Nuevamente el Proyecto de Expansión Urbana del Plan Regulador Metropolitano de Santiago –PRMS100-, ha sido criticado por organizaciones sociales, por no contemplar aportes reales ni para la población, ni para su desarrollo territorial, dijeron.

Por lo mismo, decenas de entidades ciudadanas  junto al Colegio de Arquitectos, entregaron una solicitud al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), para revocar el proyecto de expansión urbana que había sido retirado de Contraloría luego de las críticas de diversos expertos, pero que ahora buscaría reintalarse nuevamente.

Julio Alegría, secretario del Colegio de Arquitectos de Chile, recalcó que el colegiado lleva más de dos años de presentaciones, que persiguen la conformación de un estudio serio en las reformas al territorio metropolitano.

Asimismo, el arquitecto aclaró que “es una medida inocua”, ya que el proyecto llevado a cabo por la SEREMI Metropolitana – que pretende extender el límite urbano en 10 mil hectáreas cambiando el tipo de suelo de “agrícola” a “habitacional” (apto para la construcción) – se fundamenta en la necesidad de espacio para viviendas sociales, sin embargo, según estudios del propio MINVU, la capital sí cuenta con ese número de hectáreas disponibles, en terrenos eriazos e industriales sin uso.

“Esto se está haciendo para tener una mejor posibilidad para la construcción de viviendas de tipo medio y social, independientemente de la calidad de vida que las personas vayan a tener. Ahora, en esta oportunidad en que se vuelve a presentar la modificación 100 con tanta insistencia parece que hubiera otras intenciones detrás. Nosotros estamos pidiendo retirar el estudio de la modificación 100. Esto merece un análisis global para el crecimiento, pero también para el desarrollo urbano que se suele confundir”, precisó el profesional.

En la misma línea, el académico y arquitecto de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Jonás Figueroa, señaló que “es necesario que el Plan Nacional de Expansión Urbana realice una coordinación acabada entre los distintos Planes Regionales del país”, ya que estas medidas paliativas implicarán más problemas que soluciones sociales.

En ese sentido, Figueroa indicó que “instalar a la población en lugares tan alejados, traerá consigo un “equipamiento urbanístico deficiente”, además de enfrentar el desarrollo agrícola metropolitano con el proyecto de desarrollo habitacional.

“El crecimiento físico es uno de los problemas, pero la sociedad tiene otros. Por ejemplo, el trasporte público, la calidad ambiental, el equipamiento comunal, las áreas verdes. Lo que va a hacer hoy este plan regulador metropolitano 100, es instalar población y vivienda lo más lejos posible, agravando los problemas que ya hoy son complejos. Necesitamos que sea un plan moderno que no solamente signifique un negocio para los dueños del suelo urbanizable, sino que también sea un aporte para los problemas que día a día vive la población”, dijo Figueroa.

Así es como las 63 organizaciones ciudadanas, representadas en esta ocasión por el movimiento social “Defendamos la Ciudad”, y apoyada  técnicamente por el Colegio de Arquitectos de Chile; exigieron la revocación inmediata del proyecto gubernamental.

Patricio Herman, coordinador de Defendamos la Ciudad, calificó el proyecto inconsulto por los santiaguinos como “parte de una estrategia económica encubierta”, enfatizando que el aporte contemplado para soluciones habitacionales no supera el 8 por ciento de las 10 mil hectáreas, dejando el resto al libre albedrío de la política de mercado que ha ejecutado ésta y las anteriores administraciones políticas.

Herman, indicó que la ampliación del límite urbano en Santiago responde al interés  económico del sector empresarial inmobiliario, con autoridades políticas, quienes serían los verdaderos beneficiarios con esta modificación del PRMS.

“Esta expansión urbana de 10 mil hectáreas agrícolas para transformarlas en negocios inmobiliarios con un insuficiente ocho por ciento para viviendas sociales es una iniciativa mercantil, el Gobierno no quiere someterlo a una nueva votación al interior del Core. La ciudadanía, la opinión pública no conoce los nombres de los beneficiados con los usos del suelo. O sea tenemos secretismo. La ley señala con bastante claridad que estas subdivisiones prediales se tienen que mantener siempre como agrícolas”, sentenció.

El proyecto gubernamental que reformula el límite inmobiliario y residencial, se encuentra a la espera de la discusión y pronunciamiento de Contraloría, respecto de las fallas jurídicas que el PRMS100 ha presentado desde su origen.

En ese sentido, Defendamos la Ciudad recalcó que la “instalación poblacional antojadiza”, más allá de propender a intereses particulares, se concreta como un verdadero riesgo social, entendiendo que la exclusión y aislamiento genera inequidad político-cultural producto del nulo roce social; que como ejemplificó Patricio Herman, está cosechando sus frutos y un ejemplo de aquello, es la manifestación que Quilicura ha hecho durante la última movilización.