Con sólo diez días de distancia, fueron presentadas al país dos alternativas de futuro eléctrico para los próximos años: la realizada por la Comisión Ciudadana-Técnico Parlamentaria , que integran senadores de la Comisión de Energía del Senado, varios diputados, organizaciones sociales, ecologistas y académicos especialistas y aquella encargada por el presidente Piñera a su Comisión Asesora para responder a las masivas movilizaciones ciudadanas contra el rumbo del desarrollo eléctrico vigente y, en particular, contra los proyectos Barrancones, Castilla, Los Robles, Alto Maipo e Hidroaysén, entre otros.
Como integrante activa de una de estas comisiones, no puedo dejar de recalcar las abismantes diferencias entre una y otra visión.
La Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria para Política y la Matriz Eléctrica (CCTP), presentó el 7 de noviembre a la ciudadanía y al parlamento su informe “Chile Necesita una Gran Reforma Energética”, que contiene un conjunto de propuestas para reformar el sector eléctrico chileno, eliminar las distorsiones del mercado eléctrico, descarbonizar la matriz y concretar un desarrollo eléctrico bajo criterios de seguridad, equidad, eficiencia, sustentabilidad ambiental y participación democrática.
Diez días después, este 16 de noviembre, se conoció el contenido del informe de la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (CADE) que, aunque reconoce distorsiones en el sector eléctrico, contiene un enfoque autocomplaciente que presenta incoherencias entre el diagnóstico y las propuestas.
Estas optan por el continuismo de la política vigente, cambios cosméticos y la estigmatización de las demandas ciudadanas como el “obstáculo” para la seguridad energética, lo cual al menos es posible de calificar como peligrosamente antidemocrático.
Mientras la CCTP propone reformar el sistema de licitaciones para diversificar la matriz hacia fuentes más limpias, y abrir el mercado eléctrico a nuevos actores para superar la grave concentración y reducir los costos de respaldo de los sistemas eléctricos, el CADE valida la continuación de la generación térmica e hídrica.
Más aún, recomienda realizar muchos proyectos hidroeléctricos en Aysén (6.000MW), y facilitar la generación térmica, determinando lugares donde las empresas puedan instalarse sin oposición y estableciendo carácter “de interés público” a las concesiones de trasmisión para pasar por alto la oposición de propietarios, agricultores y comunidades locales.
Mientras la CCTP aboga por una real política pública de Eficiencia Energética, y la implementación del Plan de Acción 2010-2020 para el logro de 15% de reducción de la demanda, metas vinculantes y medibles, presupuesto acorde, una Ley y una Agencia de carácter público y con sólido mandato para lograr dichas metas; el CADE no considera la Eficiencia en ninguno de sus escenarios eléctricos al 2030, y aunque recomienda cumplir el Plan de Acción , no propone cambios institucionales ni facultades para ello.
En el campo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), nuestra comisión reforzó la necesidad de diversificar y descarbonizar la matriz eléctrica duplicando la actual cuota a 20% de ERNC al año 2020, integrar a los sistemas medianos, licitar los bloques de ERNC en forma separada y patrocinar la moción parlamentaria que hoy se discute en el Senado.
En dirección contraria a estas propuestas, el CADE no ve necesidad de introducir cambios en la ley 20.257, ya que dicha ley “está consiguiendo sus objetivos”, en circunstancias de que el año 2010 sólo se acreditó 1,18 % de ERNC, en vez del 5% que indicaba el fundamento de la ley.
Además expresa tibiamente que “Eventualmente se puede otorgar facultad al Ejecutivo para que aumente dicha meta” (acotándola a no más de 15% al año 2024).
Con respecto a la participación ciudadana y la sociedad chilena frente a las opciones de desarrollo eléctrico, la CCTP constata en su informe que los chilenos rechazan los fundamentos y procedimientos que imperan en la toma de decisiones sobre el desarrollo eléctrico nacional.
En coherencia con ello, e integrando la participación de mesas regionales de energía en Arica-Parinacota, Valparaíso, Santiago, Maule y Aysén, nuestra comisión recomendó incorporar los costos externos de la generación térmica, mediante la implementación de un eco-impuesto; normar las emisiones de metales pesados de las termoeléctricas y regular las tecnologías de enfriamiento. Adicionalmente se hizo un urgente llamado a establecer democráticamente un Ordenamiento Territorial Estratégico para compatibilizar el desarrollo eléctrico con las prioridades del desarrollo regional y local.
Frente a esto, el CADE recomienda una política de Estado orientada a dotar de mayor información a la ciudadanía para que “sean capaces de entender y aceptar los trade offs (es decir, lo que hay que sacrificar) que genera la generación eléctrica” y pide al Estado definir las zonas de sacrificio y proponer mayores compensaciones para las poblaciones afectadas.
Finalmente, el CADE recomienda estudiar la localización y desarrollo institucional para un eventual Programa Nuclear de Potencia, (prioridad política y presupuestaria), lo cual va en dirección contraria a lo expresado por la sociedad chilena, 80% de la cual se opone al desarrollo electro-nuclear; y en contra Acuerdos del Senado y de la Cámara de Diputados (Nº 297 y 298), que en marzo pasado llamaron al presidente Piñera a eliminar la opción nuclear del desarrollo eléctrico nacional.
En el contexto de la divergencia entre las visiones y recomendaciones para nuestro futuro desarrollo eléctrico, es que como miembro de la Comisión Ciudadana Parlamentaria para la Política y la Matriz Eléctrica hago un urgente llamado al Presidente de la República a corregir las distorsiones de la política y el mercado eléctrico vigente, que tiene encadenado a Chile a uno de los sistemas eléctricos más sucios, vulnerables, insustentables y caros del mundo.
Por Sara Larraín
Directora Programa Chile Sustentable
