Después de la polémica que ha generado la libertad que otorgó el 13 Juzgado de Garantía de Santiago a Pablo Ávila Méndez, autor confeso de la muerte del barrista de Colo Colo, Claudio Licanqueo, el Presidente Sebastián Piñera, anunció una nueva reforma al sistema procesal penal con el objetivo de hacer que lucha contra la delincuencia sea “más eficaz”.

El mandatario hizo alusión directa al caso, remarcando que en el combate contra la delincuencia y el narcotráfico toda la sociedad y las instituciones son partícipes, por lo que “si un eslabón de la cadena falla, toda la cadena se debilita”.

Por lo mismo, Piñera aseguró que “como Presidente de todos los chilenos tengo la obligación de que, cuando veamos que algunos eslabones de la cadena no cumplen adecuadamente su labor en la lucha contra la delincuencia, debemos tomar todas las medidas que están a nuestro alcance, y por eso anuncio esta reforma a la reforma procesal penal”.

Pese a las afirmaciones del Presidente, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, explicó que ya hace un tiempo que se evalúa modificar la reforma procesal penal, sosteniendo que “no quiero asociar, bajo circunstancia alguna, esta iniciativa que tiene ya unos meses de funcionamiento y que se refiere a cambios más sustanciales y no coyunturales, al hecho que se pueda compartir la decisión de una juez, decisión que todavía puede ser vista, revisada e, incluso, modificada por el Tribunal de Alzada”.

Sin embargo, Ribera también apuntó a que esta reforma, donde se le encargó a la secretaría de Estado “realizar un estudio sobre el funcionamiento en la Reforma de Procesal Penal, en todos sus aspectos, tanto administrativos como legales”,  se centraría en “resguardar mejor los derechos de las víctimas, avanzar en el procedimiento y evitar la impunidad”.

Finalmente, el ministro aseguró que en Chile “existe una sensación relevante que puede verse como que una parte del sistema no garantiza la seguridad de los chilenos”.

Aunque la experta en seguridad y violencia ciudadana, Lucía Dammert, reconoce que en el país existen “espacios donde hay niveles de impunidad importantes, donde se requiere mucho más efectividad judicial y policial”, no es el caso de los homicidios, en particular lo ocurrido con los barristas de Colo Colo.

“Si estamos hablando de ‘puerta giratoria para homicidios es un error, porque no existe, la gran mayoría de los casos se resuelven y la gente va presa. Si uno empieza a generalizar se magnifican las confusiones”, indicó la socióloga.

En este sentido, si bien Lucía Dammert valoró el hecho de que se haga una revisión de políticas públicas como la reforma procesal penal, “legislar bajo el parámetro del escándalo es poco preciso, se está partiendo de un caso individual, atípico y se generaliza como si eso estuviera siendo parte de una agenda de garantismo en el país que no nos queda claro que así sea”.

Por ello, la experta recalcó que esta decisión debe estar basada en información, estadísticas y también en “dejar de lado los eslogans y avanzar en políticas de seguridad pública”.

El anuncio también se da en un contexto de evidentes desavenencias entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, las que han estado marcadas por las desestimaciones de la justicia a casos sindicados como terroristas, así como fallos históricos como el que paralizó la construcción de la central termoeléctrica de Castilla.

De hecho, uno de los adelantos que hizo el ministro Ribera sobre las modificaciones con que contaría la nueva reforma al sistema penal es sobre la apelación de pruebas durante los juicios orales, que sirvió justamente en el Caso Bombas o del sociólogo Hans Niemeyer para descartar el calificativo de delito terrorista. Según el titular de Justicia, se asignarían mayores recursos para que un tribunal de alzada también pueda revisar las pruebas, con el propósito de “garantizar mayor seguridad jurídica”.

Pese a que no existe un plazo estimado ni más detalles de cómo avanzarán las modificaciones, el perfeccionamiento recaería sobre la reforma procesal penal que entró en vigencia hace diez años durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz- Tagle, denominado como “el mayor cambio estructural de la justicia penal en Chile”, y que implementó  un sistema acusatorio y oral en reemplazo del antiguo sistema inquisitivo y escrito que operaba desde principios del siglo XX.