Los últimos meses del año están marcados por grandes discusiones en el Congreso Nacional para definir el Presupuesto y los ingresos de los empleados públicos.  Sin embargo, antes de abordar de pleno el tema del reajuste, hay materias pendientes con los trabajadores.

El incentivo al retiro es una de las piedras de tope que complica las relaciones entre el actual gobierno y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ya que con el cambio de administración se rebajaron los beneficios, con lo que según el presidente de la multisindical, Raúl de la Puente, los administrativos estarían perdiendo tres millones de pesos, cinco millones los técnicos y cerca de 12 millones los profesionales del servicio público.

A pesar de que, por lo mismo, la ANEF inició una serie de conversaciones con la Dirección de Presupuestos (Digpres), para De la Puente, la propuesta del organismo continúa siendo insuficiente.

“Equivaldría a una suma total, una bolsa de sierte mil millones de pesos para favorecer a tres mil 700 funcionarios, lo que significa  mejorar la propuesta inicial de ellos en aproximadamente dos millones de pesos por trabajador. Pero estamos viendo si, efectivamente, son 3700 personas, nosotros creemos que son más. Igual esta cifra hace que profesionales tengan una pérdida ya no de 12 millones de pesos, pero sí de 10 millones”, explicó el dirigente sindical.

El presidente de la ANEF añadió que Sebastián Piñera les envió una carta prometiendo que serían respetados los derechos de todos los trabajadores públicos y que éstos serían promovidos conforme a sus méritos. Pese a ello, bajo el sello de esta gestión se han despedido a diez mil funcionarios, creando fuertes desconfianzas.

“El Gobierno comprometió, pero no cumplió y nosotros queremos que, al menos, se vea una proyección de solución en lo que resta de la administración, ya entra en su etapa final. Queremos que exista una respuesta frente a esto, a fin de que no contamine lo que va a venir a continuación que va a ser el reajuste del sector público, que queremos que sea el más positivo para los funcionarios, pero va estar contaminado, efectivamente, por estos temas”, agregó De la Puente.

En este sentido afirmó que “va a depender del gobierno llegar a buen puerto con esta discusión”. En cuanto al reajuste mismo, De la Puente afirmó que ya están coordinando reuniones con otros gremios, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con la que se reunirán a partir de la primera semana de octubre para acordar una postura común y enfrentar el debate.

También desde otras centrales manifestaron su total solidaridad a los trabajadores públicos, sin olvidar la inter relación que se produce, ya que el reajuste al sector público es una fuerte señal para la discusión del salario mínimo que se realizará a mediados del próximo año.

Así lo indicó Oscar Olivos, presidente de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), quien señaló que “cuando hablamos de solidaridad, en el sistema público y en el mundo privado, indudablemente, el salario es uno de los temas fundamentales. Así como afecta a los compañeros públicos, nos afecta nosotros en el área privada, por lo que creemos que los nuevos mecanismos de reajuste tienen que ser discutidos con las organizaciones sindicales”.

“Cualquier cosa que la ANEF necesite de parte del movimiento sindical, especialmente de la CAT, obviamente que va a contar con nuestro respaldo”, aseguró el representante.

Olivos añadió que para todos los gobiernos el tema de reajuste es complejo y siempre se generan resistencias, especialmente por parte de Hacienda, pero tiene que existir un equilibro macro-económico, una apertura, y afirmó que “Chile es un sistema bastante sólido, hay recursos y cuando el país crece y las grandes empresas, también es justo que se beneficien los trabajadores”