Son siete los recursos de protección que el Consejo de Defensa de la Patagonia presentó ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la que rechazó el recurso, por lo que los ambientalistas llegaron a la última instancia de la justicia nacional para que esto se revise.

Se trata de las irregularidades cometidas en la evaluación del proyecto HidroAysén, sobre la afectación del Parque Nacional Laguna de San Rafael, el impacto demográfico, sobre el Huemul, los pescadores y sobre la fragmentación del proyecto que, recordemos, se dividió en generación (con las centrales) y transmisión.

El diputado Patricio Vallespín, integrante de la Comisión Investigadora sobre HidroAysén, confirmó la existencia de irregularidades conforme a la investigación que próximamente entregarán a la ciudadanía, y apuntó que “hubo irregularidades que tienen que ver con modificaciones de informes elaborados a nivel regional que eran de rechazo que fueron modificados a nivel nacional sin ningún antecedente técnico que amerite el cambio en el informe. Esto se ve en Vivienda, en Conaf, Mideplan y Sernageomin, lo que nos parece una situación irregular, arbitraria, y eso la Corte tendrá que modificarlo”.

El diputado añadió que encontraron inhabilidades netamente de carácter simbólico, como Seremis que decían estar inhabilitados, pero seguían siendo jefes de las instituciones y presionaban para que se cambiaran los informes y fueran favorables al proyecto.

Por su parte, el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo se mostró confiado y advirtió que no ser así llegará a Cortes Internacionales, además de insistir por la vía penal. “Confiamos en que se aplique el derecho y que este recurso sea acogido. En caso de confirmarse la sentencia, nosotros evaluamos acudir a instancias internacionales, en materia penal hemos descubierto que operó una organización criminal que no sólo incurrió en ilegalidades, sino que cometió delitos para aprobar el proyecto”, indicó.

El abogado advirtió también que posiblemente el proceso será largo, tal como ocurrió en Puerto Montt y que podrían extenderse durante toda esta jornada y la mañana del próximo lunes.

Hoy se realizarán los alegatos de los siete recursos de protección interpuestos por el Consejo de Defensa de la Patagonia ante la Corte Suprema por las irregularidades con las que contaría el mega proyecto energético HidroAysén.

Obispo Infanti arremete contra el Estado
El obispo de Aysén Luis Infanti es uno de los férreos opositores al proyecto hidroeléctrico que la empresa transacional ENER, ex Endesa, busca instalar en el río Baker. Su postura ha incomodado incluso a la Iglesia Católica, ya que Infanti ha desnudado los conflictos políticos que rodean la aprobación de Hidroaysén.

Entrevistado por Juanita Rojas y Felipe Pozo en Radioanálisis, Luis Infanti apuntó a la empresa transnacional dueña del proyecto, la que incluso tiene un 30 por ciento de participación estatal, convirtiendo el conflicto en un asunto de soberanía para el país.

El obispo apuntó que “hoy ser dueño del agua es tener un gran poder, y por eso que en Chile el 82 por ciento del agua es privada, propiedad de transnacionales, y en Aysén, uno de los lugares privilegiados en agua, el 96 por ciento en manos de una transnacional italiana, Ener, y más aún que es privada y estatal. Por lo tanto, veo también un problema de soberanía, ya que el Estado Italiano está involucrado con la propiedad del agua en Chile”.

El sacerdote destacó la red de influencia que tiene el proyecto para su aprobación, aun cuando en Chile el lobby no está regulado y son muchas las irregularidades denunciadas en el estudio de su impacto ambiental.

Ante ello, Infanti denunció la fuerte influencia de los grupos económicos en distintos poderes del Estado, y subrayó que “hay monopolio económico que presiona fuertemente a los políticos, lo digo por mi experiencia en Aysén no por teoría, y presionan al Poder Judicial. Son tres poderes unidos que se apoyan para mantener este sistema, que todos nos damos cuenta que es incómodo, pero ya hemos visto reacciones que se manifiestan en todo el país”.

Infanti apuntó sobre un cambio de mentalidad en los chilenos no sólo para denunciar, sino también para mejorar sus hábitos de consumo, y declaró que “hay que buscar opciones no sólo económicas, sino también éticas. Seguimos destruyendo el poco planeta que tenemos o buscamos alternativas, una decisión no sólo de las grandes empresas, no de un Gobierno, sino del Estado. Todos tenemos que intervenir por una mayor austeridad en nuestros estilos de vida”.