Luego de casi 15 horas de audiencia en la Sala 101 del Edificio D del Centro de Justicia, la jueza María Verónica Orozco decretó prisión preventiva durante ocho meses contra los tres ex ejecutivos de La Polar, Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno.

Los hombres fueron trasladados al Penal de Santiago 1, mientras que María Isabel Farah pasará los ocho meses en el recinto para mujeres de San Joaquín.

Los otros dos imputados en la causa que lleva el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, Santiago Grage y Nicolás Ramírez, habían el miércoles quedado con arraigo metropolitano, arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercamiento entre ellos.

Extensa jornada

A las 9 de la mañana se había iniciado la formalización contra los tres ex ejecutivos de La Polar, investigados por la Fiscalía Centro Norte como autores de los delitos de lavado de dinero, entrega de información falsa al mercado e infracciones a la Ley de Bancos.

Los 19 abogados querellantes tuvieron 10 minutos para hacer sus intervenciones y todos pidieron prisión preventiva para los acusados. El primero fue Luis Eduardo Villarroel, el primer querellante del caso, quien sostuvo que los imputados realizaron operaciones en el último tiempo para ocultar las ganancias que obtuvieron.

Por su parte, el abogado Jairo Casanova, representante de la organización Justicia y Consumo, recordó que entre los afectados por el caso La Polar se encuentran los cotizantes de AFPs. En esa línea, el abogado de AFP Capital, Gabriel Zaliasnik, dijo que las operaciones de los ex ejecutivos de La Polar se comparan con las prácticas del narcotráfico para lavar dinero.

En tanto, el abogado Tomás Fabres, de Chile Ciudadano, cuestionó a la Fiscalía por defender los intereses de los inversionistas, según sostuvo, y no “a los 980 mil ciudadanos que fueron estafados y siguen con sus deudas”.

Los juristas que representan a accionistas minoritarios criticaron que La Polar se presente como “víctima” en el caso y añadieron que la responsabilidad corresponde a la personalidad jurídica, por lo que resulta cuestionable que la empresa sea querellante en la causa.

Davor Harasic, abogado de la misma empresa La Polar, señaló que Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah actuaban como una “pandilla” y consideró que es “un insulto a la inteligencia” pensar que los ex ejecutivos no estaban enterados de las repactaciones, ya que éstas se hacían justamente antes de entregar los estados financieros a las instituciones reguladoras.

“En La Polar no se podía hacer nada distinto a lo que Alcalde, Farah, Moreno, Ramírez y Grage disponían. Era tal el poder que tenían que hacían lo que querían. Este grupo de pandilla impuso un modelo de negocio para poder lucrar de él de la forma que lo hicieron”, indicó.

“Su señoría, nadie se explicaría en Chile si Alcalde, Moreno y Farah salieran caminando del tribunal para su casa. Nuestro sistema penal está hecho, nos guste o no, para que personas como Alcalde, Moreno y Farah queden en prisión preventiva”, dijo Davor Harasic.

Pasado el mediodía comenzaron las intervenciones de los abogados defensores. El primer turno fue para Daniel Praetorius, abogado de Pablo Alcalde, quien descartó que éste haya lavado dinero, añadió que “no obstante Alcalde estaba dentro de la compañía, pudo no haber visto todo” e incluso señaló que las repactaciones son parte de la industria del retail.

Durante la tarde fue el turno del defensor de María Isabel Farah,  Alex Caroca, quien insistió en que era imposible que la ex ejecutiva tuviese conocimiento de lo que estaba pasando. El abogado responsabilizó al área financiera y a los encargados de cobranza como los culpables de lo que estaba ocurriendo.

“Estamos hablando de repactaciones donde al cliente no se le hace la cobranza, se sustituye por una repactación al interior de la empresa, que con posterioridad se determinó hacerlo sobre un programa computacional. Las repactaciones unilaterales significaban no cobrar,  entonces quienes no lo hacían eran los encargados de cobranza. Ellos  dejaron de cobrar y ahí en consecuencia es en donde se produjo esta burbuja”, comentó Caroca.

El abogado agregó que incluso el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno, reconoció- antes que comenzara el proceso judicial – que la decisión de implementar este mecanismo había sido de él. “Si un cliente no pagaba, tenía que ir avanzando y por lo tanto, iba a llegar el momento en que iba a tener que ser castigado al cumplir el año sin pagar nada. Pero quienes no cobraban mantenían estos clientes de esta cartera “al día” que ellos manejaban. La cuenta final que tenía que ir a los 360 días (sin pagar deuda) obviamente debió haber sido mayor y ahí estuvo el engaño que sufrió mi representada”, dijo.

De acuerdo a lo que explicó durante su exposición el cálculo de las provisiones se realizaba en relación a la información obtenida a través de la gerencia de informática, a la que llegaban datos “erróneos” desde la gerencia de productos financieros, por lo que no había posibilidad de ver la veracidad de éstos.

El abogado indicó que en 2009, Farah se había percatado que con la apertura de 14 tiendas en tres años había un déficit de 40 mil millones de pesos y que ella misma habría impulsado una investigación y encarado a los responsables. Finalmente comentó que el delito es “irracional desde el punto de vista económico, ya que en vez de producir beneficios trajo perjuicios a los imputados”.

Por su parte, el defensor de Julián Moreno, Miguel Chávez, se mostró sorprendido por las hipótesis barajadas por los juristas de los co-imputados, quienes dejaron caer en Moreno la responsabilidad sobre lo ocurrido en la multitienda.

Chávez señaló que es “burdo” imaginar toda esta información no eran de conocimiento del superior jerárquico de Moreno, el ex presidente de La Polar Pablo Alcalde, y de la gerenta que era la encargada de realizar los estados financieros.

De todas formas, Chávez reconoció que Julián Moreno tenía conocimiento de que se estaban realizando repactaciones unilaterales desde 2008 y que, en su momento, las había calificado como “prácticas no deseables”.

Después de eso, Moreno habría solicitado la asesoría de un grupo de juristas que le aseguraron que el mandato que firmaban los clientes cuando pedían una tarjeta de crédito permitía estas prácticas y que, por lo mismo, el ex gerente de Productos Financieros  no las consideró como un ilícito.