El próximo sábado 29 de septiembre se desarrollará el “Encuentro Pro Inversión y Competitividad”, conferencia organizada por los ministerios de Economía, Medio Ambiente, Energía y Minería y que contará con la presencia de los titulares de Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas.

Al evento asistirán representantes de compañías mineras y de energía, además de gremios empresariales como la Confederación de la Producción y del Comercio, la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Minería y la Cámara Chilena de la Construcción.

Se abordarán, entre otros temas, el alto costo de la energía y la inseguridad de inversión que provocó para la gran minería el rechazo de la Termoeléctrica Castilla, por parte de la Corte Suprema. Asimismo, se abordará la incertidumbre de HidroAysén.

En este sentido, el economista Hernán Frigolett calificó el encuentro como “necesario”, en cuanto al diálogo relativo a innovación, pero con un enfoque bastante limitado, ya que “no hay ninguna mirada de largo plazo en la cual se haga una visión de carácter país, para proyectar el futuro a 15 o 10 años”. Será una “reunión miope”, según Frigolett, ya que “las debilidades están en las mismas formas en las cuales están asumiendo los impactos en el medioambiente”, señaló.

Patricio Rodrigo, vocero de Patagonia sin Represas, indicó que la resolución de Castilla y el estancamiento de HidroAysén son vistos como verdaderas amenazas a las futuras inversiones del sector minero.

Por ello, este rubro, sumado al energético, “pretende que el Gobierno le asegure un tránsito expedito a sus proyectos, sin que los Tribunales de Justicia interfieran”, afirmó el ambientalista.

El dirigente dijo mirar con mucho “recelo” esta cumbre empresarial, ya que, a su juicio, en él subyace un intento por diseñar un país a espaldas de la ciudadanía y de tratar de pasar por sobre el marco regulatorio vigente.

Patricio Rodrigo negó que la incertidumbre en las inversiones esté determinada por los Tribunales de Justicia, tal y como lo han afirmado algunos empresarios y autoridades de Gobierno. En cambio, “la incertidumbre la generan ellos mismos, cuando están haciendo malos proyectos que no están de acuerdo a los tiempos, que están pasando a llevar los derechos de los ciudadanos, los derechos de las comunidades, los derechos ambientales”.

Rodrigo advierte: “este país ya cambió. No pueden seguir haciendo más de lo mismo porque la ciudadanía está empoderada y se tiene que respetar el estado de derecho, por mucho que no les guste a los grandes empresarios”.

Con la intención de dar respuesta a la petición empresarial de duplicar la matriz energética para el año 2020, en esta cumbre se abordaría un proyecto de ley para facilitar la inversión y normas que acoten los plazos de tramitación de las iniciativas privadas.

Una política ambiental calificada como “incorrecta” por el diputado Patricio Vallespín, quien aseguró que los plazos no se ponen a gusto de los empresarios, sino en concordancia con el análisis y evaluación de los proyectos. “Si acá se piensa que los plazos están puestos solamente con el afán de obstaculizar es un error”, señaló, agregando que está dispuesto a revisarlos, pero “garantizando que se pueda resguardar el buen desempeño de las instituciones públicas para que los proyectos sean evaluados en profundidad y para que cuando se aprueben tengamos certeza de que no va a existir deterioro del medio ambiente”.

Una discusión relevante si se tiene en consideración el proyecto de carretera eléctrica impulsado por el Gobierno y las dificultades que han acompañado la tramitación de las iniciativas energéticas de Central Cóndores, Neltume, Punta Alcalde y Río Cuervos, entre otros.