El gobierno y la oposición desviaron hacia la arena política, mediática y electoral temas como el terremoto y maremoto de febrero del 2010 y los extendidos incendios forestales en el sur del país. De tal manera que, otra vez, quedaron eclipsadas las estrategias anti desastres que deberían desarrollarse en Chile, país caracterizado por fenómenos sísmicos y climáticos que generan diversidad de acontecimientos que afectan a la población y la infraestructura.

En estos días se emitieron muchas palabras de personeros gubernamentales, legisladores y políticos para acusar a tal o cual y pretender obtener tributo electoral comunicacional a costa de los desastres. Unos concentrando ataques en Michelle Bachelet, otros culpando a organizaciones mapuches y reivindicando la Ley Antiterrorista, no pocos exigiendo eficiencia en la reconstrucción, sin faltar quienes aseveraron que todo esto se pagará o se medirá en las elecciones.

Ciertamente que se comprobó –y por eso se investigó y se formalizó- irresponsabilidades y no cumplimiento de funciones de encargados de entidades de emergencia y de servicio al país. Si hasta el Comandante en Jefe de la Armada confesó en una comisión del Congreso que él se fue a dormir, por la información que le dieron, mientras literalmente el país y zonas marítimas estaban en el caos y la destrucción.

Pero detrás de aquello están los problemas estructurales que ya fueron denunciados y visibilizados por expertos nacionales y extranjeros. Desde cuestiones macro, como la precariedad de presupuesto y tecnología, hasta temas micro como que en puestos tácticos vitales se coloca a personal que no maneja idiomas (en esto es fundamental saber inglés) o se recurre a muchachos sin experiencia como ocurre con la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

El 27/F, por ejemplo, fallaron las redes de comunicaciones –total o parcialmente- de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Presidencia de la República, hubo errores y ausencias de protocolos ante desastres, mala gestión operativa del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) y la Armada, ausencia o retraso en insumos y acceso a elementos para actuar (como el retraso en helicóptero para la Presidenta), improvisaciones de alto calibre como se demostró en videos de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI). La burocracia de esos organismos y del Estado, no pudo con la emergencia y hasta se comprobó la falta de planes en la conexión de todo tipo y coordinación con Gobernaciones, Intendencias y Municipalidades.

Un asunto no menor es que en Chile altas responsabilidades en organismos de prevención y/o atención de emergencias quedan a merced de consideraciones de cuoteo o designación política de gobiernos de turno, como ocurre en entidades estratégicas como son CONAF y ONEMI.

Para expertos, el presupuesto de 26 millones de dólares y la existencia de mil 500 brigadistas no es suficiente para que CONAF pueda cumplir con eficacia su tarea preventiva y de combate de incendios forestales, ya que el aumento en esas cifras no significaría que se tiene lo que se requiere. Juan José Romero, presidente del Sindicato de Trabajadores de la CONAF indicó que faltan recursos financieros, aumentar la dotación y preparación del personal, el número de guardabosques y la vigilancia en bosques y mejorar la profesionalización y la técnica de esa institución. Dirigentes de los forestales denunciaron que se amplía la explotación de bosques, los sitios turísticos, la presencia humana en zonas rurales, pero no se invierte en recursos para responder a esa realidad y para el resguardo.

El ex director de Protección Civil de la ONEMI, Rodrigo Nicolau, declaró hace pocos días que ese organismo no tiene el presupuesto necesario, que el financiamiento “es insuficiente” y que aquello incide, en primer lugar, en la posibilidad de poder contratar personal idóneo.

Frente a las críticas por deficiencias de la ONEMI, incluso se informó del proyecto para crear la Agencia Nacional de Protección Civil, que reemplazaría al organismo considerado por muchos obsoleto o lleno de debilidades.

En su momento no dejaron de llamar la atención declaraciones de la ex jefa de la ONEMI, Carmen Fernández, como que esa entidad “es una organización en pleno proceso de desarrollo”, dando cuenta de una mirada extendida en muchos funcionarios: que nunca una institución como esa termina de estar en condiciones de dar el servicio para el cual fue creado.

Es de toda lógica que el procesamiento o sanción de funcionarios públicos por negligencias, irresponsabilidades, omisiones y falta de cumplimiento del deber no tendrá un efecto en las débiles estructuras, eclipsadas estrategias y deficientes condiciones que tiene Chile para encarar las frecuentes emergencias naturales y contar con la capacidad de respuesta ante el impacto de desastres naturales.

Es como vender el sillón de aquel alemán o cortar el hilo por la parte más delgada, algo común en las prácticas internas de todo tipo en las instituciones chilenas.

Hasta dónde puede llegar la deformación de todo aquello lo ejemplifican la lluvia de mutuas acusaciones entre oficialismo y oposición, sin que prácticamente ninguno de los respectivos voceros haga referencia a las carencias estructurales y estratégicas, ni entregue propuestas para mejorar las condiciones de atenciones a desastres, reflejando, de paso, ignorancia sobre el tema, al cual miran sólo con ojos electorales y mediáticos.

Parece evidente que entre las metas para que el país pueda acceder a lo que se define como nación desarrollada, debe estar el mejorar sustancial y realmente los presupuestos, organismos y estrategias para enfrentar los desastres naturales, defender la flora y la fauna, proteger a los ciudadanos, responder a la reconstrucción, en todo lo cual este país vive más de promesas, improvisaciones, puestas en escena, debates y ausencia total de autocrítica.