Seguimientos policiales, intervenciones telefónicas, detenciones irregulares y amenazas de pérdidas de subsidios, son parte de los hechos que denuncian las agrupaciones de damnificados por el terremoto del 27 de febrero de 2010 de la región del Biobío, que denuncian hostigamiento en su contra.
Se trata de los representantes del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, que en los últimos meses se han visto envueltos en una serie de hechos que han perjudicado la labor que realizan con los afectados por el terremoto y posterior maremoto.
Por ejemplo, Lorena Arce, vocera del movimiento en Dichato, acusa seguimientos por parte de la Policía de Investigaciones, además de una detención, por un parte cursado en su contra, hecha de forma irregular: “Tenemos fotografías en las cuales vemos que nos sigue un furgón de Carabineros o personas de civil. Estamos juntando documentos para hacer un recurso de amparo preventivo a Hilda Sáez, Jaime Concha, Bárbara Orrego y a quien habla. Fue bastante desagradable porque si a una persona le pasan un parte, ¿cuándo llegan los Carabineros al mes a tomarte presa y llevarte a El Manzano? Se demoran un año. Más aun, el parte fue mal pasado porque yo no cometí lo que dice ahí, entonces hay persecución bastante fuerte y hostigamiento”, indicó.
Esta detención se produjo en la víspera de una movilización que realizarían al día siguiente los expropiados de Coronel por una indemnización justa, lo que, a juicio de la agrupación, no parece un hecho casual.
Además, las presiones no se efectuarían sólo a los dirigentes de las asambleas, sino a los habitantes de los campamentos, a quienes se les estaría amenazando con la pérdida de subsidios. La dirigenta de la agrupación en Coronel, Hilda Sáez, dijo que “la gente no quiere denunciar porque está muy intimidada. Se le dice: ustedes hablan o se organizan con agrupaciones, van a quedar sin subsidio. Así se está amenazando a la gente, mucha persecución absurda de hacer una demanda. Ellos viven en otro mundo, es obvio, nunca van a poder ponerse en el lugar de los damnificados”.
Sáez acusa además al Gobierno de ser indiferente a los problemas que están viviendo los habitantes de los campamentos: “Felipe Kast, con un desplante… dijo el otro día que estaba todo bien y que habían revisado todas las aldeas. No es así, para nada. Hay personas de la tercera edad que lo están pasando terriblemente mal, los techos se volaron en el primer temporal y después con el segundo temporal, de nuevo. Lo que no se mojó la primera vez, con ese techo mal puesto, quedó en peores condiciones. Hay una indiferencia del Gobierno hacia las personas”, aseguró.
Estas denuncias se producen luego que el Gobierno presentara un informe en que cifra el nivel de avance de la reconstrucción en un 74 por ciento, donde se destaca especialmente la reposición de la interconectividad.
Algo que a juicio de la agrupación no se condice con la realidad, por lo que elaboraron una encuesta en la región que efectúa un catastro de la situación de los damnificados, cuyos resultados serán dados a conocer en los próximos días.
Seguimientos policiales, intervenciones telefónicas, detenciones irregulares y amenazas de pérdidas de subsidios, son parte de los hechos que denuncian las agrupaciones de damnificados por el terremoto del 27 de febrero de 2010 de la región del Biobío, que denuncian hostigamiento en su contra.
Se trata de los representantes del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, que en los últimos meses se han visto envueltos en una serie de hechos que han perjudicado la labor que realizan con los afectados por el terremoto y posterior maremoto.
Por ejemplo, Lorena Arce, vocera del movimiento en Dichato, acusa seguimientos por parte de la Policía de Investigaciones, además de una detención, por un parte cursado en su contra, hecha de forma irregular: “Tenemos fotografías en las cuales vemos que nos sigue un furgón de Carabineros o personas de civil. Estamos juntando documentos para hacer un recurso de amparo preventivo a Hilda Sáez, Jaime Concha, Bárbara Orrego y a quien habla. Fue bastante desagradable porque si a una persona le pasan un parte, ¿cuándo llegan los Carabineros al mes a tomarte presa y llevarte a El Manzano? Se demoran un año. Más aun, el parte fue mal pasado porque yo no cometí lo que dice ahí, entonces hay persecución bastante fuerte y hostigamiento”, indicó.
Esta detención se produjo en la víspera de una movilización que realizarían al día siguiente los expropiados de Coronel por una indemnización justa, lo que, a juicio de la agrupación, no parece un hecho casual.
Además, las presiones no se efectuarían sólo a los dirigentes de las asambleas, sino a los habitantes de los campamentos, a quienes se les estaría amenazando con la pérdida de subsidios. La dirigenta de la agrupación en Coronel, Hilda Sáez, dijo que “la gente no quiere denunciar porque está muy intimidada. Se le dice: ustedes hablan o se organizan con agrupaciones, van a quedar sin subsidio. Así se está amenazando a la gente, mucha persecución absurda de hacer una demanda. Ellos viven en otro mundo, es obvio, nunca van a poder ponerse en el lugar de los damnificados”.
Sáez acusa además al Gobierno de ser indiferente a los problemas que están viviendo los habitantes de los campamentos: “Felipe Kast, con un desplante… dijo el otro día que estaba todo bien y que habían revisado todas las aldeas. No es así, para nada. Hay personas de la tercera edad que lo están pasando terriblemente mal, los techos se volaron en el primer temporal y después con el segundo temporal, de nuevo. Lo que no se mojó la primera vez, con ese techo mal puesto, quedó en peores condiciones. Hay una indiferencia del Gobierno hacia las personas”, aseguró.
Estas denuncias se producen luego que el Gobierno presentara un informe en que cifra el nivel de avance de la reconstrucción en un 74 por ciento, donde se destaca especialmente la reposición de la interconectividad.
Algo que a juicio de la agrupación no se condice con la realidad, por lo que elaboraron una encuesta en la región que efectúa un catastro de la situación de los damnificados, cuyos resultados serán dados a conocer en los próximos días.
Seguimientos policiales, intervenciones telefónicas, detenciones irregulares y amenazas de pérdidas de subsidios, son parte de los hechos que denuncian las agrupaciones de damnificados por el terremoto del 27 de febrero de 2010 de la región del Biobío, que denuncian hostigamiento en su contra.
Se trata de los representantes del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, que en los últimos meses se han visto envueltos en una serie de hechos que han perjudicado la labor que realizan con los afectados por el terremoto y posterior maremoto.
Por ejemplo, Lorena Arce, vocera del movimiento en Dichato, acusa seguimientos por parte de la Policía de Investigaciones, además de una detención, por un parte cursado en su contra, hecha de forma irregular: “Tenemos fotografías en las cuales vemos que nos sigue un furgón de Carabineros o personas de civil. Estamos juntando documentos para hacer un recurso de amparo preventivo a Hilda Sáez, Jaime Concha, Bárbara Orrego y a quien habla. Fue bastante desagradable porque si a una persona le pasan un parte, ¿cuándo llegan los Carabineros al mes a tomarte presa y llevarte a El Manzano? Se demoran un año. Más aun, el parte fue mal pasado porque yo no cometí lo que dice ahí, entonces hay persecución bastante fuerte y hostigamiento”, indicó.
Esta detención se produjo en la víspera de una movilización que realizarían al día siguiente los expropiados de Coronel por una indemnización justa, lo que, a juicio de la agrupación, no parece un hecho casual.
Además, las presiones no se efectuarían sólo a los dirigentes de las asambleas, sino a los habitantes de los campamentos, a quienes se les estaría amenazando con la pérdida de subsidios. La dirigenta de la agrupación en Coronel, Hilda Sáez, dijo que “la gente no quiere denunciar porque está muy intimidada. Se le dice: ustedes hablan o se organizan con agrupaciones, van a quedar sin subsidio. Así se está amenazando a la gente, mucha persecución absurda de hacer una demanda. Ellos viven en otro mundo, es obvio, nunca van a poder ponerse en el lugar de los damnificados”.
Sáez acusa además al Gobierno de ser indiferente a los problemas que están viviendo los habitantes de los campamentos: “Felipe Kast, con un desplante… dijo el otro día que estaba todo bien y que habían revisado todas las aldeas. No es así, para nada. Hay personas de la tercera edad que lo están pasando terriblemente mal, los techos se volaron en el primer temporal y después con el segundo temporal, de nuevo. Lo que no se mojó la primera vez, con ese techo mal puesto, quedó en peores condiciones. Hay una indiferencia del Gobierno hacia las personas”, aseguró.
Estas denuncias se producen luego que el Gobierno presentara un informe en que cifra el nivel de avance de la reconstrucción en un 74 por ciento, donde se destaca especialmente la reposición de la interconectividad.
Algo que a juicio de la agrupación no se condice con la realidad, por lo que elaboraron una encuesta en la región que efectúa un catastro de la situación de los damnificados, cuyos resultados serán dados a conocer en los próximos días.
