Los representantes de la comunidad de Totoral, rechazaron categóricamente la información consignada en diversos medios, recalcando que no existen las “supuestas tres partes” que habrían llegado a acuerdo, como titularon los medios locales.
Lucio Cuenca, miembro del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales de Chile (OLCA) aclaró que “la información publicada por El Mercurio es imprecisa y engañosa”, añadiendo que “la Tercera Sala de la Corte Suprema admitió y aprobó los recursos de protección presentados por la ciudadanía, y sólo le resta pronunciar el fallo final.
Cuenca responsabilizó a la empresa MPX de entregar información falsa, lo cual calificó “como un acto comunicacional” para reivindicar el proyecto minero.
“Obviamente esta información fue transmitida por la empresa, porque incluso, si bien nosotros sabemos que los abogados (Ignacio) Poblete y (Cristián) Tapia han llegado a acuerdo con la empresa, esto no se ha formalizado en la corte. Por lo tanto, la información publicada por el diario ha sido entregada por los directivos de la empresa dueña del proyecto Termoeléctrica Castilla, MPX, y, por lo tanto, ellos tendrán que dar las explicaciones, también El Mercurio, porque hay información falsa que se está transmitiendo”, acusó.
Asimismo, Cuenca aseguró que con este tipo de estrategias, la compañía evidencia como se ha aprovechado de la ciudadanía, y refleja el daño que sistemáticamente ha provocado en el medioambiente.
“Estas son operaciones comunicacionales de las cuales se están beneficiando económicamente un pequeño grupo de personas y abogados inescrupulosos que han fomentado este tipo de caminos para sacrificar la vida de mucha gente y el medio ambiente de esta zona costera. Esto lo vamos a denunciar y vamos a ser muy enfáticos en términos de que no se puede estar aprovechando de esta situación para tener beneficios económicos”, subrayó.
En esta línea, Álvaro Toro, abogado representante y miembro del equipo jurídico de defensa de la juntas de vecinos de Totoral, reiteró que la “engañosa” conciliación fue sólo formalizada por el abogado Lorenzo Soto, a favor de sus representados, por lo que el grueso de los pescadores involucrados mantienen el rechazo a la transnacional y su proyecto.
“Da un poquito de rabia, en el sentido que desvía la atención de lo central que es que el fallo de la Corte Suprema que ratifique que el proyecto central Termoeléctrica Castilla es un proyecto ilegal. La empresa cree que con esto puede generar un ambiente de que la gente que se oponía al proyecto estaba desistiendo y, por supuesto, evaluando esto, la compañía dice ‘me arreglo con estos abogados y genero la sensación de que lo único que querían estos oponentes era un poco más de plata’. Eso es lo que nosotros queremos desmentir, rechazar. En la medida que haya una persona –y en este caso no es uno sino todo el pueblo de Totoral- los que se mantienen, el tribunal tendrá que pronunciarse”, sostuvo.
El abogado reiteró que la información que se replicó en los distintos medios es falsa, aclarando que los pescadores de Totoral le quitaron la atribución legal a su antiguo abogado por haber sospechado de sus intenciones, y en cambio, escogieron al profesional Inti Salamanca para que los siga representando.
Los representantes de la comunidad aclararon la situación a través de un comunicado de prensa, donde manifestaron que buscarán al o los responsables de este engaño.