Luego de la reunión con el Consorcio de Universidades del Estado, el presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, hizo un emplazamiento al Congreso para que la Ley de Presupuesto no se convierta en un retroceso y que se transforme en un avance concreto de un proceso de movilización histórico.

Jackson indicó que se debe poner acento en el financiamiento a la oferta, es decir, el aporte fiscal directo que indicó “debe aumentar considerablemente”, así como los aportes basales a las universidades públicas.

Jackson además se refirió a los temas omitidos, tanto de las propuestas del gobierno como de la oposición, e indicó que “hay temas ausentes que para nosotros son relevantes, como la continuidad de la asignación del aporte fiscal indirecto, casi 40 millones de dólares, asignado por un criterio de PSU, que creemos debe ser modificado o eliminado. Lo otro es la demanda de pueblos originarios, lo que tiene que ver con aumentar la Beca Indígena, asignar presupuesto a hogares indígenas y avanzar en las propuestas de derechos lingüísticos que hoy están ausentes de la propuesta de ambos sectores”.

El dirigente estudiantil advirtió que si bien están consientes que la discusión en el Congreso no implica realizar los cambios estructurales que el país necesita, deben agotar todas las instancias institucionales para que el Gobierno reaccione y aproveche la última oportunidad de recoger las demandas estudiantiles en el Presupuesto 2012.

El Presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Juan Manuel Zolezzi, insistió en la necesidad de fortalecer la educación pública, ponerle fin al autofinanciamiento de las universidades y al endeudamiento de las familias, y advirtió que están luchando para incorporar al presupuesto la gratuidad hasta el séptimo decil.

El rector de la Universidad de Santiago salió al paso de las críticas de las universidades privadas, para quienes solicitar aportes basales sólo a las instituciones del Estado es salirse de la tradición. “La tradición está rota hace mucho tiempo, las estatales tienen una carga de gestión impuesta por el Estado que es muy costosa, que alcanza incluso un 30 por ciento del Presupuesto, lo que provoca un desequilibrio. Las universidades privadas del Cruch están en su derecho de plantear igualdad, y nosotros luchar porque los recursos estén disponibles para las universidades estatales”.

Críticas a Informe de Transparencia
Por otro lado, Zolezzi rechazó categóricamente el informe que fijó en tan sólo un 20 por ciento el nivel de transparencia de las universidades estatales, afirmando que éste se dio a conocer en una situación muy “de marketing”, donde no se contempló un aviso previo, capacitación a los actores sobre la presentación de la información, lo que sí hizo con otras instituciones. Esto además de dejar en evidencia problemas serios metodológicos en la realización del estudio.

“La metodología aplicada por el Consejo de Transparencia arroja un desconocimiento de las particularidades de las universidades estatales, y conduce a errores al exigir publicar antecedentes que no son aplicables a estas instituciones. La metodología omite valorar información disponible, entidades como el Comité de Acreditación, que reúnen todos los antecedentes para trámites de acreditación. Si se aplicaran estas correcciones, nuestras universidades estarían por sobre un 50 por ciento como mínimo de aprobación”, indicó.

Pese a esto, Zolezzi indicó que están dando cumplimiento al plan de trabajo que se les solicitó, aunque el Consejo para la Transparencia no los ha llamado a aclarar esta situación.