Comenzó la audiencia de alegatos entorno a los recursos de protección puestos por más de mil doscientas personas de la región Metropolitana, y más de quinientas en cada una de las regiones de Coquimbo y Biobío, presentados hace seis meses y que fueron acogidos por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los abogados Luis Arteaga, Constanza Lizama y Pablo Villar lideran los alegatos que fueron admitidos por la Corte de Apelaciones y que apuntan a la derogación de un decreto establecido por el Gobierno con el que se accede a datos privados de los afectados.

Pablo Villar en base al mismo decreto señaló que se discrimina sin basarse en criterios económicos, concediéndole el beneficio y a otros no según el tiempo en que se postuló.

“Por lo que es discriminatorio porque vulnera el principio de la igualdad por otro lado obligan a firmar un mandato al Serviu para que pueda investigar todos los datos personales, como por ejemplo, el secreto bancario, secreto tributario. Eso es muy especial, para los deudores todo y para el Estado nada”, señaló Villar.

Los deudores habitacionales reclaman que por años se ha bancarizado sus demandas de vivienda social, con tazas imposibles de pagar, y cuyos intereses han sobrepasado el valor inicial de las casas adquiridas por subsidio.

La abogada Constanza Lizama explica que – pese a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran todas aquellas personas que no han podido acceder al beneficio de condonación de la deuda, que es el mayoritario, ya comenzaron los desalojos, y en algunos casos, las familias se han tenido que tomar sus viviendas para no quedar en situación de allegados.

“Este año y para ejecutarse el próximo año se definió la política del desalojo. Todos aquellos deudores habitacionales que mantengan deudas importantes con los bancos serán desalojados de sus viviendas, ya se están empezando a emitir las cartas de desalojo a los distintos deudores habitacionales  generando un importante grupo, lo que representa a su vez el problema social, porque van a tener que vivir como allegados, que es lo que las políticas habitacionales de cualquier país en vías de desarrollo, como se dice ser Chile, debería evitar”, explicó la abogada Lizama.

Roxana Miranda, dirigenta nacional de Andha Chile a Luchar Democrático,  tiene esperanzas en que la Corte de Apelaciones acoja los recursos, sin embargo, ya tienen una línea de acción en caso de que el resultado sea negativo para sus aspiraciones.

“Si nos va bien y la Corte lo acoge para nosotros es un escenario espectacular, porque nos permitiría exigir la condonación de la deuda y estamos planteando un nuevo decreto para conseguir la condonación de estas nuevas familias. Si la Corte no acoge el recurso vamos a tomar estas mismas causas y nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado chileno”, indicó Miranda.

En este escenario, la organización de deudores habitacionales presentará una demanda en contra de la ex ministra Magdalena Matte, el ministerio de Vivienda y el Presidente Sebastián Piñera por aprobar el Decreto Supremo N°12 que permite la condonación de la deuda.

Solución que el mismo senador Eugenio Tuma, presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, consideró fallido y necesario de modificar porque deja fuera mucha gente.

“Se les conminó a adquirir un crédito con altos intereses a través de la banca privada y no han resuelto su tema por cuanto la capacidad de pago que han tenido ha sido insuficiente, los intereses han sido altísimos y el tratamiento que el Estado le ha dado a estos ‘beneficiarios’ de un subsidio del Estado les ha perjudicado más que lo ha beneficiado”, precisó el parlamentario.

La gran cantidad de recursos presentados individualmente hará que la audiencia de alegatos demore bastante, proceso durante el que los afectados han anunciado movilizaciones para presionar por una solución.