En julio de 2009, el presidente de la Asociación de ex funcionarios de Enami (hoy Codelco) Luis Eduardo Pino, un centenar de viudas de ex-funcionarios  y el abogado Raúl Meza presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección en contra de quién era presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano y su directorio.

El recurso reclamó la vulneración de la garantía constitucional del “Derecho a la Vida y a la integridad física y psíquica de los habitantes de las Comunas de Quintero y Puchuncaví”.

Durante estos años, los afectados han advertido de la grave y peligrosa  contaminación ambiente al que genera la refinería de Ventanas perteneciente a Codelco lo que se ha visto reflejado en preocupantes consecuencias de salud en funcionarios que laboran en estas faenas mineras.

En una nueva fase de este extenso proceso, el Juzgado de Garantía de Quintero desarrolló una audiencia judicial para revisar tres temas: solicitud de incompetencia que hizo el Ministerio Público sobre el conocimiento de los hechos respecto al tribunal, petición del querellante existían diligencias pendientes y que el Ministerio Público pediría el sobreseimiento definitivo de 22 de los 29 casos presentados.

Raul Meza detalló la decisión tomada del primer tema y dijo que “el Ministerio Público estimó que la comisión de estos delitos se produjo con anterioridad a la Reforma Procesal Penal. Nuestra postura frente a esta solicitud fue oponernos a la incompetencia en el entendido del cuasi delito de homicidio que se está investigando por el Ministerio Público desde el punto de vista de su consumación se produjo con posterioridad al 16 de diciembre de 2006, esto es que las muertes se produjeron durante la vigencia de la Reforma Procesal Penal”.

Para el abogado es importante tomar el caso desde el sistema nuevo porque eso le entregará mayor celeridad y la posibilidad de que exista un fiscal dedicado a la investigación.

“La resolución judicial perjudica claramente los intereses y objetivos que teníamos como querellantes. Sin embargo, esta resolución judicial no está a firme, ni ejecutoriada. Nosotros vamos a apelar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso para que revoque este fallo y restituya la competencia de estos 27 casos, ya que, no compartimos el criterio jurídico penal establecido en la resolución judicial por parte del tribunal de garantía”, explicó el jurista.

Meza concluyó que “los familiares recibieron con tristeza y desilusión esta resolución judicial. Efectivamente, hoy día hay  una causa pendiente que puede constituir  un retroceso, pero  tienen la expectativa que la corte de apelaciones revoque este fallo y pueda restituirla al sistema”.