Abogado de la Universidad de Chile, master en la Universidad de Notre Dame, quien fuera ministro de Economía, superintendente de AFP, superintendente de Electricidad y Combustibles, entre otros cargos, ocupa hoy la presidencia del Consejo para la Transparencia. Este organismo, creado en el año 2009, vela por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, llamada ley de Transparencia, que permite a la ciudadanía exigir acceso a toda información de los organismos estatales que se considere de interés público. “Hemos resuelto más de tres mil casos y sentado jurisprudencia bastante rica en muchos aspectos en que se fija el límite de lo que es de carácter público y lo que es reservado”, señala.
Hace unos días, transcendió que el Tribunal Constitucional habría dado la razón al Gobierno respecto de una presentación del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien se negó a entregar correos electrónicos solicitados por el alcalde de Melipilla. Y si bien Ferreiro señala que prefiere no comentar el caso mientras no tenga la información oficial y no conozca el contenido del fallo, sí reitera que la postura del Consejo sobre este tema es diferente.
En un mundo donde crecientemente la comunicación, pública y privada, se realiza a través de medios electrónicos, y los organismos públicos utilizan este soporte para llevar a cabo parte importante de su gestión, el fallo dejaría a la Ley de Transparencia limitada en el cumplimiento de sus objetivos. “Es preocupante que se instale una tesis según la cual todo correo electrónico está absolutamente blindado del conocimiento público, porque no se condice con el espíritu de la ley, con el objetivo de la transparencia, del control social que busca esta legislación”, afirma Alejandro Ferreiro.
Con tareas pendientes en materia de difusión y capacitación, para que el derecho al acceso por parte de la ciudadanía sea una realidad, Ferreiro asegura que hacen esfuerzos, pero que el presupuesto que se les asignó es insuficiente. Entretanto, sigue pendiente el recurso interpuesto por el Secretario General de la Presidencia, que tal como en el caso anterior, se negó a cumplir un fallo del Consejo para la Transparencia argumentando que todos sus correos electrónicos son privados.
