Con 300 funcionarios comenzará a trabajar este semestre la controvertida Agencia de Calidad en la Educación, organismo independiente del ministerio del ramo que deberá evaluar a todos los colegios del país, tanto a los que funcionan con recursos públicos como privados.

La instancia contará con un Consejo integrado por cinco personas y un secretario ejecutivo, quienes serán elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública.

El subsecretario de Educación, Fernando Rojas, ha declarado que la entidad no sólo evaluará el nivel de aprendizaje de los alumnos, sino también otros factores vinculados al “desarrollo integral”, tales como la convivencia escolar, la promoción de una vida saludable y la integración de los estudiantes.

El trabajo de los funcionarios tendrá sus primeros resultados el próximo año, clasificando los establecimientos en las categorías alto, medio, medio bajo e insuficiente. En el caso de las dos últimas, los colegios serán fiscalizados y, de no mejorar sus resultados en cuatro años, se arriesgan a ser cerrados.

Cristián Bellei, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, valoró que este organismo público se enmarque en una ley que mejora la institucionalidad de evaluación de las escuelas y que se consideren factores ajenos a las mediciones estandarizadas, aunque precisó que debe hacerse con ciertas condiciones: “La versión final de la ley en este aspecto es un poco ambigua, no queda claro cómo la Agencia de Calidad debería combinar los elementos de logro con los elementos de contexto. No conozco cómo el Gobierno está proponiendo hacerlo pero lo que sí es imprescindible es que, si la agencia va a comparar escuelas, se compare escuelas con un trabajo equivalente, es decir, considerando las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y los grados de selectividad de las escuelas. Si no, la Agencia de Calidad lo que puede estar haciendo, es sancionar escuelas solamente porque tienen un trabajo más difícil de hacer”, subrayó.

En este sentido, René Varas, secretario ejecutivo del Foro Nacional Educación de Calidad para todos, señaló que la nueva entidad no contribuirá a mejorar el sistema en términos generales, especialmente por el financiamiento compartido, ya que algunos colegios seleccionan previamente a sus alumnos: “Las escuelas particulares subvencionadas, que cobran dinero, están haciendo una selección de los estudiantes que les permite después mostrar mejores resultados ya que, lo que hoy día en Chile se mide, finalmente, es el nivel socioeconómico de los alumnos. Además  se les permite seleccionar a los estudiantes no sólo por los ingresos familiares sino por su rendimiento académico entonces, estos dos tipos de selección, impiden finalmente saber cuál es la calidad de la enseñanza que imparte un establecimiento”, sostuvo.

Varas criticó que sólo un tercio de lo que considerará la Agencia de Calidad se refieran a elementos externos al aprendizaje de contenidos y añadió que son necesarias otras reformas, como resolver la desigualdad del sistema a través de la gratuidad de la educación.

Similar opinión manifestó Rodrigo Cornejo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) de la Universidad de Chile, quien planteó que el sistema educacional no se arregla con parches y que este organismo sólo tiene sentido dentro del actual modelo: “Un primer problema es que privatiza una función del ministerio de Educación, o sea, si alguien tiene que fiscalizar colegios, quién más que el ministerio de Educación. Por otra parte, se sigue dejando de lado el tema de la participación de la comunidad, es decir, quien mejor puede evaluar un colegio es la comunidad que lo está viviendo. Se crea un ente aparte, la Agencia de Calidad, que si uno suma y resta, finalmente entre los miembros va a haber más integrantes del sector privado, se está privatizando la función de fiscalización que, en todas partes de mundo, la cumplen el Estado y la comunidad”, dijo.

Para el académico, un segundo problema tiene que ver con la categorización de los colegios basada, principalmente, en los puntajes estandarizados del Simce, una lógica de los rankings que “no da para más”, y subrayó que es necesario reconstruir un sistema público, estatal y con participación.