El ministro de Educación, Harald Beyer, calificó de “positivo” el proyecto de “Escuela Segura”, iniciativa que utilizó para reafirmar la “ley sobre convivencia escolar”.
Beyer señaló que el proyecto servirá para sentar las bases de una “convivencia sana en los establecimientos del país”.
En el marco de la Encuesta Nacional de Convivencia Escolar presentada esta semana por el Ministerio de Educación, el titular de la cartera, recordó las cifras que revelaron que uno de cada diez niños ha sido víctima de matonaje escolar o bullying.
Beyer aprovechó el sondeo para dar a conocer las medidas que el ministerio junto a la Superintendencia de Educación llevarán a cabo en el proyecto de convivencia escolar.
“Estamos haciendo distintas cosas. Por un lado, tenemos un plan de formación de directores, al mismo tiempo, hemos trabajados con el sistema de Alta Dirección Pública para apurar el concurso de directores. Ahora todos los establecimientos, por ley, tienen que tener un encargado de convivencia escolar. La multa se gatilla cuando no hay nadie encargado o cuando se aplican mal los manuales de convivencia escolar que cada establecimiento tiene que tener. Esa es una tarea que va a estar a cargo de la Superintendencia de Educación Escolar que va a tener todo el poder para sancionar a los establecimientos escolares cuando incumplan los reglamentos que existen para estos propósitos”, recalcó.
Ante esto, María Isabel Toledo, antropóloga y doctora en Ciencias de la Educación, criticó el concepto “escuela segura” presente en la ley, por ser una lógica lejana a la realidad cultural chilena.
Además, la especialista manifestó que la raíz de la violencia en las escuelas se sostiene en la violencia social imperante en nuestro país.
“Cuando aparece el término de ‘escuela segura’, como también está reflejado en otra parte de la ley, es una lógica controladora y sancionadora que lleva como consecuencia final resolver algunos conflictos con un castigo a través de una multa. Es un concepto de una lógica bastante americana. Todas las intervenciones en los países que han enfrentado el problema indican que la violencia en la escuela –y en particular la intimidación- se resuelven, primero, por la participación de toda la gente, porque no podemos pedirle a los niños que ellos no sean violentos si vivimos en una sociedad violenta”, advirtió.
Respecto de las sanciones y multas de hasta 50 unidades tributarias mensuales (UTM), facultades a cargo de la Superintendencia, José Joaquín Brunner, Investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, manifestó que la lógica sancionadora de la medida adoptada por el Ministerio de Educación, no propenderá a los avances requeridos en la materia, en tanto la generación de políticas se reduzca solamente al concepto dinero, sanciones y multas.
Brunner señaló también, que en todos los países donde se han adoptados medidas de esa naturaleza, el efecto ha sido el opuesto al esperado.
“El adoptar una política que está mal orientada es reducir al final de cuentas la formación de los niños a una variable tan estrecha como lo es el dinero. En realidad la formación requiere el desarrollo de una concepción ética de las relaciones humanas donde no sólo pese la variable dinero. Esa visión conductista de que los seres humanos nos movemos por el temor a la multa en dinero al final, en ninguna parte del mundo, ha resultado ser un buen medio para educarse”, dijo.
La “ley sobre violencia escolar” promulgada en agosto de 2010 -y que en estricto rigor no es una normativa oficial, sino que parte conformadora de la Ley General de Educación (LGE)- ha sido valorada como intención, aunque criticada por su carácter normativo más que pedagógico.
Según lo manifestado por lo especialistas en educación, las cifras arrojadas por la Encuesta Nacional de Convivencia Escolar, genera tanto un marco regulador, como un debate interminable respecto de la validez de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
