El capítulo chileno de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias lanzó la Campaña “NO al 36B”. La iniciativa busca derogar un inciso de ese artículo de la Ley General de Telecomunicaciones  por “criminializar a la radiodifusión sin licencia”.

Dicha derogación ya fue aprobada en la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja y sigue su tramitación en la comisión de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.

Según el artículo 36 B, inciso a, los radialistas chilenos todavía están sujetos a ser penados por explotar servicios de telecomunicaciones sin autorización. Considerado delito de acción pública, el delito conlleva penas tales como presidio, multas por unidades tributarias mensuales y comiso de equipos e instalaciones.

AMARC Chile recordó que la eliminación de la pena corporal es un avance recomendado al Estado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

A su vez, la criminalización a las radios comunitarias vigente en Chile desde 1991 es una importante barrera para el ejercicio de la libertad de expresión en ese país.

En plena discusión del proyecto de ley que crea la Superintendenciade Telecomunicaciones, AMARC Chile busca la inclusión de todos los actores sociales