En una reunión con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el ministro de Energía, Jorge Bunster, ratificó que el proyecto de carretera eléctrica anunciado por el Gobierno se enviará en agosto para ser discutido en el Parlamento.

La cita tuvo como principal objetivo abordar los lineamientos generales de esta iniciativa,  que el ministro Bunster señaló, demoraría 5 años en estar operativo, con un costo de 700 millones de dólares, y “va a viabilizar muchos proyectos de energía renovable no convencionales”.

Además, el titular de Energía, añadió que junto con evaluar si la carretera se extenderá entre Arica y la Patagonia, también se estudia la posibilidad de unir el Sistema Interconectado del Norte Grande con el Sistema Interconectado Central.

El presidente de la CPC, Lorenzo Constans, celebró la iniciativa del Gobierno, afirmando que la energía es un costo importante para la actividad productiva del país y que el establecimiento de una carretera eléctrica “permitirá competir con más éxito”.

Al respecto, el secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, afirmó que si bien se valora que el Estado “retome la planificación y con eso rompa el paradigma de que el Estado  no se mete en el mercado eléctrico”, el proyecto “debiera ir desde el punto de vista de la modernidad, hacia el tema de la generación distribuida y las redes inteligentes interconectadas”. “Ése e es el futuro y no una carretera ancha que destruya el territorio y que sea hecha para dar las facilidades para que Hidroaysén se pueda construir”, concluyó.

Por su parte, Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, criticó que el Gobierno esté evaluando conectar el Sistema interconectado del Norte Grande con el Central, no solo porque se debiesen resolver varios problemas para que el sistema tenga estabilidad, sino porque también sería una manera de “blanquear” las emisiones contaminantes que produce el sector de la Gran Minería.

“La minería  hoy se abastece fundamentalmente de termoeléctricas en el Norte Grande. Si se conectan el Interconectado Central con el Norte Grande, también las hidroeléctricas van a abastecer a la gran minería, por lo tanto, la huella de carbono o cualquier medición que se haga de emisiones de C02 va a disminuir. Es una ayuda para blanquear a la minería sin hacer un cambio tecnológico de fondo que, por ejemplo, sería obligarlos a utilizar energías renovables no convencionales”, explicó la directora de Terram.

Ambos ambientalistas advirtieron que para que la carretera eléctrica pueda ser sustentable a los desafíos futuros del país, y no solamente una respuesta para los privados que trabajan en proyectos de generación eléctrica, se deben revisar las políticas eléctricas y energéticas, para construir una iniciativa de transmisión inteligente y no la que ha permanecido durante los últimos años.