Detenida se encuentra la marcha que comenzaron ayer un grupo de trabajadores portuarios de Talcahuano, quienes buscan llegar a Santiago para exigir soluciones a la situación en que quedaron luego de la destrucción de su lugar de trabajo durante el terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010.

El grupo  se encuentra varado en la localidad de Aguas Amarillas, a más de 20 kilómetros de Concepción, ya que autoridades regionales comunicaron a los dirigentes sindicales que un emisario del ministerio del Interior se reunirá con ellos en horas de la tarde.

Moisés Cid de la Parra, presidente del sindicato de Trabajadores Portuarios Embaladores del Puerto de Talcahuano, explicó que los dirigentes asistirán a la cita  que se realizaría entre las tres y las cuatro de la tarde, mientras los manifestantes esperarán en la localidad a la resolución esta instancia.

Las demandas de los trabajadores apuntan principalmente a las condiciones laborales en que quedaron luego del desastre del 2010, donde se agudizó un conflicto que la Empresa Portuaria de Chile no supo controlar ni resolver

“La compañía no invirtió, no reparó, no quería trabajar y sólo quería vender el puerto. Desde 2003 a la fecha, venimos peleando porque se hicieron dos intentos de licitación que logramos frenar. Obviamente ante este último intento, viendo que el puerto estaba destruido, el presidente del directorio nos pidió que mantuviéramos la mesura para que el trabajo fuera bien hecho y nosotros tendríamos lo mismo que habían obtenido los trabajadores de los demás puertos del país”, explicó Cid de la Parra.

El dirigente añadió que luego de procesos similares en Coquimbo y San Antonio, se firmó una red de protección social para dar un resguardo a los funcionarios de mayor edad, medida que quieren imitar ante las dudas que la licitación les genera.

“Es más que obvio que la empresa que licita el puerto quiere trabajadores jóvenes. No estamos pidiendo más de lo que se entregó en Coquimbo ni en San Antonio. Creemos que es un derecho que nos merecemos. Alguien tiene que asumir ese costo social”, dijo.

Dentro de las reivindicaciones que el sindicato plantea, existe una manifiesta preocupación ante la licitación del puerto de Talcahuano, el que además, según Moisés Cid, funcionaba como regulador de tarifas.

Luego de la destrucción del  fondeadero, los privados comenzaron a subir sus precios, lo que habría generado, según el dirigente sindical, una aguda injusticia para exportadores de menor tamaño.

“El viejo de la pyme que tiene un conteiner con fruta y lo quiere colocar el Europa, tenía la salida por ese puerto porque los demás le dan mucha más importancia al volumen de carga y el empresario que tiene un solo contenedor no es negocio para ellos. Eso no se miró tampoco y sólo se sacó. La empresa portuaria debió haber reconstruido el puerto”, afirmó.

Finalmente, Cid denunció que al concesionario se le pide invertir un poco más de 20 millones de dólares y que la Empresa portuaria de Chile habría llegado a los 30 millones producto del pago de un seguro.

Además, el puerto, en las malas condiciones que ya se encontraba el 2011 produjo un millón 300 mil dólares para el Estado, y no ha dejado de generar recursos a pesar de estar operando.

Por esto, se criticó a la Empresa portuaria nacional, porque era responsable de la  mantención y desarrollo del fondeadero, y no lo hizo así, mientras que la concesionaria que a partir de que empiece a operar debe cancelar un canon de arriendo de 400 mil dólares anuales, en enero de este año generó cerca de 90 mil dólares.