El fin de semana navideño no sirvió para decantar la polémica en torno a una grabación filtrada de una sesión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, donde el ex presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, descarta enviar los antecedentes para investigar una eventual colusión entre tres empresas inmobiliarias que se han adjudicado el 83 por ciento de los contratos con el Poder Judicial.
El polémico audio provocó el inicio de una indagación de la Fiscalía Centro Norte y volvió a poner los ojos del Gobierno en las instituciones de este poder del Estado.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que las declaraciones “donde (Juica) expresa que de entregar toda la información al Ministerio Público podría ‘irse todo a las pailas’, porque se incautarían los computadores, son delicadas. Esto ha llamado mucho la atención a la opinión pública y no puedo hacerme el desentendido como ministro del Interior”.
El secretario de Estado hizo un llamado a la celeridad en la investigación y afirmó que esta debería ser la oportunidad para que el Poder Judicial transparente sus gestiones y, de paso, se aclaren los dichos de Juica.
Por su parte, el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, dijo que “lo que hay que entender es que se producen diálogos coloquiales y que éstos representan los momentos de trabajo del órgano directivo”.
El titular de Justicia agregó que “todo aquello que aporte a la transparencia con la mayor celeridad posible es positivo para los entes involucrados. El desafío de una mejor gestión de los fondos públicos, en cuanto a su eficacia y eficiencia, es una tarea que está pendiente en todos los organismos del Estado, y todo lo que se haga en ese sentido es positivo”.
Contraloría
En tanto, el diputado UDI anunció este sábado que recurriría a Contraloría para que iniciara una indagación paralela a la de la fiscalía para que se esclarezca la situación de los contratos en el Poder Judicial.
“En Chile se necesita que se aplique mano dura en los casos de corrupción y lo que nosotros esperamos es que obviamente aquí el sistema jurídico opere y funcione. Esperamos que por lo menos el ex presidente de la Corte Suprema haga un mea culpa”, sostuvo el parlamentario.
Sin embargo, la iniciativa tuvo un eco inmediato entre los jueces. El presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, afirmó que el órgano contralor no tiene las facultades para inmiscuirse en este asunto y comentó que la actitud de Hasbún era solo una estrategia mediática.
“Yo creo que el diputado Hasbún seguramente está mal asesorado en estos temas, porque debiera saber que la Contraloría no tiene facultades para investigar hechos acaecidos al interior del Poder Judicial. Claramente lo que se busca es una figuración de carácter mediático y explotar este nicho ante la opinión pública”, indicó.
Llanos reiteró que la Corte Suprema ya puso a disposición todos los antecedentes sobre el caso.
El fin de semana navideño no sirvió para decantar la polémica en torno a una grabación filtrada de una sesión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, donde el ex presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, descarta enviar los antecedentes para investigar una eventual colusión entre tres empresas inmobiliarias que se han adjudicado el 83 por ciento de los contratos con el Poder Judicial.
El polémico audio provocó el inicio de una indagación de la Fiscalía Centro Norte y volvió a poner los ojos del Gobierno en las instituciones de este poder del Estado.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que las declaraciones “donde (Juica) expresa que de entregar toda la información al Ministerio Público podría ‘irse todo a las pailas’, porque se incautarían los computadores, son delicadas. Esto ha llamado mucho la atención a la opinión pública y no puedo hacerme el desentendido como ministro del Interior”.
El secretario de Estado hizo un llamado a la celeridad en la investigación y afirmó que esta debería ser la oportunidad para que el Poder Judicial transparente sus gestiones y, de paso, se aclaren los dichos de Juica.
Por su parte, el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, dijo que “lo que hay que entender es que se producen diálogos coloquiales y que éstos representan los momentos de trabajo del órgano directivo”.
El titular de Justicia agregó que “todo aquello que aporte a la transparencia con la mayor celeridad posible es positivo para los entes involucrados. El desafío de una mejor gestión de los fondos públicos, en cuanto a su eficacia y eficiencia, es una tarea que está pendiente en todos los organismos del Estado, y todo lo que se haga en ese sentido es positivo”.
Contraloría
En tanto, el diputado UDI anunció este sábado que recurriría a Contraloría para que iniciara una indagación paralela a la de la fiscalía para que se esclarezca la situación de los contratos en el Poder Judicial.
“En Chile se necesita que se aplique mano dura en los casos de corrupción y lo que nosotros esperamos es que obviamente aquí el sistema jurídico opere y funcione. Esperamos que por lo menos el ex presidente de la Corte Suprema haga un mea culpa”, sostuvo el parlamentario.
Sin embargo, la iniciativa tuvo un eco inmediato entre los jueces. El presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, afirmó que el órgano contralor no tiene las facultades para inmiscuirse en este asunto y comentó que la actitud de Hasbún era solo una estrategia mediática.
“Yo creo que el diputado Hasbún seguramente está mal asesorado en estos temas, porque debiera saber que la Contraloría no tiene facultades para investigar hechos acaecidos al interior del Poder Judicial. Claramente lo que se busca es una figuración de carácter mediático y explotar este nicho ante la opinión pública”, indicó.
Llanos reiteró que la Corte Suprema ya puso a disposición todos los antecedentes sobre el caso.
El fin de semana navideño no sirvió para decantar la polémica en torno a una grabación filtrada de una sesión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, donde el ex presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, descarta enviar los antecedentes para investigar una eventual colusión entre tres empresas inmobiliarias que se han adjudicado el 83 por ciento de los contratos con el Poder Judicial.
El polémico audio provocó el inicio de una indagación de la Fiscalía Centro Norte y volvió a poner los ojos del Gobierno en las instituciones de este poder del Estado.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que las declaraciones “donde (Juica) expresa que de entregar toda la información al Ministerio Público podría ‘irse todo a las pailas’, porque se incautarían los computadores, son delicadas. Esto ha llamado mucho la atención a la opinión pública y no puedo hacerme el desentendido como ministro del Interior”.
El secretario de Estado hizo un llamado a la celeridad en la investigación y afirmó que esta debería ser la oportunidad para que el Poder Judicial transparente sus gestiones y, de paso, se aclaren los dichos de Juica.
Por su parte, el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, dijo que “lo que hay que entender es que se producen diálogos coloquiales y que éstos representan los momentos de trabajo del órgano directivo”.
El titular de Justicia agregó que “todo aquello que aporte a la transparencia con la mayor celeridad posible es positivo para los entes involucrados. El desafío de una mejor gestión de los fondos públicos, en cuanto a su eficacia y eficiencia, es una tarea que está pendiente en todos los organismos del Estado, y todo lo que se haga en ese sentido es positivo”.
Contraloría
En tanto, el diputado UDI anunció este sábado que recurriría a Contraloría para que iniciara una indagación paralela a la de la fiscalía para que se esclarezca la situación de los contratos en el Poder Judicial.
“En Chile se necesita que se aplique mano dura en los casos de corrupción y lo que nosotros esperamos es que obviamente aquí el sistema jurídico opere y funcione. Esperamos que por lo menos el ex presidente de la Corte Suprema haga un mea culpa”, sostuvo el parlamentario.
Sin embargo, la iniciativa tuvo un eco inmediato entre los jueces. El presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, afirmó que el órgano contralor no tiene las facultades para inmiscuirse en este asunto y comentó que la actitud de Hasbún era solo una estrategia mediática.
“Yo creo que el diputado Hasbún seguramente está mal asesorado en estos temas, porque debiera saber que la Contraloría no tiene facultades para investigar hechos acaecidos al interior del Poder Judicial. Claramente lo que se busca es una figuración de carácter mediático y explotar este nicho ante la opinión pública”, indicó.
Llanos reiteró que la Corte Suprema ya puso a disposición todos los antecedentes sobre el caso.
