Hinzpeter al banquillo por acusaciones contra mapuche

El ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, fue citado junto a su par de Agricultura, Luis Mayol, a una Sesión Especial de la Cámara de Diputados, donde se le interrogó respecto a declaraciones que vincula a grupos mapuche con la eventual autoría de los incendios en Araucanía, argumentos que también son requeridos por la Corte de Apelaciones.

El ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, fue citado junto a su par de Agricultura, Luis Mayol, a una Sesión Especial de la Cámara de Diputados, donde se le interrogó respecto a declaraciones que vincula a grupos mapuche con la eventual autoría de los incendios en Araucanía, argumentos que también son requeridos por la Corte de Apelaciones.

El trabajo en comisiones y las inasistencias diezmaron el pleno de la Cámara de DIputados que recibió a los ministros de Interior y Agricultura a una sesión especial donde se discutiría el operativo de Gobierno respecto a los incendios forestales y la declaración del ministro Hinzpeter, quien apuntó a una eventual autoría de grupos mapuche en el inicio de las llamas.

La citación del ministro a la Cámara de Diputados es la antesala a la situación que debe enfrentar en materia judicial, luego que la Corte de Apelaciones solicitara que, en un plazo de 48 horas, Rodrigo Hinzpeter entregue un informe con antecedentes que expliquen la vinculación de los incendios con grupos mapuche.

La oposición no contó con las intervenciones necesarias para presionar un pronunciamiento mayor del titular de Interior respecto a estas acusaciones. Por el contrario, el titular de Interior negó tajantemente hacer una alusión directa a grupos mapuche, y señaló que la querella va dirigida “contra quienes resulten responsables”.

“No es este gobierno aquel que invocó reiteradamente la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche, es este Gobierno el que se ha desistido de esta ley en contra del pueblo mapuche. Este Gobierno ha presentado una querella criminal cuando hay siete compatriotas muertos contra quienes resulten responsables, y es este ministro del Interior que ha reiterado cinco o seis veces en un lapso de quince horas, a distintos medios, que no toca al ministerio de Interior sindicar responsables, sino a los tribunales de justicia”, declaró.

Rodrigo Hinzpeter argumentó que no es intención de este Gobierno hacer uso de la Ley Antiterrorista contra grupos mapuche, una situación que fue objetada por los parlamentarios de oposición, quienes no tuvieron respuesta ante la arremetida del ministro de Interior, quien apuntó que gobiernos anteriores aplicaron esta ley contra comuneros mapuche.

El jefe de Gabinete señaló que “he sido el ministro que ha desistido de acciones antiterroristas en contra del pueblo mapuche. Es este ministro el que desiste de estas acciones, fue otro gobierno, y ustedes saben qué gobierno fue, el que invocó la Ley Antiterrorista en contra del pueblo mapuche”.

Por contraparte, el diputado PS Marcelo Monsalve pidió un poco de humildad al ministro de Interior, quien subrayó que si bien las acusaciones no fueron explícitas, si dejan ver la intención del Ejecutivo por esta vinculación, tal como lo demuestra la interpretación de distintos medios de prensa en el mundo, los que recalcaron las palabras de un ministro de Estado que acusa de incendios premeditados a grupos indígenas.

Monsalve apuntó que “si el ministro considera que sus declaraciones no contenían esa intención, debe reconocer que produce ese efecto. Hay que dejar la soberbia porque si uno no quería producir ese efecto, entonces corresponde pedir disculpas al producirlo. Y no he escuchado eso, el pueblo mapuche merece una disculpa por los efectos que han tenido las palabras del ministro Hinzpeter”.

La sesión culminó con tres protocolos de acuerdo entre los parlamentarios, los que establecen una ayuda económica a los campesinos de la VII, VIII y IX regiones que vieron afectada su fuente de trabajo por los incendios. Otro proyecto solicita modificar el Código Penal y aumentar el plan de acción ante incendios forestales desde Conaf, y un tercer acuerdo exige una investigación y penas ejemplificadoras contra los responsables de los incendios que acabaron con la vida de siete brigadistas en Carahue.





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