¿Cambia el país sin La Nación? La respuesta es sí, simbólicamente pierde un referente, un espacio de ideas e información de 95 años. Sin valoración sobre su contenido, sus páginas son historia, memoria del país y sus actores. Como ninguno, reflejó y refleja diversidad, una parte de la sociedad que los otros medios de comunicación no incluyen porque su carácter comercial, sus líneas editoriales, aunque completamente legítimas, responden a intereses particulares, los cuales pocas veces trasparentan a sus lectores.

Cuando un diario como La Nación no se rige por las leyes del mercado para su desarrollo, las letras importan más que los números. Sus espacios quedan disponibles para  noticias, es decir, la información que periodísticamente merece estar allí, sin importar de donde proviene, qué intereses representa, si es popular o no y si marcará rating. Si es noticia y es importante para la sociedad, se publica.

En sus 95 años La Nación, fundada en 1917 por el libertario Eliodoro Yáñez luego expropiada por Carlos Ibáñez del Campo y convertida en estatal en 1932, ha desarrollado distintos tipos de proyectos editoriales, con más o menos éxito e independencia. Fue cerrado durante la dictadura y reabierto con el nombre de La Patria, luego El Cronista, para retomar en la década de los 80, nuevamente su nombre original. En democracia, fue un importante referente en investigación sobre derechos humanos. Las presiones y manipulaciones no han sido ajenas en su historia.
¿La Nación manipuló información en algunos períodos intentando favorecer a ciertos sectores políticos?, la respuesta es sí. ¿Ha sido motor de cambio y descubridor de verdades ocultas por los poderes económicos y políticos en distintas épocas? , la respuesta es también sí. ¿Ha cometido errores?, sí. ¿Ha tenido aciertos?, sí. Pero lo que en sus casi 100 años, no se puede discutir ni empatar es que ha reflejado a una sociedad profunda, desprovisto de lógica comercial.

Algunas de las acusaciones que realizan políticos que fueron o se sintieron afectados por alguna de sus páginas y se regocijan por el cierre de un medio de comunicación, sólo refleja, la inconmensurable devoción que tienen por mirarse el ombligo.  Cuando lo condenan parece sólo importarles las páginas donde ellos y sus ideas aparecen. Los medios son o no pluralistas por la cobertura a sus candidatos, sus cuñas o las de su sector político. ¿Y el resto, no importa? ¿No es considerable que sólo este diario haya publicado las consecuencias de una nueva ley, una política pública, un proyecto de pyme, un artista emergente, un deporte amateur, los problemas de una comunidad, la importancia de regiones, sobre pobreza y no sólo de índices, de un niño en primera persona, un homosexual, una lesbiana, investigaciones a empresas, el sistema financiero, concentración económica, análisis e información de lo que sucede en el mundo, el único en abordar derechos laborales, huelgas y conflictos de trabajadores, sin importar que si con ellos un anunciante amenazaba o retiraba su publicidad, tenía bajo rating (lectoría), tenía conflicto de intereses, u otra razón se lo impidiera? ¿La inclusión de estas noticias no importa? ¿No importan los lectores a los que les interesan y buscan estas noticias activamente?

¿No es acaso el mismo ministro Pablo Longueira, que hoy se complace con su cierre porque fue perjudicado, quien hace unos meses acusó a La Tercera de afirmar “hechos y situaciones falsas y que sólo existen en el ámbito de las oscuras especulaciones” y cuyo director, Cristián Bofill respondió, descalificándolo? (La Tercera, Martes 29 de mayo de 2012, sección Cartas al Director). No imagino al ministro  queriendo cerrar ese periódico. Este hecho reflejó, ya no una tergiversación, una mala cuña, un desatino, sino simplemente una operación política que resulta escandalosa, pero que el pacto de silencio entre los medios impide poner en la discusión pública con la importancia que merece.

La idea no es empatar, sino graficar que el resto de los medios de comunicación no escapan a las presiones, sus portadas y artículos no están desprovistos de intenciones y no son exclusividad de La Nación. Quizá la mirada sea más severa, con justa razón, porque este medio es mayoritariamente (69%) de propiedad de todos los chilenos.

En Chile se usa el término de libertad de expresión y pluralismo como sinónimo de libertad de empresas. No son lo mimo y la realidad lo demuestra. Una  persona común y corriente o un grupo, incluso un empresario medio, no tiene los recursos para financiarlo. Al capital del equipamiento y recurso humano, debe sumar meses de rodaje y años de ajustes y posicionamiento comunicacional: que lo conozcan, que le crean, que valoren sus contenidos, que lo compren y avisen en él.

Hay concentración de medios. La prensa escrita con sus dos conglomerados: Copesa y El Mercurio que representan cerca del 100% de la propiedad. Las radios con una cadena como Iberoamericana Radio Chile (de propiedad del grupo español PRISA) posee 212 emisoras en el país. La televisión, aunque su propiedad es más diversa, pertenece a grupos económicos como los Luksic (Canal 13), familia Solari (Megavisión) o la trasnacional Turner Broadcasting System (Chilevisón).

¿Qué pasa si los intereses de la mayoría de la sociedad o de un grupo no coinciden con los intereses de quienes tienen medios de comunicación y determinan sus líneas editoriales, es decir, las noticias que incluyo o no en la pauta noticiosa, por definición finita y selectiva? ¿Dónde circulan esas ideas, dónde queda esa libertad de expresión, ese acceso a la información?

La hegemonía de la prensa es en la práctica una barrera de entrada. Sus economías de escala abarcan todo el sistema productivo y editorial de un diario. Tienen a muchos avisadores cautivos  entre sus distintas líneas de productos: diarios segmentados, con la mismas ideas en circulación, pero con distinto formato: El Mercurio, LUN o La Segunda. Controlan la impresión y la distribución.  Sólo un ejemplo, La cadena El Mercurio tiene a todos los medios regionales, los creados por ella y  los independientes que fueron comprados (Soychile.cl concentra todo el flujo de noticias regionales del país). Si no entro en la línea editorial de ese medio, legítima por cierto, ¿dónde leo opiniones distintas, de esas que sé que existen porque las veo en mi comunidad, en mis autoridades, en espacio de desarrollo y cómo logro que las opiniones e ideas de estos mismos grupos sean conocidas por el resto de la comunidad o del país? ¿En un blog, en redes sociales? Es una posibilidad, pero ellos no son medios de comunicación, no tienen responsabilidad respecto de sus contenidos, su tratamiento no es profesional (la sociedad valora la información como derecho y por eso esta labor es amparada en la Ley de Prensa). Las personas tienen derecho a que sus ideas sean difundidas en medios de comunicación masivos de manera que puedan aportar a la creación de opinión pública y de esta manera las autoridades políticas y administrativas se permeen de ellas. A su vez, tienen derecho a recibir información veraz y plural para formar su propia opinión sobre el devenir del país y su entorno para tomar decisiones. Es la base de un Estado democrático representativo como el nuestro.

Pero los medios de comunicación masivos y la prensa en particular, también pueden regular o afectar las fuentes de información, redes que una institución o repartición pública debe privilegiar a los medios grandes con sus información, datos o exclusivas para mantenerse vigente y que lo que les interesa difundir esté entre sus páginas. Muchas veces un periodista de un medio más chico como lo es La Nación, como es su deber, debe redoblar el trabajo de investigación para obtener la información que a otro medio llega, en muchas ocasiones, tras un llamado telefónico. La Nación ha sido acusada en momentos de “gobiernista”, pero nunca un ministro, diputado o senador, privilegió este medio con una exclusiva.

Los políticos de hoy saben que el mercado no regula todo, que no resulta en áreas en que los derechos de las personas están en juego. Las muestras están a la vista en el sistema educativo, de pensiones, entre otros. De la misma forma que es descartable el dirigismo estatal, lo que nuestra sociedad debe valorar, defender y proteger es la trasparencia e independencia de los emisores de la información.

En el panorama de medios de comunicación en Chile, se hace imprescindible seguir contando con un diario La Nación plural, diverso, con sentido público. Estos atributos lo hacen detentar hoy un importante flujo de lectores en internet y el gran respaldo y apoyo demostrado por la ciudadanía y las redes sociales, creemos, se debe a la valoración de estos atributos. Por lo tanto, es necesario garantizar su continuidad con independencia en el tratamiento y la información y no dejarlo a merced de las ideas de los gobiernos de turno porque se debe a los ciudadanos y para eso las fuerzas políticas y sociales deben dotarlo de un estatuto, que de manera transparente garantice los principios y administración que lo debe regir. Aún es tiempo.