La autoridad máxima en Economía, el ministro Pablo Longueira, finalizó los trámites que ponen en marcha por completo el Sernac Financiero. Junto al director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Juan Antonio Peribonio, dieron a conocer el reglamento vigente dentro del nuevo organismo financiero.

Los requisitos están orientados hacia las instituciones crediticias y la rigurosidad con que entregan la información a los clientes.

Las autoridades anunciaron la creación de nuevos boletines con información detallada de los créditos asumidos por los consumidores, los estados de cuenta respectivos y entrega del resumen de las cláusulas establecidas por cada empresa al momento de cotizar o contratar el servicio.

El ministro Longueira destacó la importancia que tiene el “Sello Verde”, certificación entregada por el Sernac Financiero a todas las empresas prestamistas y de consumo que cumplan con las reglas y boletines informativos, además de obligar a cada empresa a que cuente con un departamento de atención al cliente.

Longueira recalcó que dentro de todas las propuestas, “el anuncio más importante se enfoca en la Carga Anual Equivalente (CAE), un indicador que aúna distintos tipos de cobros administrativos, intereses y reajustes”.

“Es obligación para todas las instituciones establecer, en la primera hoja de un contrato o adhesión, una cotización. Es muy importante usar este instrumento, porque esto es lo que le permite a los chilenos comparar en un solo número, que es el CAE, que es lo que le cuesta el crédito al año, incluidas todas las cosas. Esta cotización ahora va a quedar vigente por siete días. Lo que debiera ocurrir es que disminuyan las tasas de interés, disminuya el costo del crédito, porque vamos a hacer competir a todas estas instituciones que entregan los créditos”, advirtió.

El director del Sernac, en tanto, informó sobre las garantías que tiene este nuevo organismo del consumidor, no obstante aclaró que éste no propone un nuevo sistema de distribución de los datos confidenciales y privados de los consumidores: “Va a ser un formato único para todas las instituciones y, por lo tanto, va a ser más fácil, más cómodo. Indudablemente las otras situaciones que han ocurrido en el último tiempo son cuestiones total y absolutamente complementarias que no tienen nada que ver con la información periódica que se tiene que enviar con relación a un crédito, por lo tanto, eso se aborda desde otro punto de vista, con otras acciones y con otras políticas”, dijo Peribonio.

En esa línea y en el marco de los errores cometidos por el Banco de Chile en la entrega de las cartolas con los datos de sus clientes, acción calificada como delito y que le costó una demanda colectiva ante la justicia, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) advirtió que “el Sernac Financiero no incluye una medida fiscalizadora en materia de la información entregada por los consumidores”.

Hernán Calderón, presidente de Conadecus, señaló que con este tipo de anuncios “difícilmente se avanzará en materia financiera”.

“No va en la línea correcta de poder corregir los abusos que comete el mercado. No hay ninguna medida, ningún artículo del Sernac Financiero para sancionarlos u obligarlos a modificar. Por lo tanto, creo que todo lo que tiene que ver con este servicio es más información que se va a requerir a los consumidores, pero no hay medidas concretas; mientras no tengamos un organismo que tenga la capacidad de sancionar o regular algunos mercados, difícilmente vamos a cambiar la situación que tienen hoy día los consumidores”, advirtió.

Calderón recalcó que, lejos de otorgar seguridad a los consumidores, el organismo no sienta las bases de la institucionalidad financiera y sólo ofrece más información, lo que si bien calificó como positivo, “no genera avances concretos”.

Es así como la ley que comenzó a regir en marzo de este año y que estaba expectante a la promulgación del reglamento ahora completa todos los requerimientos legales para entrar en vigencia, aunque con críticas desde el mundo social, el que desconfía de la medida, por no contar con tribunales especializados ni herramientas vinculantes en materia de fiscalización.