La absolución de los seis imputados en el Caso Bombas siguió produciendo reacciones este sábado. Organizaciones de DD.HH. y familiares de los acusados insistieron en pedir la renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y del funcionario de esa cartera y ex fiscal Alejandro Peña.

Mediante un comunicado, señalaron que ambos deberían dimitir “por su responsabilidad en la imputación de hecho sobre la base de pruebas sesgadas, exiguas e impertinentes, por el daño ocasionado en los imputados y sus familias, por los costos económicos (fondos públicos) e institucionales para el Poder Judicial, por las afectación al estado de Derecho y el impacto social que ha provocado esta persecución política”.

Los familiares valoraron el veredicto que exculpó a los acusados de los cargos de colocación de artefactos explosivos y financiamiento de asociación ilícita terrorista y sostuvieron que la resolución confirma que se trató de un juicio político.

“Como lo estableció el propio tribunal en las consideraciones finales, la prueba presentada resultó no solo insuficiente para establecer los elementos subjetivos de los hechos, sino también incompleta y con sesgo de parcialidad, pues se persiguió a personas únicamente por habitar casas ocupadas, lo que constituye una estigmatización de estos movimientos y una criminalización de la protesta social”, agregó el documento.

Asimismo, los familiares exigieron que las seis personas absueltas y ellos mismos no sean objeto de nuevos seguimientos e infiltraciones a sus comunicaciones.

Por otra parte, el diputado RN Cristián Monckeberg dijo que el Gobierno debería evaluar los cuestionamientos que la Asociación de Fiscales ha hecho a Alejandro Peña, cuya renuncia fue solicitada luego del fallo.

“Hay que escuchar los planteamientos que están haciendo los fiscales en ese sentido, y el Gobierno tiene que evaluar si es prudente que el ex fiscal, con toda la situación que se ha producido, deba seguir prestando asesoría, porque ha producido una complicación”, señaló.

Sobre la llegada de Peña al ministerio del Interior, el parlamentario oficialista indicó que “se produce una suerte de nexo que quedó demostrado que no es tal, pero que ahí está, y por lo tanto es un tema que hay que resolver”.

Una postura distinta manifestó el senador UDI Juan Antonio Coloma: “Permítanme discrepar con la justicia o con los fallos de los tribunales, porque ¿cómo no va a ser terrorista el hecho que hayan explotado cien bombas en cuatro años?”, cuestionó.

“Hay un divorcio entre lo que entendemos debe ser la aplicación de la ley y la forma en que algunos jueces entienden como ésta debe aplicarse”, agregó.

Según Coloma, la justicia tiene que buscar a los responsables de los bombazos y “no puede haber impunidad”: “En el caso particularmente de la responsabilidad del ministro Hinzpeter, él es querellante en un caso, como es la obligación de cualquier ministro del Interior cuando hay 100 actos de violencia terrorista. Aunque algunos jueces no les guste, y me di cuenta que no les gustaba esa expresión, que para mí es la colocación de bombas”, indicó.