La Presidenta argentina Cristina Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley de expropiación de la petrolera YPF, de mayoría accionaria de la española Repsol, que fija el control para el Estado federal del 51% y para las provincias del 49% restante, según anunció la Casa Rosada.

El proyecto declara “de interés público la empresa Repsol-YPF para lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos”.

La iniciativa establece que “el 49% restante de las acciones se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo” de hidrocarburos.

Creada en 1922, la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) dejó de ser una sociedad del Estado para convertirse en una sociedad anónima en 1992, cuando se inició el proceso de desregulación y privatización durante el gobierno de Carlos Menem. En 1999, la firma española Repsol adquirió más de la mitad de sus acciones y tomó el control de la compañía, que actualmente es la principal operadora del país, con el 54% de la producción argentina de petróleo y el 43,8% de gas.

Y la respuesta desde España no se hizo esperar. El ministro de Industrias, José Soria, declaró que esta es una medida hostil y discriminadora de parte del gobierno argentino.

“Se anuncian medidas de nacionalización del sector, pero sólo se adoptan medidas en contra de una empresa, que es la legítima propietaria de la mayoría de las acciones como Repsol. Cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el mundo, el gobierno de España lo interpreta como un gesto de hostilidad en contra del país y de el gobierno”, dijo Soria.

En Chile, en tanto, el vocero de La Moneda, Andrés Chadwick indicó que cree “que es una señal muy negativa, que retrotrae a América Latina a los años ’70, bastante incomprensible de lo que significa generar certezas jurídicas para la inversión extranjera y la propiedad industrial. Este tipo de señales confunde y generan poca certeza”.

El portavoz del Ejecutivo adelantó que el Presidente Sebastián Piñera se referiría a la media, pues Repsol tiene algunos contratos con Chile.

Falta de inversión

Durante las últimas semanas, las provincias hidrocarburíferas que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) han comenzado un proceso de reversión de las áreas petroleras asignadas a Repsol-YPF ante la falta de inversiones. El objetivo es reformular el estado actual de las áreas petroleras para garantizar el abastecimiento interno ante las denuncias en contra de Repsol, a la que se acusa de haber explotado los recursos existentes sin haber realizado inversiones importantes que permitan mantener las reservas.

El jueves pasado, los gobernadores de las provincias se reunieron con la Presidenta Fernández y con autoridades del Ministerio de Planificación para definir los pasos a seguir. Dos días antes, el gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag, había anticipado que se estaba estudiando la manera de convertir a YPF en una empresa mixta. Luego de la reunión, algunas de las provincias anunciaron que continuarán con la quita de áreas de explotación a Repsol YPF, aunque no dieron detalles acerca de cuál será la estrategia para volver a ponerlas en producción.

Rumores y proyecto

Ese mismo día, en Buenos Aires, el presidente de Repsol, el español Antonio Brufau, se reunió con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quienes le manifestaron que el plan de inversiones de la empresa es insuficiente. Al mismo tiempo, los medios locales comenzaron a difundir una información que ningún funcionario confirmaba: esa noche, de acuerdo con las versiones periodísticas, la presidenta argentina anunciaría la reestatización de YPF.

Inmediatamente, comenzó a circular la versión digital de un supuesto proyecto de ley de expropiación de la empresa que el gobierno argentino habría presentado en el Congreso en el que se declaraban de “utilidad pública” las acciones de YPF, y por el que el Estado argentino recuperaba el control de más de la mitad de las acciones de la empresa. Sin embargo, ese proyecto no llevaba firma ni llevaba el sello que demostrara que había ingresado al Parlamento.

Efectos inmediatos
Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras el rumor provocaba alzas en el valor de las acciones de YPF —en lo que muchos calificaron como una operación de especulación bursátil—, los medios locales y la prensa española comenzaron a dar por cierta la decisión.

Al mismo tiempo, funcionarios del Gobierno español manifestaban su desacuerdo con duras advertencias. En un video enviado por el gobierno de Mariano Rajoy a los medios españoles, el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria López, señalaba que una decisión de ese tipo podría traer consecuencias para las relaciones entre Argentina y España. “Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el Gobierno los interpreta como hostilidad a España y al Gobierno de España. Por tanto, el Gobierno de España lo que sí dice es que, si hay esos gestos de hostilidad, éstos traen consigo consecuencias”, expresó Soria.

Durante el fin de semana, algunos diarios españoles informaron acerca de la posibilidad de que el Gobierno español organizara un boicot hacia la carne y la soja argentinas si se avanzaba sobre la reestatización de YPF, además de publicar duros editoriales hacia el gobierno de Cristina Fernández. Pero el domingo, en un breve reportaje a Radio Mitre de Argentina, el presidente de Repsol explicó que continuarán las conversaciones con los funcionarios locales y abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo. “Siempre hay que hablar, no imponer ni discursear. Creo que las cosas hay que hacerlas en los despachos y yo siempre he creído que la gente se entiende”, dijo Brufau.

Para esta semana estaban planificadas una serie de reuniones ministeriales y con los gobernadores de las provincias para estudiar los pasos a seguir en esta materia.

Sin embargo, la Presidenta prefirió adelantarse y no escuchar las amenazas españolas, y convirtió los rumores en realidad cuando el lunes firmó finalmente el proyecto que devuelve a manos del Estado la explotación de petróleo.