en torno a un 20 por ciento”, dijo.
Según precisó Ferreiro, estas cifras evidencian la dificultad que tienen las personas para acceder a la información que las normativas consideran relevantes respecto del funcionamiento de los planteles estatales y una falta de respuesta de los requerimientos ciudadanos.
De hecho, de acuerdo a lo que señala el mismo informe del Consejo para la Transparencia las universidades presentan reclamos por transparencia activa que superan en 4,6 veces a los que tienen otras instituciones de educación superior. Por lo mismo, el consejo ha acogido completa o parcialmente un 97 por ciento de los reclamos versus un 76 por ciento de otros organismos.
Los planteles fiscalizados tienen un plazo de diez días para entregar un plan de trabajo que les permita alcanzar el cumplimiento de todas las obligaciones de transparencia activa, las cuales deben estar reflejadas en sus sitios electrónicos en 45 días más.
Una deficiente evaluación realizó el Consejo para la Transparencia sobre el acceso a la información pública en las universidades estatales.
El estudio utilizó como marco de referencia la creciente demanda por datos educacionales de parte de la ciudadanía que, por segundo año consecutivo, ubicó los subsidios y beneficios en esta área como una de las temáticas de mayor interés después de Salud y Vivienda.
Y las conclusiones no fueron muy auspiciosas. De los 16 planteles que fueron fiscalizados, entre el 13 y el 20 de octubre de 2011, se obtuvo un promedio de 20, 6 por ciento de cumplimiento de los estándares de la transparencia activa, que incluyen la publicación en la página web corporativa de cada casa de estudios aspectos como la estructura orgánica, la remuneración de sus funcionarios y las auditorias de ejecución de sus Presupuestos. Este último elemento fue el que recibió la peor evaluación, ya que ninguna universidad lo presentaba en sus registros públicos.
La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) obtuvo el mejor puntaje en transparencia con un 59, 3 por ciento, seguida por la Universidad del Biobío y la Universidad de Playa Ancha con un 38,8 y un 36,4 por ciento respectivamente. En tanto, en el fondo del conteo se ubicó la Universidad de Antofagasta que alcanzó sólo un seis por ciento de acatamiento de las disposiciones que la Ley de Acceso a la Información Pública exige a los órganos del Estado.
Indicadores que a juicio del presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, dejan mucho que desear en comparación con el desempeño que han tenido otras instituciones.
“No podemos estar satisfechos porque respecto de los mismos parámetros, los organismos de la administración central del Estado tienden a cumplir el un 94 por ciento de sus obligaciones de transparencia activa, mientras que las universidades estatales en promedio se ubican en torno a un 20 por ciento”, dijo.
Según precisó Ferreiro, estas cifras evidencian la dificultad que tienen las personas para acceder a la información que las normativas consideran relevantes respecto del funcionamiento de los planteles estatales y una falta de respuesta de los requerimientos ciudadanos.
De hecho, de acuerdo a lo que señala el mismo informe del Consejo para la Transparencia las universidades presentan reclamos por transparencia activa que superan en 4,6 veces a los que tienen otras instituciones de educación superior. Por lo mismo, el consejo ha acogido completa o parcialmente un 97 por ciento de los reclamos versus un 76 por ciento de otros organismos.
Los planteles fiscalizados tienen un plazo de diez días para entregar un plan de trabajo que les permita alcanzar el cumplimiento de todas las obligaciones de transparencia activa, las cuales deben estar reflejadas en sus sitios electrónicos en 45 días más.
